El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de la titular del INADI Victoria Donda, quien está imputada por los delitos de “defraudación contra la administración pública y malversación de caudales públicos” a raíz de una denuncia de su empleada doméstica.
DEFRAUDACIÓN Y MALVERSACIÓN
Marijuan pidió la indagatoria de Donda por la denuncia de su empleada doméstica
La denuncia fue presentada en diciembre pasado por Arminda Banda Oxa, la empleada doméstica de Victoria Donda, quien asegura que la funcionaria le ofreció, a modo de soborno, un puesto en el INADI o un plan social, además de tenerla "en negro" durante varios años.
El 29 de diciembre pasado, Fernando Zarabozo, abogado de Arminda Banda Oxa -la empleada en cuestión- presentó la denuncia acusando a la funcionaria de sobornarla ofreciéndole un cargo en la institución que preside. También le reclama por no haberla registrado durante la totalidad de la relación laboral (en la denuncia se sostiene que registró a la empleada recién en 2016 a pesar de que la relación laboral comenzó en 2007). La mujer de nacionalidad boliviana tiene 62 años y hacía 14 que trabajaba como empleada doméstica con la familia de Donda.
Por sorteo el caso recayó en el Juzgado Federal 12, ahora a cargo de Sebastián Casanello.
En el dictamen de hoy, el fiscal Marijuan promovió el llamado a indagatoria de Donda. “Resulta inequívoco el beneficio que la imputada pretendía obtener al ofrecer gestionar a la Sra. Banda Oxa un contrato en el INADI, organismo que se encontraba a su cargo, o un plan social, y esto es, tal como se viene sosteniendo, la posibilidad cierta y concreta de dar por finalizada toda pretensión de reclamo laboral por la deuda existente en cabeza de la imputada”, sostuvo el fiscal.
Y en ese contexto, afirmó: “Al momento de valorar el accionar reprochado a Donda no se encuentra en discusión si, de haberse concretado, la señora Banda Oxa reunía las condiciones necesarias para ser beneficiaria de un plan social y/o para desempeñarse en un cargo en el INADI. Lo que aquí se cuestiona es el hecho de que ello no respondiera a satisfacer el interés de la administración pública sino aquel particular de la imputada. La motivación de la actividad de Donda fue valerse de recursos públicos para evitar afrontar una deuda personal”.
“La señora Banda Oxa testificó en forma detallada las alternativas por las que transcurrió, a lo largo de los años, el vínculo laboral con Donda, caracterizado por la informalidad y la falta de cumplimiento del régimen laboral vigente por parte de la imputada, y que culminara con reducciones de sueldos y retrasos en sus pagos durante los meses que rigió el ASPO dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo de la pandemia por el coronavirus Covid-19. En este contexto, la contratación de la señora Arminda Banda Oxa en el INADI no encuentra justificación alguna en los fines y objetivos de la función pública sino que aparece como el recurso utilizado por la imputada para neutralizar las acciones que, con motivo de aquella contingencia, pudieran iniciarse en su contra”, se resaltó.
Y añadió: “Resulta incuestionable, a la luz de la prueba reunida, la existencia de una contingencia de índole laboral que era conocida por la imputada Donda, con independencia de la formalización –sea judicial o extrajudicial- de reclamo alguno. Ello así, en función de las irregularidades que detentaba la relación laboral que la vinculaba con Arminda Banda Oxa y el estado de quiebre de ese vínculo producto de los reclamos de ésta a los incumplimientos legales y laborales de su empleadora”.
El fiscal destacó que “más allá de que la ley se repute conocida por todos, la condición de abogada de la imputada, y la posición jerárquica que desempeña en la función pública desde su actual rol como Interventora del INADI y anteriormente como Ministerio Público de la Nación Diputada Nacional, permiten afirmar el conocimiento alegado con mayor énfasis y certeza”.
Entre otros puntos, Marijuan remarcó que Donda está al frente del INADI, “organismo que vela por el respeto de los derechos y garantías de todas las personas que habitan la Argentina, le exigía un comportamiento privado coherente con los preceptos que predica desde su rol funcional”. Y, remarcó: “La conducta que se le reprocha en esta causa, lejos está de velar por el bienestar y derechos de su empleada que resulta una mujer vulnerable, en una situación económica apremiante y ante un escenario particular frente a la pandemia”.
“No puede dejar de hacerse mención al concepto de ‘corrupción’. En este sentido, en nuestro idioma, la palabra ‘corrupción’ o ‘corruptela’ se define como toda mala conducta o abuso, especialmente los contrarios a la ley. Habrá de cobrar especial relevancia las disposiciones de la ‘Convención Interamericana contra la Corrupción’ toda vez que la misma contiene normas que resultan esenciales al momento de interpretar los diversos actos de corrupción, entre ellos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, añadió.
Cuando se conoció la denuncia, la funcionario, a través de su cuenta oficial en Twitter, hizo un descargo en el que aseguró que los aportes laborales y los pagos salariales de la empleada fueron hechos “en tiempo y forma”. También admitió el ofrecimiento que le hizo a Arminda, pero aseguró que fue ella quien quiso renunciar a su trabajo como empleada doméstica.
La titular del INADI había dicho que: “Hace algunos meses, esa persona me manifestó su interés en renunciar a la relación que manteníamos, por razones personales. Fue ante dicha situación que le recomendé la posibilidad de acceder a alguna prestación social que le permitiera tener un ingreso a la vez que le realizara alguna contraprestación en su barrio”.
De acuerdo al dictamen de la fiscalía, “Oxa había sido empleada de la ex Diputada desde el 1° de marzo de 2007, cumpliendo tareas domésticas en el domicilio de aquélla". "Que, una vez iniciada la cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo como consecuencia de la pandemia del Covid-19, Donda pretendió desvincular su relación laboral, intentando que aquella renunciara por su propia voluntad y de manera unilateral, ofreciéndole en dicha oportunidad, en caso de acceder a ello, a la percepción de un subsidio o de un cargo en el INADI, siendo que tales circunstancias la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado”.
Cabe recordar que apenas se conoció el escándalo, Alberto Fernández salió a respaldar a su funcionaria: “ En el caso de Victoria, no tengo dudas de que fue de alguien de que quiso hacerle daño. Quien conoce a Victoria sabe que no está en su naturaleza sacarle ventaja a los puestos del Estado”, aseguró el Presidente, quien días después le renovó el cargo: extendió la intervención en el Inadi al frente de Donda por 180 días.
En la denuncia se transcribieron algunos audios que Donda le envió a Banda Oxa para demostrar el ofrecimiento de un cargo en el INADI o de un plan social. La conclusión del denunciante es que “dichos mensajes no hacen más que demostrar que la denunciada utilizaría sus influencias y los recursos públicos que administra en el ejercicio de su función pública para resolver cuestiones particulares de su esfera privada, y así incumplir con sus cargas como empleadora doméstica y minimizar los impactos económicos que le generaría un reclamo laboral de una persona que no fue debidamente registrada”.













