SANTA FE. Desde la mañana de este viernes (21/3), la Gendarmería Nacional realiza veinte allanamientos en domicilios vinculados a Vicentin. La investigación tiene el objetivo de desentrañar las actividades financieras del grupo empresarial que ha estado envuelto en graves problemas económicos.
ASOCIACIÓN ILÍCITA, FRAUDE Y MÁS...
Vicentin: Allanamientos y detención por presunta estafa millonaria
Este viernes se llevaron adelante 20 allanamientos en el marco de la investigación por delitos económicos relacionados con la quiebra de Vicentin.
21 de marzo de 2025 - 14:44
Gendarmería Nacional ha desplegado una serie de allanamientos en Santa Fe y Buenos Aires, relacionados con la investigación a exdirectivos de Vicentin.
Según indicó el periodista local, Germán de los Santos, tiene que ver con la declaración como "arrepentido" del ex Jefe de la AFIP de Rosario, Carlos Vaudagna.
Allanamientos por delitos económicos y detención
Los operativos fueron solicitados por los fiscales provinciales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, de la Oficina de Delitos Económicos de la Fiscalía regional. Las investigaciones se llevaron adelante en provincia de Buenos Aires, CABA (3), Reconquista (3), Rosario (4) y Avellaneda (9). Dentro de los que fueron realizados en territorio santafesino detuvieron a Daniel Buyatti, expresidente de Vicentin, y a Roberto Gazze, integrante del directorio.
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Estos allanamientos están relacionados a una investigación que comenzó en 2020 por los delitos de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta relacionados a la empresa.
Los fiscales acusan a los exdirectivos de ocultar la verdadera situación financiera de Vicentin, mediante balances falsos y maniobras fraudulentas. Asimismo, se les imputa haber engañado a bancos internacionales con informes financieros falsos, obteniendo créditos por más de 500 millones de dólares.
La caída de Vicentín, que derivó en un concurso de acreedores que ya lleva más de cinco años, habría sido planeada por una organización criminal con el objetivo de apropiarse de enormes sumas de dinero. Por ende, las autoridades intentan recuperar parte de esos fondos, tanto en efectivo como en bienes, algunos de los cuales ya habrían sido transferidos a testaferros.
Vicentin paga, pero el conflicto persiste
En las últimas semanas, la empresa quedó en el centro de la escena por los problemas para pagar a sus empleados en la planta que tiene en la localidad de San Lorenzo. Esto tuvo lugar luego de la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de no aprobar la oferta que había presentado la compañía tras haber defolteado para reordenar la situación con parte de sus acreedores.
Después de intensas protestas y la presión ejercida por los sindicatos aceiteros, Vicentin anunció que pagará los salarios adeudados a sus trabajadores correspondientes al mes de febrero.
Tal lo informó Urgente24, si bien el abono de la deuda se completará entre el 20 y el 26 de este mes permitiendo a los empleados retomar sus tareas, mantendrán el estado de alerta ante posibles futuros conflictos.
Causa judicial
La causa judicial que involucra a Vicentin sumó un nuevo capítulo con la intervención de la Corte Suprema de Justicia provincial. Dicha resolución había revocado una sentencia de primera instancia y ordenado la homologación del acuerdo preventivo de acreedores de la empresa.
Ante esta decisión, la defensa de Vicentin, representada por Guido Javier Ferullo con el patrocinio de los abogados Ricardo Gil Lavedra y Maximiliano Toricelli, interpuso un Recurso Extraordinario Federal (REF) para que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En este contexto, el fiscal de Cámaras N° 1, Miguel Ángel Molinari, se pronunció a favor de la admisibilidad del recurso, argumentando que el fallo de la Corte santafesina presenta cuestiones federales de relevancia. Entre sus fundamentos, destacó la existencia de una "gravedad institucional", debido al impacto económico y social de la empresa en la generación de empleo y producción.
A su vez señaló que la resolución de la Corte de Santa Fe contiene afirmaciones dogmáticas y se aparta del texto legal y las constancias del expediente, lo que, según su análisis, configura una causal de arbitrariedad. También advirtió sobre una posible vulneración de garantías constitucionales como el principio de igualdad, el derecho de defensa y el acceso a la jurisdicción.
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