La ley buscaba alejar a los adolescentes de Instagram y TikTok. Los menores encontraron atajos antes que soluciones.
Los sistemas de verificación de edad para menores resultaron más fáciles de engañar de lo que esperaban las autoridades.
A fines de 2025, Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir por ley que los menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales. Instagram, Facebook, Snapchat, X: ninguna permitida. Las plataformas tenían la obligación de verificar la edad de sus usuarios o enfrentar multas millonarias.
El objetivo era proteger a los adolescentes de contenidos dañinos, acoso digital y problemas de salud mental asociados al uso intensivo de estas apps.
Seis meses después, el 70% de los padres encuestados por la comisionada de eSafety mencionada por Wired, dijeron que sus hijos todavía tenían cuentas activas. La prohibición existe. A los adolescentes no les importa.
Los mecanismos que las plataformas implementaron para verificar la edad resultaron ser notablemente fáciles de engañar.
Norman, de 14 años, contó a la cadena ABC de Australia que un amigo imprimió una foto de Michael Jackson y la usó en el sistema de reconocimiento facial. El resultado: el sistema le asignó más de 21 años. Vinaya, también de 14, dijo simplemente: "Creo que usé la cara de mi hermana."
Yoti, la empresa que desarrolla la tecnología de análisis facial usada en el proceso, dijo que corrigió algunas de esas fallas y que tiene herramientas para detectar si quien está frente a la cámara es una persona real o una foto. El problema es que la responsabilidad de usar esa tecnología recae en las plataformas, y las plataformas no parecen estar aplicándola con rigor.
"En ninguna app me pidieron que verificara mi edad", dijo Amelie, de 16 años, en otro testimonio recogido por ABC. Cuando la prohibición entró en vigor en diciembre, 4,7 millones de cuentas de menores fueron bloqueadas o desactivadas. Desde entonces, muchos crearon perfiles nuevos sin pasar por ningún proceso de verificación.
La ministra de Comunicaciones de Australia, Anika Wells, fue directa al señalar responsables. "Big tech quiere que esto fracase. Quieren asegurarse de que esto parezca un desastre y que la gente hable de que no funciona, para poder darse por vencidas y decirles a todos los demás países que están observando que no se molesten."
La comisionada de eSafety ya inició investigaciones contra cinco plataformas por no cumplir con sus obligaciones bajo la ley.
Wells admitió que nunca esperaron perfección: "Esto siempre iba a tener un aspecto desordenado. Es un ejemplo a nivel mundial." Lo que no esperaban, aparentemente, es que las plataformas directamente no cumplieran con lo prometido.
Mientras Australia evalúa los resultados de su experimento, el Reino Unido avanza con su propia versión. El primer ministro Keir Starmer impulsó una propuesta que incluye prohibir las redes sociales a menores de 16 años y establecer un toque de queda digital para los de 16 y 17: sin acceso a plataformas después de las 20:30 horas.
El plan también contempla restricciones sobre funciones consideradas adictivas, como los algoritmos diseñados para que los usuarios sigan haciendo scroll de forma compulsiva, y bloqueos al acceso de menores a chatbots románticos o sexuales.
Según el gobierno británico, nueve de cada diez padres aprueban las medidas.
Los críticos señalan lo mismo que muestra el caso australiano: que prohibir sin obligar a las plataformas a cumplir de forma efectiva es básicamente declarar una guerra sin municiones. Algunos expertos proponen regular directamente el diseño de las plataformas en lugar de intentar controlar el acceso de los usuarios, que siempre van a encontrar la forma de saltarse el cerco.
La conclusión más clara de estos seis meses es que una ley de prohibición sin mecanismos de verificación robustos y sin obligaciones reales para las plataformas es más simbólica que efectiva. Los adolescentes son creativos, tienen tiempo, y viven en el mismo ecosistema digital que las herramientas que se supone deben frenarlos.
Lo que sí parece haber funcionado, al menos parcialmente, es el efecto de visibilidad: el debate público sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes está más instalado que nunca en Australia, y eso tiene valor aunque la prohibición en sí no haya logrado sus objetivos técnicos.
Pero hay una variable que ninguna ley puede controlar del todo: el 70% de los padres encuestados sabe que sus hijos tienen cuentas activas. Lo saben y no hacen nada al respecto.
Eso no convierte la regulación en irrelevante, pero sí complica el diagnóstico. Si los propios adultos en el hogar no aplican la restricción, ¿hasta dónde puede llegar el Estado? ¿Es responsabilidad de las plataformas diseñar sistemas imposibles de burlar? ¿Del gobierno fiscalizar que lo hagan? ¿De los padres hacer cumplir en casa lo que la ley establece afuera?
La respuesta probablemente sea que son los tres a la vez, y que mientras cada uno señale al otro, los adolescentes van a seguir encontrando la foto de alguien mayor para pasarla por el reconocimiento facial.
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