Jorge Fernández, actual funcionario del ministerio de Seguridad que conduce Aníbal Fernández, fue condenado a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos al ser considerado penalmente responsable del delito de asociación ilícita.
PRISIÓN E INHABILITACIÓN
Condenaron a un funcionario nacional por asociación ilícita
Jorge Fernández, actual funcionario del ministerio de Seguridad, fue sentenciado en un juicio oral por defraudación al municipio de Lincoln, del que fue intendente.
07 de julio de 2023 - 16:00
Jorge Fernández junto al ministro de Seguridad y su superior, Aníbal Fernández.
Fernández, exintendente del partido bonaerense de Lincoln en 3 oportunidades y precandidato nuevamente al cargo por el oficialismo, fue sentenciado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Junín, que por unanimidad determinó su responsabilidad como miembro de una banda que defraudó al municipio "en reiteradas oportunidades", informó diariodemocracia.com.
Fernández es el actual director del Programa Nacional de Descontaminación y Compactación (PRODECO), que se encarga del tratamiento de los vehículos abandonados y/o secuestrados por las Fuerzas Federales y Provinciales en distintos puntos del país.
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Al momento de conocerse la sentencia, desde las redes sociales de Fernández se promocionaba su gestión.
Los jueces Karina Piegari, Pablo Mases y Esteban Melilli del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Junín condenaron a Fernández "por asociación ilícita, en concurso real con defraudación contra la administración pública en reiteradas oportunidades en concurso real con uso de documentos falsos durante los años 2009 y 2012".
El titular de la PRODECO había sido detenido en 2018 y pasó dos años en prisión preventiva.
En tanto, también recibieron penas el excontador municipal, Walter Fernández y el extesorero, Marcelo Roberto Porto, ambos con la pena de cinco años e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Otro de los involucrados era el exsecretario de Hacienda, Mario Enrique Ruíz, quien resultó absuelto por “no hallarse indicios probatorios” en su contra.
La causa se inició por una denuncia que en 2016 hizo su sucesor, Salvador Serenal (JxC) , quien sostuvo que hubo "un uso y abuso discrecional de importantes sumas de dinero en fraude a la Administración Pública".
El juicio comenzó a finales de mayo. A Fernández se lo juzgó por 57 hechos en calidad de integrante de "una agrupación cuya finalidad resultaba ser la comisión de múltiples delitos indeterminados, todos vinculados con la obtención de dinero de las arcas del Estado”, según el alegato del fiscal Esteban Pedernera.
El procurador sostuvo en el comienzo del juico que el procedimiento delictivo consistía en la confección de “falsos requerimientos de bienes y servicios, la utilización de personas físicas y jurídicas como proveedores, cuando en realidad no lo eran, falsificación de firmas de funcionarios y de endosos de cheques para así lograr el pago por parte de empleados y funcionarios de la municipalidad a su beneficio”.
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