CÓRDOBA. La presión fiscal de la Caja de Jubilaciones de Córdoba y su déficit desfinanciado por Nación habrían puesto a la Corte Suprema en el radar de las medidas que el Gobierno provincial comenzó a considerar para regularizar la situación. La deuda es un problema creciente y el más grande que enfrenta la administración de Martín Llaryora.
CAJA EN ROJO
Córdoba analiza ir a la Corte Suprema para cobrar deuda de Nación
El déficit previsional complica las finanzas provinciales. Desde el Gobierno nacional no hay movimientos para regularizar.
En ese sentido, el primer trimestre del 2024 cerró con un déficit previsional provincial de 47.950 millones de pesos. Según entienden en el Gobierno cordobés, ese monto debería ser cubierto automáticamente por el Gobierno nacional por disposición legal.
Sin embargo, esos giros que históricamente fueron bajos se han suspendido por completo en los últimos meses. Algo que llevó al oficialismo provincial a pensar seriamente en el recurso judicial para poner al día los números.
En ese sentido, el Gobierno de Córdoba tendría bajo análisis recurrir con una medida cautelar a la Corte Suprema, maniobra que podría dejar muy rota la relación con Nación. Hasta aquí, los gobiernos de Llaryora y Javier Milei han dialogado al respecto sin arribar a una solución concreta.
Algo similar a lo que sucede con Santa Fe y Entre Ríos, que presentan reclamos similares conformando la Región Centro.
Córdoba y el límite
La dilación en una resolución definitiva del conflicto con Nación sucede mientras el sistema previsional cordobés sigue funcionando y aumentando. Actualmente, bajo ese régimen, se acogen unos 115.000 beneficiarios.
Tan solo en julio, Córdoba sostuvo un déficit previsional de 16.500 millones de pesos. Con recursos propios, la provincia puede cubrir en torno al 78% de los gastos, incluso con una presión de aportes mayor a la que se practica sobre los jubilados nacionales.
En total, Córdoba le reclama al Gobierno nacional una cifra superior a los 400.000 millones de pesos. De ese monto, poco más de 60.000 millones serían acumulados por el Gobierno de Javier Milei.
Parte de esa deuda ya está judicializada. Sin pretender una compensación total, en Córdoba no descartan extender la vía judicial en caso de no registrar ánimo de reparación por parte del Estado nacional.