España choca con Marruecos y Argelia por impedir expulsiones de extranjeros condenados

España denuncia dificultades para ejecutar expulsiones judiciales cuando Marruecos y Argelia no facilitan la documentación necesaria para recibir a sus nacionales.

FOTO: ANTONIO SEMPERE / AP

Por REDACCIÓN DE URGENTE24

España vuelve a chocar con Marruecos y Argelia por las expulsiones de extranjeros condenados. La Justicia española dicta cada vez más medidas de este tipo, pero la falta de documentación y las trabas consulares están impidiendo que una parte importante llegue a ejecutarse.

El problema, además, viene creciendo. Durante 2025 se registraron 5.551 solicitudes para sustituir penas de prisión por la expulsión del territorio nacional, frente a 4.656 en 2024 y 4.144 en 2023: un aumento del 19,2% en un año y del 34% en dos. El mecanismo, regulado por el artículo 89 del Código Penal, puede aplicarse a extranjeros condenados a penas superiores a un año y afecta especialmente a delitos contra el orden público, robos y seguridad vial, aunque su ejecución depende de que el país de origen reconozca y reciba finalmente al condenado.

Ahora, la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2025, publicada este jueves y recogida por medios como Vozpópuli y El Español, identifica precisamente ese cuello de botella. El documento señala la “limitada colaboración consular” como uno de los principales motivos de frustración y apunta directamente a Marruecos y Argelia por mantener una posición “extremadamente restrictiva”, una advertencia formulada meses antes de que la crisis migratoria de Ceuta volviera a tensar la relación con Rabat.

Marruecos exige pasaporte y Argelia casi no documenta expulsiones

La Fiscalía española describe dos problemas distintos, aunque con el mismo resultado: expulsiones dictadas por la Justicia española que terminan sin ejecutarse. En el caso de Marruecos, Rabat solo acepta la repatriación cuando el condenado dispone de su pasaporte original y en vigor, una exigencia que complica especialmente los procedimientos porque, según recoge la memoria, muchos penados o investigados “ocultan deliberadamente” ese documento. Sin esa identificación y sin una respuesta favorable del consulado, España puede tener una orden judicial firme pero carecer de la vía administrativa necesaria para devolver a esa persona a su país de origen.

Con Argelia, la situación aparece todavía más cerrada. El Ministerio Público sostiene que el país “prácticamente no documenta expulsiones” y asegura que en algunas provincias españolas esta posibilidad ya se considera “materialmente inviable”. Fiscalías de Sevilla, Baleares, Valencia, Murcia y Zaragoza trasladaron problemas similares con los consulados de ambos países y coinciden en señalar que la falta de documentación y la escasa cooperación se han convertido en obstáculos estructurales, a los que después se suman el colapso de algunos juzgados o la imposibilidad de localizar al condenado.

La frontera de Ceuta volvió a quedar en el centro de la tensión con Marruecos, mientras la Fiscalía ya venía alertando sobre las trabas para ejecutar determinadas expulsiones.

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La propia memoria ofrece un contraste que muestra hasta qué punto el mecanismo depende de esa coordinación. En Segovia, de 16 solicitudes de expulsión realizadas durante 2025, 14 fueron autorizadas y 13 llegaron finalmente a ejecutarse, un resultado que la Fiscalía presenta como excepcional frente a las dificultades registradas en otras provincias. Cuando la documentación, los consulados y los órganos judiciales funcionan al mismo tiempo, la expulsión sigue siendo una herramienta efectiva; cuando alguno de esos engranajes falla, el condenado puede quedar durante meses atrapado en un procedimiento que España ya había decidido resolver con su salida del país.

El escenario adquiere ahora una dimensión todavía más sensible por lo ocurrido después en Ceuta. La memoria refleja datos de 2025, varios meses antes de la entrada masiva registrada a finales de julio, por lo que las dificultades con Marruecos no aparecen como una consecuencia de aquella crisis, sino como un problema que la Justicia española ya venía detectando antes de que la frontera volviera a quedar en el centro de la tensión con Rabat.

Expulsiones que no llegan a ejecutarse y una presión creciente sobre los CIE

El problema no termina cuando un juez acuerda sustituir una condena por la salida de España. Si el país de origen no documenta al ciudadano, demora su reconocimiento o directamente no acepta la repatriación, la expulsión puede quedar bloqueada pese a existir una resolución judicial. La propia Fiscalía describe estas dificultades como un problema estructural y no como una denuncia partidista: de hecho, las complicaciones con ciudadanos marroquíes y argelinos ya aparecían en memorias anteriores del Ministerio Público y habían sido recogidas también por agencias como EFE, que señaló la negativa o las trabas de determinados países como una de las principales razones por las que muchas órdenes nunca llegan a materializarse.

La presión termina trasladándose también a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Durante 2025 se tramitaron 2.510 informes de ingreso y la Fiscalía volvió a advertir sobre problemas de saturación, además de las dificultades para detectar posibles víctimas de trata durante estancias que, en muchas ocasiones, resultan demasiado breves para completar las entrevistas y evaluaciones necesarias. El problema se agrava cuando el internamiento tampoco desemboca en una repatriación: memorias territoriales ya habían señalado que el plazo máximo disponible puede agotarse sin que Marruecos o Argelia hayan facilitado la documentación necesaria para ejecutar la salida.

A esa situación se sumó durante el último año un fenómeno que el Ministerio Público califica como “emergente”: condenados que solicitan voluntariamente ser expulsados de España durante la fase de ejecución de su pena, incluso cuando esa posibilidad no había quedado recogida inicialmente en la sentencia. Los casos se detectaron especialmente en Madrid, Navarra y Cataluña, hasta el punto de abrir dudas jurídicas sobre cómo proceder cuando es el propio penado quien plantea por primera vez esa alternativa en una etapa avanzada del cumplimiento.

Todo ese escenario adquiere ahora una dimensión distinta tras la crisis de Ceuta. Desde agosto, España ha acelerado retornos y expulsiones hacia Marruecos, con cientos de salidas forzosas ya ejecutadas después de la entrada masiva de finales de julio. El contraste es evidente: mientras el Gobierno necesita de la cooperación marroquí para normalizar la situación fronteriza, la propia Fiscalía llevaba meses advirtiendo que esa colaboración era precisamente uno de los puntos más débiles del sistema cuando se trataba de ejecutar expulsiones judiciales. Europa Press informó esta misma semana que el Gobierno contabilizaba 278 expulsiones desde Ceuta hasta el 8 de septiembre.

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