Más presión para Milei: Piden derogar el decreto de Santiago Caputo y citar a periodistas

Uno de los primeros que se plantaron frente a la idea de Santiago Caputo, pero que redactó una funcionaria cercana al influyente asesor del mileismo, llamada María Ibarzábal Murphy, fueron sus propios aliados: el PRO.

En un comunicado que emitieron en las últimas horas, el bloque macrista le advirtió al Presidente de la nación sobre su error y sugirieron que “Debe mantenerse intacta” la Ley de Acceso a la Información Pública.

Sin embargo, a ese pedido se le sumó este jueves 5/9 la presentación de un proyecto de ley que propone derogar el decreto 780/2024.

Más presión para Milei

En los hechos, el proyecto de ley suscripto por los diputados de la Coalición Cívica: Victoria Borrego, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Paula Oliveto Lago, pide la derogación del decreto 780/24 por resultar contrario a la Constitución Nacional y los tratados internacionales así como por alterar el espíritu de la Ley N° 27.275 sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública.

En ese sentido, sobre la constitucionalidad del decreto el proyecto de ley plantea que “se debe tomar en cuenta no sólo si su contenido altera el núcleo central de la ley (o su espíritu, como dice la Constitución), sino también evaluar si el Poder Ejecutivo, so pretexto de reglamentar, termina por establecer una regulación autónoma y directa en la materia, lo que constituye una facultad propia del Congreso”.

Cabe recordar que esta semana el bloque de diputados nacionales de Encuentro Federal advirtió su preocupación por el DNU 780/2024 y a través de un pedido de informes impulsado por Margarita Stolbizer y acompañado por el jefe de bancada Miguel Ángel Pichetto (pero que también firmaron los diputados nacionales Emilio Monzó, Mónica Fein, Ricardo López Murphy, Oscar Agost Carreño, Nicolás Massot, Esteban Paulón y Juan Brügge), le pidieron explicaciones al Poder Ejecutivo para que detalle qué dependencias, organismos o expertos han intervenido en la redacción del decreto y si ha sido consultada la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), ya que se “restringe su función y se altera su sentido”.

“Entendemos que con esta medida el gobierno restringe el derecho de los ciudadanos a preguntar e informarse sobre los funcionarios públicos, quienes desde el momento en que toman la decisión de ejercer cargos en los que se administran recursos del Estado deben estar sometidos al control de la sociedad”, argumentaron en el pedido.

En esa misma línea, explicaron que “la reserva de información respecto del patrimonio, la agenda y los gastos de los funcionarios que plantea el Decreto 780/24 nos retrotrae a la opacidad del pasado, marcada por la corrupción y abusos de poder. De esta manera se debilita el funcionamiento de nuestra democracia y se genera una pérdida de confianza social en las instituciones”.

Y agregaron: “Desde Encuentro Federal seguiremos bregando por la transparencia en el funcionamiento del Estado, la consolidación de las instituciones públicas y la igualdad de derechos a todas las personas”, y cerraron que este pedido de informes fue dirigido a la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), máxima garante de derecho de acceso a la información pública, y a la Jefatura de Gabinete, de quien la AAIP tiene dependencia funcional.

Periodistas al Congreso

Al malestar por el polémico decreto se le suma también la presión por parte de la Comisión de la Libertad de Expresión en Diputados, que este jueves 05/09 se reunió y recibió, entre otros, a representantes del Foro de Periodismo Argentino y la Asociación de Periodistas de la República Argentina. Los invitados expusieron sobre su preocupación por las reiteradas y crecientes agresiones contra periodistas por parte del presidente Javier Milei.

En esa misma línea, la oposición reclamó por una lista de periodistas que quieren sean citados, como Joaquín Morales Solá, María O’ Donnell, Ernesto Tenembaum y Pablo Duggan, entre otros.

Cuántos casos de ataque a la prensa están registrados

Al exponer, Paula Moreno, presidenta de FOPEA, recordó que desde la organización se realiza un monitoreo sobre los casos que atentan la libertad de expresión y “si bien hemos tenido diferentes momentos, y a cada situación hay que darle un contexto, estamos preocupados en este último tiempo por una serie de situaciones que están ligadas no sólo con la agresión, sino con la agresión dirigida a periodistas, la exposición de colegas”.

“Al día de hoy hay 108 casos registrados de ataques”, detalló Moreno, al tiempo que resaltó que “lo que estamos viendo en este último tiempo es que hay un discurso estigmatizante, dirigido al periodismo en su conjunto y hacia los periodistas en particular. El 29% de estas agresiones están protagonizadas por el presidente de la Nación y un 11% por fuerzas de seguridad, en situaciones que en general se generan en coberturas”.

Y agregó: “El hostigamiento que se da por redes, con algún rebote también en determinados medios tradicionales, lo que finalmente logra es un clima de exaltación absoluta, y hace que muchos colegas no puedan desarrollar su trabajo como corresponde y, además, lo peor que nos puede pasar a los periodistas que es caer en autocensura”.