JUSTICIA

'VIALIDAD'

Sin CFK, su abogado pidió la nulidad del juicio: Los 5 planteos

Cristina Fernández de Kirchner no estuvo presente este lunes (01/07) en el inicio de la segunda etapa del juicio en la causa Vialidad porque tenía actividad parlamentaria. Pero su abogado, Carlos Beraldi, realizó cinco planteos para pedir la nulidad del juicio. Cuáles son.

Este lunes (01/07) se reanudó el juicio oral por la causa 'Vialidad', en la que es juzgada Cristina Fernández de Kirchner, entre otros.

El Tribunal Oral Federal 2 inició esta mañana la segunda etapa del juicio sin la presencia de la mayoría de los 13 imputados que fueron autorizados no asistir. Es por eso que no estuvieron presentes Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez.

Cristina había pedido autorización para no asistir porque tenía una actividad parlamentaria. Y mañana viajará a Cuba hasta el 10 de julio para visitar a su hija Florencia, que se encuentra en ese país bajo tratamiento médico.

Esta segunda etapa -tras la lectura de la acusación que llevó un mes desde el inicio- las partes pueden hacer planteos previos antes de que comiencen las indagatorias y la declaración de los testigos. En este contexto, la defensa de la ex presidenta hizo cinco planteos y sostuvo que a la ex mandataria "se le vulneran los derechos de manera grosera".

Carlos Beraldi, abogado de la ex mandataria, hizo cinco planteos en el comienzo de la segunda etapa del juicio. En sus objeciones, citó al senador y candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, y solicitó al tribunal que éste no sea un juicio político.

"Nosotros estamos para hacer un juicio jurídico. Si quieren hacer un juicio político para eso está la ciudadanía que gracias a dios en unos meses va a votar", sostuvo Beraldi.

El primero de los planteos, según publica Infobae, fue que la ex mandataria está acusada del delito de asociación ilícita en al menos nueve causas y otras cinco que derivan de esos expedientes. "A Cristina Kirchner se la persigue de manera reiterada y absurdamente", sostuvo.

El abogado explicó que se trata, según las acusaciones, de una misma asociación ilícita y que por lo tanto no puede juzgarse cada una por separado. "No puede avanzar este juicio cando hay causas dispersas donde se investiga la misma asociación ilícita", explicó. En esa línea, otra objeción fue que hay otros 10 acusados elevados a juicio pero que no están dentro del proceso, lo que entendió Beraldi como una vulneración a todos los acusados.

Otro de los planteos fue que el juicio se inició cuando hay cuestiones pendientes de resolución, lo que prohíbe el Código Procesal Penal de la Nación. Una de ellas es la instrucción suplementaria y puntualmente la crítica a un peritaje sobre cinco de las 51 obras que se juzgan en el caso. Las defensas piden que no se periten solo cinco, sino todas. Y eso está pendiente en la Corte Suprema para que se resuelva.

El cuarto planteo fue que también está pendiente la resolución de si la demanda civil que el gobierno de Macri inició para que los acusados paguen una indemnización por los hechos se debe juzgar en este juicio o en otro tribunal. Ese planteo también está en la Corte Suprema.

La última objeción fue la prueba: pidió que se elimine de la imputación que Cristina Kirchner designó a funcionarios como parte de la maniobra para conformar la asociación ilícita y que dictó resoluciones administrativas para reasignar fondos para las obras públicas. "La designación de funcionarios es un acto legítimo que fija la Constitución Nacional", dijo Beraldi y lanzó: "Lo que voy a decir no es una chicana pero ustedes señores jueces fueron nombrados por la Dra. Kirchner y la designación de un funcionario no es un delito".

Lo mismo con la asignación de los fondos para las obras públicas que fueron aprobados en los presupuestos de la Nación por el Congreso. Y allí la defensa citó a Pichetto -jefe de bancada del PJ en el Senado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner- al recordar que en 2009 el senador señaló que el gobierno iba a continuar con la obra pública y que nunca se habían asignado partidas de manera irregular.

En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Según la acusación fueron contratos amañados a favor de Báez cuando en muchas obras no tenía ni los antecedentes ni la capacidad operativa para hacerlas. De las 51 obras solo dos se terminaron en el plazo previsto y de las restantes 49, 25 no fueron finalizadas y las que culminaron fue con ampliaciones de plazos y costos.

Los delitos que se investigan son los de asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública.

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