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CONTROVERSIAS

Luis Caputo y Federico Sturzenegger vs. Beto Valdez, el 'caso Lenor' y la ira oficial

El periodista Beto Valdez denunció el extraño 'caso Lenor', Luis Caputo y Federico Sturzenegger lo cuestionaron y él fue por el 'falta envido'.

Beto Valdez es conocido porque es un periodista multimedia que ofrece mucha información calificada. En el caso del PRO, que frecuentaron Luis Caputo y Federico Sturzenegger, él fue pionero en 2014 en explicar lo que sería el 'fenómeno Mauricio Macri'. Esto ayuda a entender que una afirmación suya en X fuese considerada y retrucada por ambos ministros de Javier Milei.

Observar que 'Toto' Caputo aprovecha para pedir una legislación contra los periodistas que 'digan mentieras' pero ¿quién establece si realmente es una 'mentira'? 'Toto' está en problemas.

Y Beto no quedó en silencio y fue por más.

Aquí se reconstruye la sucesión de posteos en X desde el sábado 22/08:

@betovaldez: El millonario control de los surtidores que Sturzenegger le quitó al INTI para dárselo a un empresario muy cercano a Toto Caputo. Voceros de la oposición legislativa y expertos en el sector coincidían en señalar que el millonario traspaso del control de los surtidores de combustible a manos privadas constituye un caso testigo de privatización exprés y "capitalismo de amigos". Desde el oficialismo, voceros del ministro Federico Sturzenegger defienden la medida argumentando que la eliminación de la gerencia de Metrología Legal del INTI erradica un monopolio burocrático y abre el juego a la libre competencia del mercado. Sin embargo, auditores del sector energético advierten que, lejos de un escenario competitivo, las resoluciones técnicas terminaron habilitando un mercado cautivo de más de 5.300 estaciones de servicio en favor del Grupo Lenor, propiedad del ingeniero industrial Julio Made. Analistas económicos destacan que la velocidad del decreto firmado por Luis "Toto" Caputo en el Ministerio de Economía respondería al vínculo estrecho e históricamente cercano que une a Made con el entorno del propio ministro, permitiéndole a su firma acceder a una facturación anual proyectada de doce mil millones de pesos sin pasar por un proceso tradicional de licitación pública. Técnicos del sector denuncian un "desmantelamiento predatorio" del organismo de ciencia, explicando que la histórica tarifa estatal de veinticinco mil pesos por pico surtidor fue forzada al alza y luego eliminada para que el laboratorio privado pudiera fijar un arancel base de cien mil pesos por unidad verificada. Frente a las quejas por este incremento del cuatrocientos por ciento, representantes del Grupo Lenor afirman que la adaptación del sector viene siendo gradual y positiva, justificando sus costos en la logística de despliegue de sus inspectores en las provincias. No obstante, asesores legales de las federaciones de estacioneros alertan que los comercios minoristas no tienen alternativa real y se ven forzados a pactar convenios corporativos con la firma de Made para evitar la clausura de sus mangueras, mientras los expertos advierten sobre el retiro definitivo del control soberano del Estado en la medición diaria de los combustibles.

@LuisCaputoAR (N. de la R.: El ministro venía de cuestionar publicaciones periodísticas comenzando por una columna de Marcelo Bonelli en Clarín): Valga un ejemplo más de lo que acabo de tuitear. Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made. Pero pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido. La justicia debería actuar. Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas. No es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias.

@fedesturze: Yo tampoco nunca escuché de dicho grupo @LuisCaputoAR. Supongo que esto debe ser algo así como "el ladrón ve a todos de su misma condición". Tantos años usaron el Estado para armar sus negocios que no pueden creer que venga alguien simplemente a hacer las cosas que están bien. En este caso, simplemente eliminamos un subsidio que el Estado le imponía a los contribuyentes en beneficio de las grandes petroleras para bancar controles que debían hacer ellas mismas. Esa es otra del progresismo: bajo una falsa pretensión te arman un negocio a costa del pueblo. Por suerte llegó @JMilei.

Hubo quienes tomaron partido por 'el Coloso':

@NachoManotas86: Beto yo siempre te leo, pero no es asi, trabaje casi 20 años para Julio, lenor es un laboratorio nacional que le costo un huevo crecer en el mismo negocio que hacen empresas multinacionales extranjeras que participan del mercado regulado y no estas mensionando (sic), escribime.

@sayamig: Entonces no es un negociado, es una apertura de servicios a privados con otros privados. Pueden crear mas empresas certificadoras y crear mas fuentes de trabajo, que no es poco. Me parece una buena medida.

