CÁRCELES. Los contextos de encierro y sus condiciones habitacionales nefastas en Argentina no generan empatía social cuando sus huéspedes son asesinos, violadores, narcotraficantes y ladrones, pese a que por ley se debe garantizar sus derechos humanos. Así, el derecho a la dignidad y a “estudiar, trabajar, comunicarse y recibir visitas” en personas privadas de la libertad está contemplado bajo la ley 24.660. Sin embargo, la dinámica carcelaria con sus prácticas sociales marginales, la vista gorda de las autoridades penitenciarias ante vejaciones humanas —habilitando agresiones y violaciones como bienvenida entre presos de distintos targets—, además de condiciones medioambientales nocivas para la salud y la esfumación de la financiación estatal millonaria por cada reo que no se materializa en sus celdas, disiente del marco regulatorio que pregona todo supuesto estado benefactor.
EN ARGENTINA
Cárceles: Hacinamiento, DD.HH y gastos millonarios
El costo millonario estatal por cada preso y un régimen penitenciario corrupto tal como se vio con el caso del guardiacárcel abusador, en las antípodas de la nueva política carcelaria salvadoreña.
Cárceles
Por ello, cuando el candidato presidencial de Libertad Avanza, Javier Milei, declaró en una entrevista ante un canal de noticias que quería “cárceles privadas mantenidas por presos trabajando”, no sonó descabellado en un país que destina 1,5 millones por un sujeto que infringió la ley -50.000 al mes- . Es más, su propuesta terminó siendo apoyada por el ex senador de Fuerza Republicana Tuc, Ricardo Bussi, quien se alió electoralmente a Milei. “No concebimos que la gente honesta tenga que mantener a los que están condenados por delitos aberrantes”, aseveró Bussi.
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“Podés tener cárceles privadas donde los presos paguen sus condenas con su estadía laburando”, sostuvo Milei en diálogo con el canal TN. “A los presos, en lugar de premiarlos regalándoles plata, dándoles privilegios a pesar del desastre que hicieron en la sociedad, que paguen laburando”, cerró.
En esa línea, el ex Subsecretario de Asuntos Penitenciarios en el 2021, Juan Bautista Mahiques, aseguró que desde hace décadas en los centros penitenciarios argentinos hay un gran hacinamiento de internos. A tal punto, que para ‘estar en regla’, el Estado precisaría unas seis unidades más, hecho que no es viable, ya que construir una cárcel desde cero para unos 1700 presidiarios cuesta 2700 millones de pesos.
No obstante, en el caso de El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele invirtió millones para la apertura de una megacárcel, tal como informó Urgente 24, conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (COT), pudiendo alojar hasta 40.000 detenidos en el marco de su guerra contra las pandillas. Eso sí, los costos de higiene personal, alimentación y ropa de los presos corren a cuenta propia de sus familiares, quienes tienen la obligación de destinar unos US$170 mensuales para gastos durante su estadía en prisión.
Trato inhumano y escuela para delinquir
El Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep) reveló que hay 106.559 personas privadas de libertad en 318 unidades de detención. Del total de esos detenidos, unos 97.300 se hallan en prisión, otros 22.319 se encuentran radicados en comisarías, y 71.185 tienen la domiciliaria. Solo unos 52.035 presos (un poco más de la mitad) tienen una condena, lo que exhibe la lentitud de los procesos judiciales.
En relación al estado de los centros penitenciarios en Argentina, el equipo de Prision Insider que accedió a las inmediaciones de los penales de Marcos Paz y Olmos, las catalogaron como parte de los penales más insalubres del mundo, dada sus celdas con olor nauseabundo, inodoros tapados de materia fecal, plaga de roedores, escasez de colchones o sucios de excrementos.
Lejos de ser un ámbito de reconstrucción personal para una posible reinserción social tras finalizar la pena, los delincuentes sufren una lamentable estadía en prisión por códigos violentos tumberos, excesos policiales e imposibilidades de inserción laboral futura dada su falta de formación académica o currículum laboral, pese a que en el marco de la ley 24.660 (artículo 133) “los internos deberán tener acceso pleno a la educación en todos sus niveles y modalidades”.
“Yo ya sabía que te hacía hacer cosas relacionadas con lo sexual. Te decía que si lo satisfacías en lo que pedía te daba buenos informes y te beneficiaba para que tengas la libertad antes. Lo hice solamente por el beneficio que me iba a dar”, dijo un preso apodado como ‘B’ a Infobae, detenido por robo calificado, y quien es una de las víctimas del abuso sexual perpetrado por un guardiacárcel de la Unidad N°18 de Gorina, que coaccionaba con favorecer su condición procesal.
Ahora bien, la falta de experiencia laboral del presidiario y el desarrollo de su vida erigida desde la marginalidad, se evidencia en la reincidencia: el 30 % de los presos actuales tienen antecedentes delictivos, tal como lo evidenció un estudio social de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). “Las tasas de reincidencia rara vez bajan seriamente. Y esto es porque, en general, la mayoría de las personas privadas de su libertad cumplen sus condenas y salen relativamente rápido. Cuando hay una alta rotación entre los que entran y salen de la cárcel, esto nos está predicando, no está anticipando que va a haber una alta tasa de reincidencia. Por el contrario, cuando la rotación de los que entrar y salen de la cárcel es baja, eso nos va a predecir que habrá pocos", expresó Marcelo Bergman, doctor en Sociología y director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la UNTREF.
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