Cambios, que cedió: El extenso capítulo sobre Hidrocarburos

En la nueva versión del proyecto de la Ley Ómnibus, que envió el Gobierno a Diputados, hubo varios cambios para poder avanzar en el camino hacia su aprobación no solo de índole cuantitativa sino también cualitativa.

Los cambios habían sido acordado con la oposición la semana pasada. Entre ellos, se acortó el plazo de las delegaciones, se precisaron las delegaciones legislativas y los mecanismos de ordenamiento administrativo. Se incorporó también una fórmula previsional de ajuste automático de haberes por inflación, entre otros.

Pero en el extenso capítulo sobre Hidrocarburos, que mantuvo en vilo a las provincias petroleras, hubo varios cambios, tras la novedad que aclara que YPF no será privatizada:

En cuanto a la delimitación de las competencias entre Nación y Provincias, cuestión que mantuvo fuerte preocupación, se aclararon se aclararon los casos en los que correspondía actuar a la Nación o las Provincias aunque siempre sin dejar de reafirmar que es una ley federal.

También, en cuanto a facultades Nación /Provincias, se mantuvieron las facultades de la autoridad de aplicación respectiva de controlar los programas de desarrollo y compromisos de inversión; y la elaboración conjunta del pliego modelo entre Nación y Provincias.

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Inclusión de la aclaración 'Nacional o Provincial, según corresponda' es para evitar dudas sobre competencias de las Provincias.

Se conciliaron los principios de dos leyes en la materia de hidrocarburos, para unificar los objetivos de la política energética nacional.

También se estableció sin duda alguna que la exportación e importación es libre y es un derecho; y se aclaró que puede haber una objeción por parte de la Secretaría de Energía, limitada al momento de otorgar la solicitud y por motivos técnica o económicamente en la seguridad del suministro.

Según el documento, como el "sector requiere recuperar el dinamismo de las inversiones", se fijaron los objetivos de maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país, por lo que se estableció un nuevo régimen de competencia de las licitaciones públicas en función de una oferta de regalías sobre un valor base del 15%, afectado por un factor 'X' de exclusiva elección del oferente; y el pliego podrá prever mecanismos de ajustes de las mismas.

Se fijó también un límite máximo de hasta 10 años para plazos más extensos que los fijados por la ley, aclarándose que en ningún caso, la concesión puede ser fijada a perpetuidad, por lo que también que constituye causal de nulidad la adjudicación de permisos o concesiones al vencimiento de los plazos originales sin mediar una licitación pública y abierta.

Para el caso de la reconversión de concesiones de convencional a no convencional se previó que se pueda solicitar hasta el 31 de diciembre de 2026 y por un único plazo de 35 años, de modo de dar tiempo a los concesionarios para amortizar la inversión a realizar en dicho proceso.

Ello no afectará las concesiones de explotación y concesiones de transporte otorgadas con anterioridad Ello no afectará las concesiones de explotación y concesiones de transporte otorgadas con anterioridad

De modo de reconocer a los titulares de las áreas ingresos actualizados, se modificaron los valores del canon anual por barriles, y su ajuste en función del precio del barril.

Se estableció un régimen de autorizaciones de transporte con libre acceso, de habilitación para el procesamiento; y se reguló la actividad de almacenaje bajo régimen de autorizaciones, figura que hasta el momento no estaba prevista normativamente en la Ley.

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En estos últimos días, hubo una fuerte ofensiva de los gobernadores de la Ofephi ante los cambios que se proponían para el sector Hidrocarburos.

Biocombustibles

En el apartado sobre biocombustibles, se tomó gran parte de las preocupaciones expresadas por todos los sectores intervinientes.

Por ello, antes de un régimen de libre competencia se fijó un plazo de 18 años para que las mezclas con combustibles fósiles sean producidas en instalaciones situadas en la República Argentina, utilizando materias primas nacionales.

También se establecieron % obligatorios en volumen para biodiesel (progresivos en aumento hasta el año 2026) y bioetanol de origen fósil, junto con ciertas pautas para la participación de las empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos. En este punto, se incluyó que a partir del 15% y no antes de 3 años de la entrada en vigencia, se propondrá al Congreso aumentos progresivos de porcentaje de mezcla o corte obligatorio hasta alcanzar un porcentaje entre el 18 y el 27%.

Además, se prevé un régimen único de licitaciones transparentes, de acceso público para la determinación de volúmenes y precios en el abastecimiento de biocombustibles. En este escenario de competencia, se previeron ciertas cláusulas que tienden a asegurar múltiples proveedores y equilibrar la participación de empresas grandes y PYMES. Por otra parte, se asegura un volumen de bioetanol de caña hasta 2030 en base a lo entregado en los últimos años; con la posibilidad de pueden tener más volumen si por precio les corresponde en la licitación. También se puso un tope de import parity en

el precio de adjudicación de las licitaciones de biocombustibles

Por otra parte, y no menos importante, es la no derogación de la exención de los biocombustibles del impuesto a los

combustibles líquidos y al impuesto al carbono.