Preguntas hoy sin respuesta:
- ¿Está en riesgo la institucionalidad de la Provincia de Santa Fe?
- ¿Por qué alguna ya apuntan al gobernador Omar Perotti y hablan de pedidos de intervención federal?
- ¿Qué conocía él de todo lo que está apareciendo en escena?
- ¿Hay que creerle cuando él afirma que es todo una conspiración en su contra?
- ¿Qué ocurrirá con los senadores del juego ilegal, quienes afirman que ahora es la hora de la venganza?
- ¿Y cómo queda el ministro Aníbal Fernández, quien rescató a Omar Saín y lo designó asesor en Nación?
Armando Traferri.jpg
¿Será posible que en el escándalo presente zafe el senador Armando Traferri, el del juego ilegal?
Lo que se sabe
Sain acumulaba información sensible sobre distintas personalidades de la provincia.
El ex ministro "hacía una ficha de cada persona con la que trataba o tenía algún cruce", agregó una fuente, quien agregó que no hacía falta investigar demasiado: "Sain es un bocón que hasta lo contaba".
Pedir un Veraz es bien diferente a buscar y almacenar otros datos 'sensibles': habrá que evaluar cuál era la intensidad de la búsqueda de Saín.
También es cierto que hay demasiada gente hablando y escribiendo en base a especulaciones.
Luego,
- en la Argentina cualquier cosa es considerada archivo de inteligencia cuando, precisamente, no se practica la inteligencia criminal tal como corresponde en un país organizado para prevenir el delito;
- hay antecedentes recientes de denuncias de espionaje ilegal, por ejemplo de Mauricio Macri y otros de sus ex colaboradores, contra familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan;
- pero ¿practicarla contra políticos, periodistas, sindicalistas y empresarios?
"Es J. Edgar Hoover", gritan en su contra, recordando a quien fue el jefe del FBI estadounidense que rompió todas las reglas. Esto es falso: a Hoover nunca lo 'pescaron'.
Los periodistas santafecinos más cercanos a los senadores del juego ilegal afirman que "ya de por sí entraña una violación a la ley penal (esto es, un delito) N°25.520 (norma nacional a la que adhirió la Provincia)".
En su artículo 4 prohíbe la realización sistemática de tareas “consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas".
La pena prevista en el Código Penal es de prisión, y el eventual delito se configura cada vez que la acción se lleva a cabo: una vez por cada 'carpeta'.
Muchos de los archivos se construían con bases de datos comprados con fondos reservados asignados al propio Ministerio de Seguridad: ¿malversación de fondos públicos?
Uno de los celulares secuestrados hoy en el allanamiento es el del renunciado viceministro de Seguridad, Germán Montenegro, hombre de estrecha confianza de Sain, y de Aníbal Fernández.
“No hay crisis institucional, ni política, ni sistémica”, insisten en la Casa Gris, la sede del Gobierno provincial luego de los allanamientos.
- ¿Será cierto que, con tal de zafar de las balas, el actual ministro Jorge Lagna, está dispuesto a entregar a quien sea? Esto es clave para las 2 preguntas siguientes:
- ¿Hay un Plan B en la Gobernación?
- ¿Existe alguna contingencia a desplegar?
Hasta ahora los del ministro Lagna sólo se aferran a que Omar Perotti jamás dio directiva alguna para que se realicen tareas de espionaje. Tampoco alcanza con esto, en especial cuando fueron informados hace 1 semana lo que estaba en marcha.
Los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, aceleraron su acción cuando el martes 23/11, los 12 funcionarios del Ministerio de Seguridad que acompañaron a Marcelo Sain en el Ejecutivo santafecino, comunicaron que se iban de regreso al AMBA, y se dijo que ellos comenzaban a destruir cierta documentación.
En la regional 1 del MPA hay 2 investigaciones que involucran a Sain:
- la licitación de armamentos, paralizada y readecuado el pliego por el Ministerio de Economía de la provincia, según el titular regional del MPA, Carlos Arietti; y
- "acumular información de personas fuera de las previsiones legales" según el fiscal Hernández en declaraciones periodísticas.
"Era una empresa criminal constituida dentro del Estado" afirmó el ex ministro de Seguridad y hoy diputado provincial Maximiliano Pullaro. Ahora bien, ¿es creíble Pullaro?
Oficial, oficial, lo que el MPA informó fue que "los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández (de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1) realizaron diligencias en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, tanto en la sede de la capital provincial como en la de Rosario. Las tareas de los fiscales consistieron en solicitar documental de interés para investigaciones que están llevando a cabo referidas a procesos licitatorios y maniobras ilegales en la recopilación de información. En las diligencias llevadas a cabo hoy (por ayer), los fiscales contaron con la colaboración de personal del Organismo de Investigaciones del MPA. Por su parte, el titular de la cartera provincial brindó la colaboración debida con la medida judicial".
