Golpe judicial para Cristina Kirchner: La Corte Suprema dejó firme el decomiso de $685.000 millones

Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte declaró inadmisibles los planteos de las defensas, que buscaban frenar la actualización del perjuicio económico determinado por la Justicia. La decisión también alcanza al empresario Lázaro Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y a los demás condenados en el expediente.

La Corte Suprema decidió

El fallo no modifica las condenas penales ya confirmadas, sino que despeja uno de los últimos obstáculos para avanzar sobre el recupero del dinero que, según establecieron los tribunales, fue defraudado al Estado a través del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

La causa investigó 51 licitaciones adjudicadas entre 2003 y 2015, período en el que las empresas de Lázaro Báez concentraron el 86% de las obras viales financiadas por el Estado nacional en esa provincia.

Durante el juicio, la Justicia concluyó que existió un esquema irregular de contratación pública que incluyó sobreprecios, procesos licitatorios simulados y mecanismos de pago que favorecieron especialmente al Grupo Austral.

Cómo se llegó a la cifra de $685.000 millones que Cristina Kirchner y otros deberán regresar

Cuando comenzó el juicio oral, el perjuicio económico estimado rondaba los $46.000 millones. Sin embargo, en diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 fijó el monto del fraude en más de $84.835 millones.

Posteriormente, el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema actualizó ese valor para reflejar su equivalencia económica al momento de ejecutar la condena. El resultado fue un decomiso de $684.990.350.139,86, cifra que ahora quedó definitivamente firme tras la decisión del máximo tribunal.

Los jueces del Tribunal Oral habían señalado que parte del beneficio obtenido por los condenados resultaba imposible de cuantificar con exactitud debido a las ventajas financieras derivadas del esquema investigado. Aun así, consideraron acreditado que el Estado sufrió un perjuicio patrimonial de enorme magnitud y ordenaron el decomiso correspondiente.

La Justicia avanza sobre el recupero de los fondos

Con el rechazo de los recursos extraordinarios, la Corte eliminó una de las últimas instancias que cuestionaban el cálculo del decomiso. De esta manera, la Justicia podrá continuar con el proceso destinado a ejecutar los bienes de los condenados para intentar recuperar parte del dinero determinado en la sentencia.

La resolución representa un nuevo capítulo en una de las causas de corrupción más relevantes de la política argentina y consolida la etapa de ejecución patrimonial de una condena que ya había quedado firme en el plano penal.

A partir de ahora, el foco estará puesto en los mecanismos que deberá implementar la Justicia para hacer efectivo el recupero de los casi $685.000 millones establecidos como resultado del perjuicio ocasionado al Estado.

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