Santa Fe. El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, será imputado este jueves (21/11) por favorecer a un empresario y por irregularidades en una investigación del narcotraficante Esteban Alvarado. Los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Procelac y la Procunar explicarán por qué el magistrado incumplió los deberes de funcionario público y prevaricato.
VÍNCULOS CON EL NARCOTRÁFICO
Imputarán al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque por tres causas
Marcelo Bailaque será imputado este jueves por el MPA, la Procelac y la Procunar por incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato.
20 de noviembre de 2024 - 19:25
El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque será imputado por tres causas.
Por un lado, Bailaque será imputado por el fiscal del MPA, Federico Reynares Solari, en una causa derivada de la intervención de la cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín (conducida por el sindicalista Herme Juárez, detenido en 2019), realizada por el juez federal de Campana Adrián González Charvay.
El juez Charvay ejecutó un bloqueo de los fondos de la cooperativa por $1000 millones, pero por un conflicto de competencia la causa cayó en el juzgado de Bailaque. El juez federal de Rosario ordenó mover la plata a una mutual que es del empresario Fernando Whpei en lugar de depositarla en el Banco Nación o Macro, porque daba más intereses.
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Luego, un grupo de estibadores recusó la medida de Bailaque porque era irregular debido a que la mutual no se encuentra regulada por el Banco Central. Además, los denunciantes sabían que Whpei tenía una amistad con el juez. Finalmente, la plata fue girada a un plazo fijo del Banco Nación, luego de que lo ordenaran los jueces de la Cámara de Apelaciones, Aníbal Pineda y Fernando Barbará.
La segunda causa por la que se investiga a Bailaque es por su relación de amistad con Gabriel MIzzau, quien además de su contador fue quien firmó los balances de las empresas de Esteban Lindos Alvarado. El narcotraficante usaba estas empresas para lavar el dinero de sus negocios ilegales y finalmente fue condenado por estos delitos. Además, el juez ingresó a su juzgado al hijo Mizzau sin concurso.
Por otro lado, el magistrado tiene un proceso en el Consejo de la Magistratura donde se evalúa su accionar en la causa donde Alvarado terminó condenado a perpetua, después de que los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pidieran que se analice si hubo irregularidades del juez para favorecer al narcotraficante.
Durante el juicio provincial de 2022, donde Alvarado fue condenado a perpetua, los fiscales mostraron exhibieron informaciones que estaban desde 2013 en el expediente federal contra el narco y que Bailaque no movió. Incluso, el ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Rosario, Emilio Maximiliano Lencina, declaró en ese juicio que Bailaque rechazó intervenciones telefónicas y allanamientos pese a todos los indicios que tenían contra el narcotraficante.
La otra investigación contra Bailaque es por la que se hicieron los allanamientos la semana pasada, donde se le incautó el teléfono al magistrado y a su secretario Gustavo Guazzaroni. Es un legajo en el que trabaja el fiscal de la Procelac, Juan Argibay Molina, en el que también están involucrados trabajadores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Esta investigación de la Procelac comenzó con una serie de presentaciones judiciales elevadas por Claudio Iglesias, quien estaba por asumir como presidente de la aseguradora San Cristobal, pero se vio afectado por allanamientos que se hicieron en 2019 tras una denuncia anónima que lo vinculaba con la evasión tributaria y lavado de activos en sociedad con el agente de bolsa Jorge Oneto.
En la denuncia contra Iglesias, Bailaque no delegó la instrucción, sino que ordenó los procedimientos y pocos meses después le dictó falta de mérito al denunciado. Sin embargo, el denunciado no pudo asumir como presidente de San Cristóbal por los procesos.
Además, esta causa para afectar a Iglesias con el fin de beneficiar a otras personas habrían contado con información girada desde ARCA. Por ese motivo, Carlos Andrés Vaudagna, dirección Regional Santa Fe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero; Fernando Duncan Amante, Luciano Martín Giunta y Pablo Andrés Allegri, de la dirección Regional Rosario de la ARCA; Román Scattolon de la dirección General Aduanera Hidrovía de la ARCA; y el abogado Omar Rizzo también son investigados.
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