El entendimiento que buscan el FMI y el gobierno lo primero que aumentará es la carga horaria de los gurúes de impuestos, ya que al ajuste fiscal que se está negociando tanto a nivel técnico en Washington como político interno en el país, le estaría faltando una pata: la del contribuyente.
PATO DE LA BODA
El FMI concede hacer ajuste con impuesto al déficit fiscal
FMI abre sus puertas a una misión técnica enviada por Guzmán que tiene prohibido hablar de ajuste, pero sí de subir impuestos, tarifas y mantener inflación.
01 de diciembre de 2021 - 20:04
Rosen (en la pantalla), Guzmán y el representante argentino en el FMI, Sergio Chodos.
El proyecto de ley de Presupuesto 2022 habla de un desequilibrio de 3,3%, muy por encima del que tolera el staff del Fondo, del 2,5%. Pero también se debe a los bancos intereses por Leliq y pases por otros 3 puntos del PBI
La discusión parece una minucia si se contextualiza con el déficit fiscal acumulado en los 13 años que median entre enero de 2008 y julio 2021: la friolera de 280.200 millones de dólares billete con signo de dólar constantes de julio 2021.
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El año cierra -3,4% negativo total de 3,4% del PB, según las estimaciones del ex titular del Banco Central Guido Sandleris.
No obedeció a un esfuerzo de austeridad, ya que en el último trimestre el déficit primario alcanzó el récord de 28 años a esta parte, con 2,1 puntos del producto.
Mucho tuvo que ver en este comportamiento una recaudación eventual por el Aporte Solidario ($ 230.000 millones, 0,5% del PBI), además de los mayores ingresos por retenciones que significó la mejora de los precios internacionales (aproximadamente $ 200.000 millones, 0,4% del PBI).
También pesaron otras entradas circunstanciales como el aporte de las grandes fortunas y el movimiento con los Derechos Especiales de Giro (DEG).
La delegación que parte el sábado a Washington no lleva instrucciones de hablar de la posibilidad de bajar el gasto público, que es al que se suele asociar a la mala palabra "ajuste", pese a que entre el 2020 y el 2021 subió nada menos que un 53%.
De eso se habla únicamente *El plan plurianual se cocina en el hermetismo de una habitación, entre cuatro funcionarios (Guzmán, Sergio Chodos, el viceministro Fernando Morra y Roberto Arias) en consulta con Olivos*
Pese a que la presión tributaria efectiva subió cerca de 12 puntos en los últimos 20 años y está entre las más altas del mundo, las fuerzas políticas que ejercen el control parlamentario creen que todavía hay más tela para cortar.
Son 170 impuestos y 69 mil regulaciones, los que hay actualmente, y cualquier modificación podría generar una catarata de distorsiones.
Ya hay suficientes con las que denuncian los estudios contables, como las gabelas a los sellos, cheques, ingresos brutos, tasas de seguridad e higiene (municipios), que suman nada menos que casi 8% del PBI.
Asimismo se denuncia que una Pyme paga unos 22 impuestos al mes, y que nuestro país lidera el ranking porcentaje de pago de su ganancia neta: 106%
Inclusive, para justificar una ordenaza que busca simplificar tasas, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, tiró el dato de que la presión tributaria nacional se encuentra en el 30% cuando países comparables de la región andan por el 15/20%.
Demasiado apriete a la olla fiscal provoca filtraciones. De ahí que Argentina se encuentre entre los tres países con el nivel más alto de evasión de la “renta empresarial”.
Los institutos cordobeses como IARAF e IERAL habían inventariado el año pasado 165 impuestos y tasas entre Nación, Provincias y Municipios, de los cuales 11 explican el 90% de la recaudación e inclusive, que si no fuera por la evasión, la presión tributaria argentina ya supera la de países europeos de alta fiscalidad, como España e Italia, la de vecinos como Chile e incluso, si se excluyen diversos tipos de “IVA” que aplican algunas ciudades brasileñas, la de Brasil.
El gobierno de Alberto Fernández agregó 19 gravámenes más con modificaciones a los que estaban incluidas, como el denominado PAIS y ganancias para sociedades como los estelares. Tocó bienes personales, IVA, laborales, cheque, retenciones, ajuste por inflación, externos, incentivo docente, sobre primas de autos, seguros, verde, riqueza. Envases sería el número 20.
Aún con todas estas correcciones, el IVA, que grava al consumo sigue siendo el impuesto que más recauda y también el que mayor evasión tiene.
El precio de los alimentos está recargado del 30 a 50%, las carnes con un tercio del valor, y con la nueva ley de envases piensan recaudar $305 mil millones, todo lo cual significa regresividad.
