No es lo que opinan las autoridades, tanto de la Armada Argentina como de la Prefectura Naval, que opinan que en 2021 no ocurrieron intrusiones dentro de las 200 millas marítimas de recursos marinos.
ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA
Zafra del calamar: La CSJN pide a la Procuración opine sobre "pesca ilegal y depredación"
La Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó un “amparo colectivo ambiental” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para “frenar la pesca ilegal y depredadora” en la Zona Económica Exclusiva Argentina y sus áreas adyacentes.
19 de abril de 2021 - 23:32
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Ellos dicen, además, que en 2020 hubo 3 intrusiones, y que el patrullaje es cada vez mayor, e incluirá en breve al menos 2 navíos que se incorporan al Mar Argentino.
También afirman que la zafra de langostino en curso la realizan quienes tienen los permisos de pesca.
Y que la pesca ilegal es una contravención, no un delito, a menos que el infractor se de a la fuga.
En cuanto al volumen autorizado de pesca, no es un tema competencia ni de la Armada ni de la Prefectura.
Al parecer el volumen autorizado es parte de una presentación judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La causa judicial fue caratulada “Ferrara, Pablo y otro c/ Estado Nacional y Otros s/ Amparo Ambiental”, bajo el expediente N° 281/2021.
La demanda se planteó bajo el paradigma de los Derechos de la Naturaleza.
El abogado Ferrara y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, a través de su presidente, el abogado Jonatan Baldiviezo, presentaron la acción de amparo colectivo ambiental.
Ferraro y el Observatorio exigen que se ordene al Estado Nacional realizar acciones para obtener el cese del daño ambiental que genera la actividad sistemática de pesca ilegal y depredadora en la Plataforma Continental, la Zona Económica Exclusiva y su área adyacente.
No es un tema sencillo. Ferrara y el Observatorio no parecen haber contemplado qué sucede con el Reino Unido y la Zona Económica Exclusiva de las islas Malvinas/Falkland y Georgias del Sur.
Datos
La flota de 70 buques operando sobre el 41°Sur y 57° Oeste, con rendimientos iniciales cercanos a 30 toneladas diarias de ejemplares, resulta un interrogante.
Desde el Proyecto Cefalópodos del INIDEP monitorean la evolución de la temporada y presentaron recientemente el informe con los resultados centrales de lo que mostró la zafra desde el 1 de enero hasta el 4 de marzo.
¿Qué hacer con la flota potera extranjera que operando fuera de la Zona Económica Exclusiva?
En aguas adyacentes a la milla 200, en las semanas 8 y 9 operaron hasta 338 barcos poteros, en los rectángulos 4660, 4662, 4560 y 4562: 90% de las capturas.
Luego, en febrero, la flota se desplazó hacia la plataforma externa al sur del paralelo de 46° Sur: rectángulos 4663 y rectángulo 4563.
En marzo, la flota operaba en torno a los rectángulos 4761 y 4762.
Desequilibrio
La demanda afirma que la sobrepesca “amenaza letalmente el desarrollo sostenible y la existencia y de varias especies marinas, entre ellas la del calamar” que es “capturada y depredada ilegalmente, con total impunidad, por flotas pesqueras extranjeras con peligro para su existencia y debida reproducción”.
Según el texto, “en aguas soberanas bajo control del Estado Nacional se está gestando un desequilibrio al ecosistema a través de una práctica ilegal, depredatoria y prescindente de toda concepción geocéntrica o ambientalista”.
El Observatorio ha realizado campañas sobre temas tan diversos como un Ingreso Ciudadano Universal e Incondicional para la Argentina o el impedimento de Costa Salguero como un espacio para construcciones privadas.
En el Observatorio aparecen profesionales tan heterogéneos como la psicóloga especialista en salud y educación infanto juvenil, Paola Urquizo; las arquitectas Marta Stolkiner y Sandra Inés Sánchez, y los abogados Ana Fernández Borsot, Alejo Caivano, Jonatan Emanuel Baldiviezo.
Algunos afirman que el trasfondo del reclamo es el debate geopolítico entre China y USA en el Océano Atlántico Sur.
Los ambientalistas lo niegan.
Dicen que la Argentina no ha coordinado una política pesquera regional ni ha ejercido sus facultades para preservar los recursos ictícolas.
La Corte Suprema le ha solicitado a la Procuración General que opine sobre el reclamo recibido.