ANDIS: El 2do. de Spagnuolo dijo que hablaba de ofrendas porque es religioso

Según explicó, las "ofrendas" no se referían a coimas sino que se trata de un lenguaje simbólico que, aseguró, era la manera habitual de comunicarse con Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, y que responde a un contexto estrictamente religioso que compartiría con ambos.

Cabe recordar que Garbellini fue director nacional de Acceso a los Servicios de Salud y está acusado de haber sido uno de los jefes de la asociación ilícita que habría operado en la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión libertaria.

En un descargo escrito que presentó recientemente en los tribunales de Comodoro Py, el ex funcionario negó las acusaciones y apeló a la religión para explicar por qué trataba como “hermano” Calvete -acusado de corrupción- y le informaba las “ofrendas de esta semana” a Atchabahian, exsecretario de Salud del Municipio de Pilar y exdirector de ANDIS entre 2018 y 2019, otro beneficiario de los desvíos millonarios que investiga el fiscal Franco Picardi.

Junto a estos tres, Diego Spagnuolo completa la mesa de los cuatro presuntos líderes de la banda que señala la fiscalía en su acusación. Según plasmó el fiscal Picardi en un dictamen de 228 páginas al ampliar las indagatorias, la palabra “ofrendas” aludía de forma inequívoca a retornos de dinero o dádivas derivadas de las adjudicaciones direccionadas en el sistema de compras SIIPFIS.

"Todos somos hijos de un mismo Dios"

Según detalló Garbellini en el escrito, conoce a Atchabahian desde el año 2010 a través del Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI). El ex funcionario explicó que en ese ámbito espiritual es común el uso del “parentesco ritual”, un giro lingüístico por el cual personas sin lazo biológico se tratan de “hermanos” o “familia” para consolidar la confianza mutua.

“Mi trato con él no es íntimo. Pero acaso hemos tenido intercambios donde nos prodigamos el trato de ‘hermanos’, ya que en la fe, todos somos hijos de un mismo Dios ”, se defendió Garbellini, que cuenta con la representación de los abogados Agustín Biancardi y Martín Olari Ugrotte.

Bajo esa misma lógica espiritual, Garbellini sostuvo que el término “ofrenda” constituía un lenguaje simbólico propio de la comunidad religiosa y no una referencia a coimas.

Sucede que en el celular del acusado, el fiscal encontró una conversación en la que le enviaba a Calvete un cuadro con nombres de empresas proveedoras de insumos con montos “a cobrar”, según surge del dictamen.

Miguel Ángel Calvete.

Para la fiscalía, Garbellini le estaba rindiendo cuentas al principal acusado de mover los hilos de la corrupción en la ANDIS, con un listado que muestra “dinero que empresas propias y ajenas debían cobrar, respecto de las cuales Miguel Ángel Calvete obtendría un rédito espurio por habilitarles su participación irregular en el SIIPFIS, que luego también implicaba retornos a funcionarios públicos”.

Garbellini afirmó que le envió la imagen del listado a Calvete ante sus insistentes reclamos telefónicos por deudas que el organismo mantenía con sus empresas. Según su versión, los proveedores solían presionar con discursos moralistas y “sermones cargados de retórica pesada” sobre la necesidad de cobrar para no interrumpir las entregas de insumos vitales, por lo que él simplemente remitió la foto para confirmar que el pago estatal ya se había acreditado en las cuentas bancarias.

Sin embargo, según el fiscal Picardi, Garbellini suministró a Calvete “flujos de información privilegiada de los procesos de compra y de pago de la ANDIS para garantizar un resultado previamente acordado, que no es otro que el obtener ganancias extraordinarias en detrimento del erario público”. Todo esto a cambio de coimas.

Garbellini desmintió las acusaciones del fiscal

“Esto no es así. No sucedió. Nunca sucedió. Y a lo largo de todo el dictamen no se ha hecho referencia alguna a probanza que permita sustentar tales aseveraciones”, refutó el acusado.

El descargo de Garbellini se estructuró sobre una serie de desmentidas a los pilares de la acusación fiscal. En primer lugar, el ex director cuestionó que lo señalen como jefe de una banda criminal que operó desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025. Argumentó que existe una imposibilidad temporal insalvable para imputarle dicho rol, dado que él asumió su cargo en la ANDIS recién en junio de 2024, siete meses después del inicio de la supuesta organización.

Según el fiscal, su desembarco en el organismo sucedió gracias a Atchabahian, que estaba buscando volver a hacer pie dentro de la ANDIS al menos desde 2022. Atchabahian fue jefe de Garbellini en dos oportunidades: en 2015 en el Ministerio de Salud bonaerense, y entre 2018 y 2019 en la ANDIS. Compartieron el grupo de WhatsApp “Grupo Museo” junto a otros imputados en la causa.

De allí la influencia que el fiscal le atribuye a Atchabahian sobre Garbellini, quien habría recibido órdenes de este que impactaron en la gestión de la Agencia.

“Atchabahian es un ‘mandado’, ‘un librepensador’ que opinaba unilateralmente, y que, al haber sido en otras oportunidades superior jerárquico, pudo creer -erróneamente- estar ayudando con sus consejos o comentarios”, se defendió el segundo de Diego Spagnuolo.

El ex funcionario también calificó de “irreales” y producto de un “error de tipeo” los informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que le atribuyen a su esposa, Romina Peloni, consumos por más de $9.000 millones en 2024 y más de $4.000 millones en 2025.

Aseguró que sus ingresos y los de su cónyuge provienen de sus sueldos legítimos, de su actividad profesional privada y del alquiler de diversos inmuebles familiares en Avellaneda y Mar del Plata, todos debidamente declarados ante la Oficina Anticorrupción y el fisco. De hecho, presentó un listado de nueve propiedades que tiene en alquiler y le generarían ingresos mensuales.

ANDIS: 18 procesamientos confirmados

La semana pasada, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de 18 acusados en la causa por presuntos sobornos en la ex ANDIS, entre los que figuran Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Angel Calvete y Pablo Atchabahian.

El Tribunal de Apelaciones, con los votos de los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, dio por probada la existencia de una “asociación ilícita conformada por funcionarios públicos y particulares”.

Además consideró probado que hubo “direccionamiento de contrataciones a favor de determinadas empresas” en la compra de medicamentos de alto costo para sectores vulnerables con “pago de sobornos a funcionarios”, entre ellos el propio Diego Spagnuolo. Esa fue la base de la acusación del fiscal que lleva el caso, Franco Picardi.

Karina Milei, los Menem y Diego Spagnuolo. Todos mencionados en el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Los procesamientos habían sido resueltos por el anterior juez del caso, Sebastián Casanello en febrero pasado, ya que la causa tramita en el juzgado federal 11 que está vacante y ahora es subrogado por Ariel Lijo, quien quedó a cargo de la investigación.

“La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, había sostenido Casanello en su fallo.

------------