@betovaldez: Un mercado obligatorio para pocos privados: Caputo y Sturzenegger se hacen los distraídos. Luis Caputo dice que nunca escuchó hablar de Lenor ni de Julio Made. Federico Sturzenegger asegura que sólo eliminaron un subsidio que beneficiaba a las petroleras. Pero ninguno responde la pregunta central: ¿cómo quedó organizado el mercado que apareció después de la salida del INTI? La obligación de controlar los surtidores no desapareció. Lo que cambió fue quién presta y cobra por el servicio. La Resolución 276/2024 habilitó la intervención de laboratorios privados acreditados y la Resolución 213/2025 dispuso que el INTI dejara progresivamente de efectuar verificaciones y certificaciones. El resultado es una demanda obligatoria que las estaciones deben canalizar hacia prestadores privados habilitados por el propio Ministerio de Economía. Lenor fue reconocida en diciembre de 2024 para realizar verificaciones primitivas y periódicas de surtidores. En mayo de 2025 recibió además autorización para intervenir en la aprobación de modelos. Weisz Instrumentos también fue habilitada para verificaciones primitivas y periódicas. No hubo una licitación porque, formalmente, el Estado no contrató ni concesionó el servicio: mediante normas y habilitaciones creó un mercado regulado cuyos clientes deben pagar obligatoriamente. Eso no prueba por sí solo un delito ni una adjudicación direccionada. Pero tampoco convierte el tema en una mentira. La discusión no es si Caputo conoce personalmente a Made, sino por qué Economía mantuvo la obligación, retiró al INTI y dejó esa demanda en manos de un conjunto reducido de empresas privadas sin informar cuántas están habilitadas, qué tarifas cobran ni cómo se distribuyen las verificaciones. Tampoco Lenor era una desconocida para el Ministerio. Funcionarios de Economía visitaron la empresa, recorrieron sus laboratorios y se reunieron con sus directivos. Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, firmó las disposiciones que primero habilitaron y luego ampliaron las actividades de Lenor. Caputo puede no conocer personalmente a Made; su Ministerio sí conoce perfectamente a la empresa. El monto exacto todavía no es público. Una proyección construida sobre aproximadamente 45.000 puntos de carga y valores de entre $75.000 y $100.000 por control ubicaría el mercado potencial entre $3.400 millones y $4.500 millones. Es una estimación, no la facturación comprobada de Lenor ni de los demás prestadores. Reparaciones, nuevas verificaciones, viáticos y otros servicios podrían elevarla. Si Sturzenegger sostiene que eliminó un subsidio, debería publicar cuánto gastaba el INTI y cuál fue el ahorro fiscal. Si Caputo asegura que todo es una mentira, debería mostrar los expedientes, el registro completo de prestadores, las tarifas y la cantidad de controles realizados por cada empresa.

Julio Made y los surtidores

Y luego subió la apuesta @betovaldez:

Lenor en todos lados: el negocio redondo que Caputo y Sturzenegger prefieren no explicar.

No hace falta que Luis Caputo conozca personalmente a Julio Made para explicar lo que ocurrió. Tampoco alcanza con que Federico Sturzenegger diga que terminó con un “subsidio”. La discusión no pasa por quién tomó café con quién, sino por las decisiones del Gobierno y por sus beneficiarios.

La reforma mantuvo obligatorios los controles metrológicos, pero retiró progresivamente al INTI de la prestación directa. Así nació un mercado cautivo: estaciones de servicio, empresas y titulares de equipos deben seguir verificándolos, pero ahora tienen que contratar alguno de los pocos laboratorios privados acreditados y reconocidos por el Estado.

Lenor llegó a ese mercado con una ventaja difícil de ignorar. El 13 de diciembre de 2024 recibió cinco reconocimientos administrativos para intervenir en áreas diferentes: surtidores de combustible, balanzas, cinemómetros, termómetros clínicos y medidas de capacidad. Después amplió su participación en verificaciones, aprobación de modelos y otras instancias del sistema.

No es solamente el control de los surtidores. Es una posición transversal sobre instrumentos utilizados en estaciones de servicio, controles viales, comercios, actividades industriales y distintos puntos de la cadena logística. A eso se suman sus servicios de certificación, ensayos, inspección y su expansión en minería.

El mecanismo no necesitó una licitación tradicional porque el Gobierno no contrató formalmente a una sola empresa: modificó las reglas, retiró al prestador estatal y habilitó administrativamente a los privados. Pero el resultado económico es evidente. La obligación permanece, desaparece el competidor público y la demanda queda servida para un grupo reducido de empresas que pueden cobrar por cada control, traslado, reparación, nueva inspección, calibración o aprobación de modelo.

Lenor no es la única habilitada. También aparecen Weisz, Shitsuke y otros prestadores según cada actividad. Pero ninguna de esas menciones elimina la pregunta central: ¿cuántas empresas poseen un alcance comparable al que obtuvo Lenor, desde qué fecha y qué porcentaje efectivo del mercado controla cada una?

Hay otro dato sensible. Lenor figura como socia del Organismo Argentino de Acreditación, la OAA, igual que Weisz y Shitsuke. Eso no significa que maneje el organismo ni que participe de la decisión sobre su propia acreditación. Pero obliga a conocer los procedimientos de recusación e imparcialidad aplicados. La presidencia de la OAA, además, es designada por la Subsecretaría de Política Industrial del Ministerio de Economía.

Sólo la verificación periódica de aproximadamente 45.000 bocas de expendio representaría un mercado potencial de entre $3.400 millones y $4.500 millones anuales, utilizando valores de entre $75.000 y $100.000 por unidad.

No es la facturación comprobada de Lenor y depende de confirmar cantidad, frecuencia y precios.

Pero tampoco incluye reparadores, viáticos, verificaciones primitivas, aprobación de modelos, balanzas, cinemómetros, termómetros, medidas de capacidad ni otros servicios abiertos a los privados.

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FUENTE: X y Urgente24