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LAGO ESCONDIDO

Guiño a CFK: Alberto denunció a jueces y a Rendo (Clarín)

El Gobierno anunció que "por instrucción" de Alberto Fernández se presentó una denuncia penal contra jueces, empresarios y Jorge Rendo, el CEO del Grupo Clarín.

Según informó a través de un comunicado emitido este miércoles (7/12) la Presidencia de la Nación, "por instrucción del presidente Alberto Fernández, el Ministro de Justicia Martín Soria presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue el vuelo a Lago Escondido" y a los participantes del mismo, entre ellos a jueces y a Jorge Rendo, CEO de Clarín.

La lista de denunciados

Según la denuncia difundida por el Gobierno, se aclara que "en el escrito presentado por el Ministerio de Justicia de la Nación, sin perjuicio de que en el devenir de la investigación resulten implicadas más personas, se denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas, en los términos de los artículos 248 y 259 del Código Penal, a":

Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10.

Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2.

Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9.

Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Marcelo D’alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

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El ministro de Justicia, Martín Soria, avanzó con la denuncia contra los participantes del vuelo a Lago Escondido, entre ellos un ministro de Horacio Rodríguez Larreta y el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo.

El ministro de Justicia, Martín Soria, avanzó con la denuncia contra los participantes del vuelo a Lago Escondido, entre ellos un ministro de Horacio Rodríguez Larreta y el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo.

Denunciados por dádivas

En tanto, se sindica por ofrecimiento de dádivas en los términos del art. 259 del Código Penal a:

Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín.

Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis.

Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos, de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.

"Los hechos a ser investigados tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido", recordaron desde Presidencia.

Fundamentos y el relato presidencial

Según el relato que hizo Presidencia, "una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habría sumado el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas", dijo Presidencia en un comunicado, que continúa así:

De acuerdo a la secuencia que realizó el Gobierno tomando como fuente de información "lo que tomó estado público", una vez concluido el vuelo, "la comitiva completa se dirigió en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido".

También la denuncia indica que “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ”.

Al mismo tiempo evidencia que “la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.

Pedidos de pruebas

Entre las múltiples medidas de prueba solicitadas en la denuncia del Gobierno Nacional, se requiere la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos.

El cuerpo de la denuncia argumenta que el escrito “responde al objetivo constitucional de preservar la independencia del Poder Judicial” y, en cuanto a ello, agrega que “se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse. Es justamente la falta de reacción por parte del órgano disciplinario –en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante hechos similares que reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política”.

Asimismo, el escrito presentado por el Ministro Martín Soria contiene un pedido de tener al Estado Nacional por parte querellante:gran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del poder judicial de la nación. En ese entendimiento, y sin perjuicio que el artículo 4° de la ley n° 17.516 faculta al “estado” en su conjunto asumir el rol de querellante, es el artículo 22 de la ley de ministerios (ley n° 22.520, t.o. 1992 y modificatorias) el que pone en cabeza del ministerio de justicia y derechos humanos, como órgano del poder ejecutivo, la facultad de actuar en todos aquellos asuntos relacionados con el poder judicial y con el ministerio público”.

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