Discapacidad: Tras repudio generalizado, el Gobierno reculó

Dicha resolución -en el marco de un endurecimiento de los requerimientos para otorgar pensiones, utiliza, como si fueran técnicos, términos en completo de desuso, por considerarse discriminatorios y fuertemente ofensivos, como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”.

El texto generó fuerte repudio de organizaciones que representan a este colectivo, que presentaron un reclamo para derogar la normativa, así como de políticos, comunicadores y profesionales de la Salud y del derecho.

"Desde la ANDIS queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta", explicaron en un comunicado, luego de reconocer que "el 16 de enero del corriente año, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicó en el Boletín Oficial la Resolución 187/2025. Dicha normativa incluyó un anexo con términos que, históricamente, se han utilizado en la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual, pero que, en la actualidad, han sido discontinuados".

"La Resolución 187/2025 y su anexo serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). Es importante aclarar que esta corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación", indicaron desde Andis, que dirige Diego Orlando Spagnuolo.

Dicha resolución generó un repudio generalizado y la polémica fue aumentando, al punto de que al Gobierno no le quedó otra que recular y modificar el texto.

Tal como había informado más temprano Urgente24, dirigentes políticos, comunicadores, profesionales del derecho y de la Salud, así como usuarios en general, repudiaron a través de las redes sociales la utilización de estas categorías para definir a a las personas con discapacidad.

Además, 7 organizaciones de personas con discapacidad, lideradas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), habían presentado un pedido al Gobierno para que se de baja el baremo.

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