El vicepresidente Edmand Lara denuncia que el exasesor argentino Fernando Cerimedo ejercía un "gobierno de facto" tras el atentado a Nadia Beller
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, y Fernando Cerimedo, quien fue hasta hace poco el asesor político del mandatario boliviano y de Javier Milei.
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La crisis institucional y política en Bolivia escaló a niveles críticos tras la aprehensión del exasesor presidencial argentino Fernando Cerimedo, imputado por tentativa de feminicidio contra la activista Nadia Beller. Edmand Lara y adeptos aprovechas para presionar sobre el gobierno de Rodrigo Paz. según El Deber.
El episodio desencadenó una fuerte ofensiva liderada por el vicepresidente Edmand Lara y diversos sectores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para forzar una reestructuración del gabinete del presidente Rodrigo Paz.
El vicepresidente Edmand Lara elevó la confrontación interna al denunciar públicamente que Cerimedo ejercía un control directo sobre la gestión estatal. “Cerimedo gobernaba el país junto a Rodrigo Paz”, aseveró la segunda autoridad nacional en declaraciones a medios de comunicación, acusando a la cúpula del Ejecutivo de encubrir presuntos actos de corrupción y de aislarlo sistemáticamente de las decisiones gubernamentales, según oxígeno.bo.
Lara reveló además que el entorno más cercano a la Presidencia estaría involucrado en la concesión irregular de licencias de explotación aurífera. “Ya se venía comentando que la esposa del presidente era la que definía los contratos y permisos para actividades mineras, relacionadas con el oro, ya había esos comentarios de que a la señora Bibi Urquidi, esposa del presidente, la llamaban la 'ventanilla única'”, declaró Lara a la prensa.
En el plano legislativo, la pérdida de gobernabilidad se evidenció con la censura impuesta por la ALP al ministro de Economía, Gabriel Espinoza, lo que obligó a Paz a destituirlo mediante Decreto Supremo y nombrar a Oscar Mario Justiniano Pinto de forma interina.
Analistas políticos coinciden en que el mandatario se encuentra acorralado y sin margen de maniobra. Para el especialista Rafael Archondo, “la gobernabilidad solo la va a recuperar si hace una alianza con los otros partidos políticos en el Congreso, pero no parece tener voluntad para hacer esas alianzas”, publicó urgente.bo.
Por su parte, el analista Marco Fuentes advirtió que la molestia social profundizará el conflicto: “No tiene ni gobernabilidad política en la Asamblea Legislativa Plurinacional y no tiene, y le va a costar tener, gobernabilidad social en un contexto donde los sectores sociales están con mucha molestia”.
Un claro ejemplo de esta tensión territorial se vivió en la cuenca del río Boopi, en el municipio de La Asunta, donde violentos enfrentamientos entre pobladores derivaron en la quema de maquinaria pesada vinculada a operaciones mineras atribuidas a una firma de origen chino.
Mientras un sector denuncia contaminación y extracción ilegal en medio de la escasez de divisas norteamericanas que padece la economía nacional, el Estado enfrenta el dilema de fiscalizar una actividad que en 2025 generó una producción total valuada en U$S 7.941,2 millones junto a la plata y el zinc.
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