Para Idesa, la morosidad no es un problema (imitando a Toto Caputo)

Que la industria de la construcción se ha derrumbado no es una novedad. Que ese comportamiento negativo impacta en la actividad de la economía en su conjunto, tampoco. El centro de estudios Idesa -cofundado por el schiarettista Osvaldo Giordano, ex titular del ANSeS de Javier Milei y hoy día titular del Ieral, de la Fundación Mediterránea-, propone aplicar dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para financiar las transferencias de inmuebles y así activar la industria de la construcción.

Que Luis Caputo se encuentre realizado otras de sus iniciativas con destino errado, es previsible. Caputo vive su ocaso. Pero que Idesa no corrija el rumbo, sorprensa.

Al parecer, Idesa ha decidido omitir 3 datos fundamentales:

El agotamiento de la capacidad de endeudamiento de la mayoría de las familias argentinas, que es el origen de la morosidad en curso;
La persistencia de tasas de interés activas positivas (superan a la tasa de variación de los precios); y
La inminencia del año electoral, período en el que es inevitable la dolarización de los recursos de quienes tienen excedentes.

Entonces, la de Idesa parece más bien un voluntarismo extremo, aplicado a agradar a Caputo, quien expulsó de ANSeS a Giordano por discusiones sobre la gestión del FGS....

Es cierto que en estos días hay informes sosteniendo que la morosidad de familias (no de pymes) entró en meseta por las refinanciaciones ofrecidas por algunos bancos pero eso no corrige el problema de fondo del comportamiento negativo, que se relaciona con el problema del empleo y del poder adquisitivo.

Por último, la recuperación de la obra pública asistiría mucho a la industria de la construcción.

Horrorosa la estigmatización de la obra pública realizada por Milei, Luis Caputo y sus satélites intelectuales.

De todos modos, como ejercicio intelectual, aquí va la propuesta de IDESA:

Idesa

Un fenómeno conocido que genera mucha pérdida de bienestar en Argentina es el déficit de viviendas.

El rompimiento de los contratos en el 2002 hizo que los créditos hipotecarios se hicieran muy escasos, de muy corto plazo y muy onerosos.

El resultado es que en el año 2004 había un 83% de propietarios y un 17% de inquilinos.

En la actualidad hay 75% de propietarios y 25% de inquilinos.

Mientras, en el sector de la construcción se perdieron 63.000 puestos de trabajo desde noviembre del 2023 a la actualidad. Esto equivale a aproximadamente un cuarto de la reducción total en el empleo privado formal.

Por otro lado, el FGS –conformado con los ahorros previsionales que estaban administrados por las AFJP– cuenta actualmente con unos US$ 75.000 millones. Casi un 80% está invertido en títulos públicos y el restante en otros tipos de inversiones, donde la mayor proporción son acciones en empresas privadas.

En este contexto, el gobierno anunció que se está estudiando la alternativa de usar parte del FGS para aumentar los créditos hipotecarios para la construcción de viviendas.

¿Qué impactos podría tener el FGS como factor dinamizador del empleo en la construcción?

En base a un ejercicio de simulación se pueden aproximar los siguientes resultados:

Según un estudio de la CEPAL, en Chile por cada US$ 1 millón invertidos en la construcción de vivienda se generan 23 empleos anuales directos en la construcción.
Esto implica que para recuperar los 63.000 empleos perdidos en la construcción se necesitaría invertir aproximadamente US$ 2.700 millones.
Este monto equivale a alrededor del 4% del FGS.

Estos datos muestran que con una pequeña reasignación de recursos del FGS se puede hacer una contribución muy importante a la recuperación del empleo en la construcción y a paliar el déficit de viviendas.

Además, el mismo estudio de CEPAL en Chile –país comparable con Argentina– señala que la inversión en viviendas genera un 50% adicional de aumentos en empleos indirectos (industria, comercio y servicios).

Esto implica que el uso más inteligente del FGS podrían generar unos 100 mil puestos de trabajo adicionales (sumando los empleos directos e indirectos).

Esto equivale a más del 40% de las pérdidas totales de empleos privados formales que se acumulan desde noviembre del 2023. El diseño del FGS es inconsistente ya que no se usa para fines previsionales.

Por ejemplo, la ley impide que se use para cancelar los juicios previsionales con condena firme o pagar las deudas con cajas provinciales no transferidas. Este vacío permite que sus recursos se usen para financiar al Estado nacional, comprar acciones de empresas privadas y otras inversiones.

En general, la rentabilidad histórica ha sido muy baja, la designación de directores desde el Estado en empresa privadas muy perturbadora y discrecional y los riesgos de corrupción muy altos (como fue el caso de los seguros para los préstamos a jubilados).

Más allá de la necesidad de revisar integralmente el FGS, en el corto plazo y con una afectación marginal del total de sus recursos se podría lograr un impacto muy positivo.

La forma de canalizarlo es dando financiamiento a los bancos públicos y privados que ya tienen montada la tecnología de gestión de créditos hipotecarios para vivienda.

Los créditos deberían ser para familias que no sean dueñas, a plazos largos (más de 20 años) y a una tasa de interés moderada (por ejemplo, UVA más 5%) de manera que la cuota no sea muy diferente al costo actual de un alquiler.

Para el FGS quedaría una rentabilidad superior a la histórica y menos riesgo que las inversiones actuales.

Por otro lado, el sector de la construcción tiene capacidad ociosa de manera que puede reaccionar rápidamente ante un aumento en la demanda de viviendas.

Pero los impactos más importantes son reducir el déficit habitacional y reactivar el empleo de una manera casi inmediata.

En los países bien organizados los ahorros previsionales son el principal sostén de los créditos hipotecarios para vivienda.

En la Argentina es prioritario reformar el sistema previsional y darle consistencia al FGS. Mientras tanto, con una pequeña asignación del FGS a créditos hipotecarios se puede dar respuesta rápida a los déficits de vivienda y empleo.

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