A diferencia de Francia, donde los sindicatos salen a la calle a reclamar que el gobierno de Emmanuel Macron dé marcha atrás con la reforma previsional, en Argentina unos 2,3 millones de trabajadores pasivos no encuentran representación por parte de las organizaciones gremiales para manifestar su descontento por la quita de un equivalente a US$ 3.300 millones, como la contenida en la ley de emergencia con la suspensión del mecanismo de movilidad de jubilaciones y pensiones.
Tampoco los bonos y sumas fijas que recibieron los 4,5 millones que cobran la mínima les sirvió para acercarse a lo que cuesta la canasta del jubilado, ya que así y todo apenas le cubre un 37%.
PRIMERAS RISPIDECES DE LA EMERGENCIA
Comienza una quincena clave, con chacareros sindicalizados y jubilados judicializados
Los 2 principales sectores elegidos para aportar a la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva son, en primer lugar, el jubilatorio y, a continuación, el agro. La protesta de este último ya se está haciendo sentir mediante tractorazos en Pergamino y Saliqueló, además de una amenaza cierta de cese de comercialización en granos y carnes, que trae reminiscencias de la crisis entre el kirchnerismo y el campo en 2009. En el caso de la clase pasiva, a diferencia de lo que sucede en otros países, como Francia, la denominada burocracia sindical no la representa y, por lo tanto, no organiza resistencia callejera. A 2,3 millones de jubilados y pensionados que no están entre la mínima, alimentada en gran medida por las moratorias, ni entre los privilegiados que perciben más de $350 mil mensuales, los privarán de cobrar este año $ 4.800 millones en caso de no ser aplicado el suspendido ajuste del 25% en el semestre del congelamiento. El antecedente del 2003, cuando Néstor Kirchner era Presidente y aumentó sólo a las mínimas,derivó en una catarata de juicios de los afectados de la tercera edad que llega hasta nuestros días y superaron las 500 mil causas, todas perdidas por Anses. En cambio, los productores, nucleados en entidades gremiales poderosas y dueños de la mayor parte de las divisas que genera el país, optan por el ruedo político para enfrentarse con un gobierno que les subió la carga tributaria, tanto para la exportación como para oblar por su patrimonio rural.
13 de enero de 2020 - 08:23
Aunque les haya tocado una carga menor en el reparto, los productores agropecuarios bonaerenses, organizados en poderosas entidades empresarias, se preparan para un cese de comercialización en granos y carnes, en señal de resistencia a los aumentos del impuesto inmobiliario y a ingresos brutos, así como a la suba de los derechos de exportación del 24,7% al 30% a la soja y del 6,7% al 12% al trigo y el maíz, según advirtió el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) Matías de Velazco.
En cambio, con la nueva ley, las economías regionales tributan un 9% en conceptos de derechos de exportación, con la posibilidad de un incremento adicional del 3%, y las defiende la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Plazas cerealeras importantes como Pergamino y Saliqueló se convirtieron en epicentros de sendos tractorazos autoconvocados en la región núcleo productiva, a los que se agregó una marcha en Córdoba.
"Vamos a reducir nuestra producción, que hoy supera el millón de toneladas de granos, en por lo menos un 25%. Esto es un 25% menos de viajes de camiones, de consumo de combustibles, de movimiento comercial, de reparaciones, de venta de maquinaria agrícola y de sus repuestos", amenazaron en el texto de la protesta.
El choque del Frente para Todos con el campo, que en su mayoría votó por Juntos para el Cambio en los recientes comicios, se politizó, a tal punto que no se hizo esperar la represalia oficial: la Casa Rosada le tachó más de $35.000 millones de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por la oposición.
Salvo la Federación Agraria Argentina, las entidades ruralistas se pintaron la cara, aunque con mejor enjundia que en 2009, quizá porque Alberto Fernández está recién instalado en la Casa Rosada y lo diferencian de CFK y Axel Kicillof, aunque comparta la coalición.
Si ya había irritado a los productores que les incrementaran las retenciones, los aumentos segmentados en el impuesto Inmobiliario Rural de la provincia de Buenos Aires les colmó el vaso.
En el caso de los pequeños les toca el 15%, para los medianos la suba oscilará entre un 35 y 55%, incremento este último que equipara el mismo nivel de inflación de 2019.
El 75% del proyecto, para superficies mayores a 2.000 hectáreas y valuación fiscal superior a los $3 millones, aclaró la gobernación que sólo alcanza a 200 propiedades en toda la provincia.
La mitad de las propiedades recibirá aumentos por debajo del 65% si bien podrá acceder a descuentos del 20% si se paga de modo anual en una cuota.
Vaquitas lecheras
Los chacareros habían dicho too much el año pasado cuando la Administración Macri convirtió a las retenciones en el 61% de los ingresos tributarios registrados el mismo mes en concepto del impuesto a las Ganancias.
Considerando una inflación del 52.1%, el crecimiento de la recaudación por derechos de exportación había sido de 162% respecto el mismo mes de 2018.
Y cuando veían venir que el gobierno de Fernández redoblaría esa tributación se apuraron a liquidar gran parte de la cosecha en curso.
Los agricultores se quejan de que la participación del Estado para el promedio de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol se fue del 56,4% anterior de septiembre de 2019 al 60,4% actual, de acuerdo con datos de la Fundación FADA.
En el caso de la soja es del 64,5%, en el maíz 53,9%, en el trigo 53,5% y girasol 62%.
La diferencia se explica en los impuestos y en la renta que genera cada uno: a menor rentabilidad es mayor la participación relativa de los impuestos.
Hasta antes del paquete impositivo tanto nacional como de provincias y municipios, de lo recaudado el 95,5% vas para AFIP, el 3,9% a las agencias provinciales y el 0,6% a las comunas.
El 62,1% de los impuestos nacionales no son coparticipables, mientras que el 33,4% sí lo es.
Así como el poder de movilización del campo fuera de las tranqueras y con desabastecimiento había puesto en jaque hace 11 años al gobierno del que Alberto Fernández era jefe de Gabinete, la medida que adoptó entre 2003 y 2006 Néstor Kirchner cuando aumentó solamente las mínimas, derivó en una resistencia judicial que se materializa desde entonces en una catarata de acciones legales apoyados en la jurisprudencia del caso Badaro c/ Anses.
Se pagan por año unos 40.000 juicios que promedian casi un millón de pesos por cada uno, mientras en las instancias inferiores se acumulan más de 150 mil expedientes por resolverse y en cuanto tengan sentencia definitiva sumarían al gasto público $7.000 millones por año que la ley de movilidad iba actualizando, sin contar retroactivos.
Según el presidente de la Federación de Jubilados Mendocinos, Edgardo Civit Evans, ahora el gobierno buscó ahorrar, a costa de la clase pasiva, $ 4.800.000.000, ya que en marzo hubiera correspondido aplicar a todos un incremento, que viene de meses atrás, del 25% tomando el índice de ajuste ahora suspendido por la Ley 27.541, de Solidaridad Social.
No entraron en el congelamiento los mínimos que en su gran mayoría ingresaron por moratorias, ni tampoco una minoría que goza de regímenes de privilegio y que cobran entre $ 350.000 y $ 600.000 por mes.
“Help International”, de USA, y el “Melbourne Index”, Australia, no distinguen entre unos y otros cuando consideran a los jubilados argentinos con menos ingresos y peor calidad de vida sobre un total de 60 países medidos.