La política del "gasto no se toca" comprende los $40.273 millones a los que se llevó este año el presupuesto legislativo, dos veces y media más que en 2018, y la transferencia de $360.000 millones del Tesoro a las empresas públicas para cubrir el déficit.
Mantener la presión tributaria constante significará modificar la distribución para que la recaudación sea más eficiente y haya menos margen para evadir.
Y el reperfilamiento impositivo, en consecuencia, va a ser uno de los grandes puntos de fricción, ya no con el Fondo, sino dentro del propio oficialismo, la oposición, sindicatos, empresarios y movimientos sociales.
Una de las discusiones es sobre si el mayor peso deberá recaer en las personas antes que en las sociedades, al revés de como es actualmente. En ese caso, la progresividad para que recaiga en los más ricos.
El Fondo sólo verificará el déficit fiscal, el programa monetario y el nivel de las reservas, incluida la brecha cambiaria, para ver la consistencia de los pagos reprogramados.
Plan de pagos
Si se mira la misión que el ministro de Economía, Martín Guzmán, enviará el sábado a Washington, bajo el mando del representante ante el organismo, Sergio Chodos, queda claro que el encuentro será con el staff técnico y que la agenda será pasar en limpio los grandes números macroeconómicos del año que viene.
Viajan con Chodos el viceministro Fernando Morra, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo y el de Financiamiento Ramiro Tosi. La completan Germán Feldman y Jorge Carrera por el Banco Central, quienes serán recibidos por un equipo del FMI dirigido por Julie Kozack y Luis Cubeddu.
El titular del Palacio de Hacienda se queda trabajando en el proyecto de ley de “mejores entendimientos” con el organismo debería presentar en el Congreso este mes y participará de reuniones con el arco oficialista, entre la que se destaca la que mantuvo con la dirigencia de la CGT.
Buscará tomar la temperatura a los sectores sociales para determinar los límites de tolerancia al ajuste y también averiguará con referentes de la oposición hasta dónde estarían dispuestos a llegar.
Una puesta a prueba de la tolerancia social la darán los aumentos que se estudian para las tarifas de luz y gas a fin de reducir medio punto del PBI al año los subsidios, afecta el padrón de usuarios, a los que se segmentaría 50 y 50% entre los que pueden pagarlas y los que no, según la ponderación oficial, superpone una discusión clasista.
Los porcentajes llegarían a 220% para los sectores de más altos ingresos. Se dice que 50% de la población de menores ingresos no pagará ningún aumento. Pero la otra mitad del país sí tendrá que desembolsar más por el servicio de luz, gas y agua.
La cuestión de esa división por mitades tropezará con una realidad social que crudamente expone un informe de IERAL de la Fundación Mediterránea: los salarios reales privados se encuentran en su piso más bajo en más de 10 años.
Reformas como la laboral, impositiva, previsional, que integrarían cualquier negociación típica con el Fondo Monetario Internacional, son resistidas por los sectores políticos y sociales involucrados en la firma de un acuerdo, por lo que campea la hipótesis de que no se pasará de un acuerdo ligth sin entrar en modificaciones estructurales.
En declaraciones previas al 14N, en diálogo con El Destape, Chodos anticipó que se habrá de tratar a nivel técnico "el sendero fiscal, las proyecciones de crecimiento, las proyecciones de acá a varios años de recaudación y el tipo de cambio", entre otros.
El déficit fiscal y la inflación serán los puntos estructurales neurálgicos dentro de ese enfoque a abordar, porque el vademécum del Fondo apunta a llegar a un equilibrio financiable a través de la baja del gasto y el gobierno argentino lo pretende reducir con mayores ingresos.
Tampoco en el tipo de cambio hay coincidencias, ya que Guzmán no quiere saltos devaluatorios sino en todo caso acelerar las correcciones mediante un crowling peg que le marque el paso a la pauta
Lo que se negocia, concretamente, es "un nuevo financiamiento para pagar los vencimientos existentes, con un cronograma y un programa atrás que lo sustenten".
Chodos, quien tiene acreditada experiencia en reestructuraciones de deuda, como que participó en las dos, consideró "muy difícil cerrar un acuerdo con el staff antes de fin de año, aunque se está trabajando en este sentido".
Explicó que "el acuerdo debe pasar por varios estamentos internos del FMI antes de ser aprobado". El derrotero es: en las próximas semanas pactar las metas fiscales y monetarias y las políticas a implementar.
A partir de ahí, el acuerdo aún debe atravesar varios etapas internas en el Fondo antes de llegar al llamado “Staff-Level Agreement”, el paso previo antes de que el programa vaya al Directorio Ejecutivo, controlado por el G7.
La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, respondió a una pregunta acerca de cuándo estaría listo que "cuando lo tengamos listo lo enviaremos al Congreso. No hay una fecha precisa”.
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