SANTA FE. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, realizó gestiones ante la Secretaría de Transporte de Nación y planteó la necesidad de que se regularice el pago de atributos sociales y comisiones SUBE, luego de que el gobierno de Javier Milei reconociera un retraso en la liquidación de fondos.
FEDERALISMO EN JAQUE
La grieta del transporte: La radiografía de la desigualdad que asfixia al interior
Mientras el AMBA concentró más de $1,6 billones en subsidios nacionales, Santa Fe recibió cero pesos para el transporte y reclama una deuda de $3.255 millones.
El transporte interurbano santafesino sufre el ajuste del Gobierno.
Subsidios al transporte: La deuda que Provincia le reclama a Nación
Según información que maneja la administración de Maximiliano Pullaro, a Santa Fe se le adeudan $ 3.255 millones, sin contar abril, que aún no está liquidado. En ese sentido, desde Casa Rosada manifestaron la intención de regularizar parcialmente durante los próximos días, priorizando los atributos sociales por ser el monto más importante. Al respecto, Puccini se pronunció:
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A su vez, recordó que Santa Fe continúa siendo discriminada en materia de subsidios al transporte, y que pese a compromisos asumidos anteriormente por Nación de ampliar el sistema y sumar lectores de SUBE, en la actualidad hay un 25,4% de los santafesinos usuarios de colectivos que no acceden a los beneficios de SUBE, es decir a los atributos sociales como por ejemplo el descuento para empleadas domésticas, jubilados o excombatientes de Malvinas.
Por otro lado, desde la Secretaría de Transporte y Logística detallaron que existen 30 empresas de transporte en la Provincia que no cuentan con sistema SUBE, de un total de 40 compañías, generando así ciudadanos de primera y de segunda dentro de la propia provincia.
Distribución desigual
La Provincia viene denunciando de manera sostenida la desigualdad en la distribución de subsidios nacionales. En abril de 2026, la vocera provincial Virginia Coudannes hizo memoria en que entre 2024 y lo que va de 2026 la administración nacional destinó cero peso a Santa Fe, mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires concentró más de $ 1,6 billones en subsidios al transporte.
En contrapartida, el gobierno de Pullaro debió sostener el sistema con recursos propios, destinando más de $193.000 millones en el mismo período, a través de herramientas como el Boleto Educativo y el Boleto Educativo Rural, que alcanzan a cientos de miles de estudiantes, docentes y asistentes escolares.
"Santa Fe aporta al sistema nacional y exige igualdad: que se pague lo que corresponde y que se habiliten los beneficios que ya están listos. La deuda con nuestra Provincia es también una deuda con la equidad federal", cerró Puccini.
Discapacidad y trazabilidad
Otro eje prioritario de la presentación fue el pedido de la implementación inmediata en la tarjeta SUBE de los pases para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Este sistema permitiría aplicar el beneficio directamente sobre la tarjeta, contar con datos reales de uso y garantizar transparencia en la gestión.
Sobre eso, Nación informó que el desarrollo tecnológico ya está resuelto desde hace meses, pero aún faltan movimientos administrativos para implementarlo. Por ende, la secretaria Mónica Alvarado sostuvo que "La inclusión requiere decisiones rápidas; la trazabilidad en SUBE es una herramienta disponible y debe ponerse en marcha de inmediato, porque cada día de demora significa un derecho vulnerado".
Por su parte, el subsecretario, Jorge Henn aseguró que "Las empresas necesitan certezas para sostener recorridos y garantizar el servicio; sin subsidios regulares y sin herramientas de inclusión, la movilidad de miles de santafesinos queda comprometida".
En problemas
En la antesala, la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de Santa Fe recibió a representantes de las cámaras empresarias del transporte interurbano, quienes plantearon la compleja realidad económica que atraviesa el sector.
En representación de la Asociación de Transportistas de Pasajeros (ATAP), Rodolfo Wagner explicó que junto a CETRAM -la entidad que nuclea a firmas de la zona sur provincial- expusieron ante los legisladores una serie de problemáticas que afectan al sistema de transporte público de pasajeros.
"No podemos esperar ocho, nueve o diez meses para un incremento tarifario porque en ese tiempo las empresas se desfinancian", sostuvo. En ese sentido, propuso que las tarifas puedan revisarse cada dos meses con ajustes mínimos vinculados a la inflación y los costos operativos.
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