La oposición va por los sueldos del sector público

La iniciativa fue presentada por un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Alejandro Cacace (Evolución Radical).

En los hechos, el proyecto de ley propone equidad salarial en el sector público. El mismo establece que ningún funcionario en los tres poderes perciba una remuneración superior a la del Presidente, ni reciba mayor actualización de su salario que la recibe un jubilado.

Entre la veintena de diputados nacionales que firmaron dicho proyecto, se encuentran Silvia Lospennato, Luciano Laspina, Lisandro Nieri, Graciela Ocaña, Dina Rezinovsky, Gabriela Lena, Manuel Aguirre, Gerardo Milman, Sofía Brambilla, Gerardo Cipolini, Laura Rodríguez Machado, Ana Clara Romero, Victoria Morales Gorleri y Alberto Asseff, que proponen en el artículo 1 de la iniciativa, que ningún empleado público perciba un salario irracional comparado con el resto.

“Estableces que las remuneraciones del presidente de la Nación, vicepresidente, ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Poder Ejecutivo, funcionarios y cargos jerárquicos de todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en los incisos a, b, c y d del artículo 8 de la Ley 24.156, incluyendo al Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados, serán actualizados aplicando la movilidad previsional conforme a lo previsto por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, no pudiendo percibir una remuneración mensual superior a la que le corresponde al presidente de la Nación”, cita el texto.

Pero además, el proyecto de la oposición también hace referencia a diputados, senadores, Defensor del Pueblo de la Nación, presidente de la Auditoria General, auditores generales y autoridades superiores de ambas cámaras del Congreso, de la Defensoría del Pueblo y Auditoría General.

Por su parte, en su artículo 3 , el proyecto hace hincapié en los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Procurador General, Defensor General de la Nación, consejeros de la Magistratura, miembros del jurado de Enjuiciamiento de la Nación, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento.

Y en ese sentido, detallan: “En virtud de lo normado por los artículos 110 y 120 de la Constitución Nacional, dispónese que los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales inferiores, y los funcionarios del Ministerio Público de la Nación no podrán aumentar, por cualquier carácter, sus remuneraciones mensuales hasta alcanzar el tope salarial establecido en el artículo 1º”.

Para fundamentar la iniciativa, la oposición señala que “el sector del cual formamos parte no debe ser ajeno a la austeridad y solidaridad que reclamamos de otros argentinos, sino que debemos ser quienes pongamos el ejemplo”, y a su vez, apelaron al principio de igualdad, consagrado en el Art. 16 de la Constitución Nacional la cual “debe ser operativizado para todos los sectores de la sociedad, haciendo que los sacrificios y esfuerzos que se piden de los argentinos sea compartido y soportado por todos los sectores”.

En ese sentido, reflexionaron: “Debe destacarse la fuerte desigualdad que hay entre los altos funcionarios de los tres poderes del Estado y el resto de los argentinos. Hoy en día, por ejemplo, un Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cobra un sueldo básico de $963,581.34[1], sin contar adicionales como la antigüedad. Esto los pone más de 21 veces arriba de un Salario Mínimo, que es actualmente de $45.540. La brecha salarial entre estos y la población es enorme”.

“La equidad y la igualdad deben ser principios rectores para el Estado, que solo podrá fortalecerse en la medida que se proponga terminar con las injusticias y reducir la inequidad. La política, la función pública, no da privilegios”, añade la oposición en su proyecto de ley.

“No hay razón para que funcionarios de todos los poderes del Estado sean mejor remunerados respecto de los demás argentinos. Tampoco hay lógica en querer salvaguardar estas prerrogativas ante la crítica situación económica explicada por el gobierno como la causa del esfuerzo solidario que se le pide a la población. Si se pide a nuestros ciudadanos ajustarse, nosotros, como integrantes del sector público, debemos ajustarnos también”, finalizaron.