Donda fue sobreseída: Para Casanello no hubo delito

En diciembre del año pasado, el abogado de Aminda Banda Oxa había acusado a la funcionaria pública de incurrir en el delito de defraudación contra la Administración Pública, luego de que su defendida recibiera un ofrecimiento de un cargo en el Inadi o un plan social por parte de Donda, como parte de un supuesto soborno.

De acuerdo a la versión del letrado, la propuesta, cuyos audios se viralizaron en redes sociales y generaron una fuerte polémica, surgió luego de que la trabajadora intimara a su empleadora a saldar aportes adeudados y regularizar otros aspectos del vínculo contractual que las unía.

Pero en una resolución firmada este jueves, Casanello determinó que no hubo delito. El magistrado investigó si en algún momento se había comenzado a ejecutar algún tipo de acto administrativo para un supuesto nombramiento de Banda Oxa en el Inadi, pero no encontró ningún indicio del ofrecimiento ni actos preparatorios para una eventual contratación. Tampoco se hallaron pruebas de algún trámite en marcha para otorgar un plan social o un subsidio similar.

Casanello también consultó a la Procuración de Investigaciones Administrativas, que tiene la facultad de realizar investigaciones por faltas disciplinarias de funcionarios públicos, si había iniciado alguna actuación contra Donda y recibió una respuesta negativa, según publica el portal Infobae.

Cabe destacar que los delitos contra la administración pública reprimen a funcionarios que hubieran realizado algún tipo de acto bajo una motivación que se encuentra ajena a la tarea que realizan. Para probar dicha motivación, es necesario que exista un acto administrativo. Y en este caso puntual, ese elemento necesario para avanzar con una imputación no se halló.

El juez ya había adoptado una posición similar en marzo, cuando rechazó un planteo del fiscal Guillermo Marijuán para citar a Donda a declaración indagatoria. En aquel entonces, el magistrado ya había establecido que el tipo penal atribuido necesariamente exige que haya un funcionario público que dicte resoluciones contrarias a la legislación vigente.

“De acuerdo al relevamiento practicado por la Fiscalía, existieron conversaciones privadas en el marco de las cuales Donda Pérez habría formulado un ofrecimiento impropio. Sin embargo, no hay elementos que indiquen que tras esos diálogos haya existido una resolución o a una orden emanada por la titular del INADI que disponga hacer efectivo tal ofrecimiento -ya sea mediante una contratación o el otorgamiento de un plan social”, argumentó.