Morosidad en Argentina: 12,7% de las familias ya no pueden pagar sus deudas

La desaceleración de la inflación, un logro destacado del gobierno de Javier Milei, revela una contracara preocupante: el incremento en la morosidad y un fuerte deterioro de la capacidad de pago de las familias argentinas, evidenciando desafíos económicos subyacentes en morosidad.

Mientras el Ejecutivo celebra la estabilidad de precios como señal de normalización, los indicadores financieros muestran que millones de hogares quedaron atrapados en deudas contraídas bajo un escenario económico radicalmente distinto.

Durante años, el crédito en Argentina operó con una lógica simple: la inflación licuaba el valor real de las cuotas. Sin embargo, el cambio de régimen económico dejó préstamos con tasas nominales elevadas en un contexto de menor inflación y salarios que, en amplios sectores, no lograron recomponerse al mismo ritmo. El resultado es una escalada inédita de la morosidad.

Según un informe de la consultora 1816, basado en datos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU), la mora de los créditos a las familias alcanzó 12,7% en mayo, completando 19 meses consecutivos de aumento, según publicó Clarín.

La magnitud del deterioro es significativa: en octubre de 2024 la irregularidad era de apenas 2,5%, lo que implica que el índice se multiplicó por más de cinco en menos de dos años, un fenómeno que no registraba antecedentes desde la crisis posterior a la convertibilidad.

El impacto de la mora crediticia en los bancos

Los datos de Equifax profundizan ese diagnóstico. En apenas doce meses, 2,4 millones de argentinos ingresaron a la categoría de deudores con atrasos superiores a 90 días. De esta manera, el país suma actualmente 5,7 millones de personas con incumplimientos significativos. La proporción de usuarios con al menos un producto crediticio en mora pasó del 17% al 27%, lo que significa que casi uno de cada tres tomadores de crédito enfrenta serias dificultades para mantenerse dentro del sistema financiero formal, afectando la cartera de los bancos.

El deterioro también se observa en términos monetarios. La participación de la deuda impaga sobre el total del sistema trepó del 3,3% al 10,4% en apenas un año, triplicando su peso relativo.

El fenómeno golpea especialmente a los jóvenes. Entre quienes tienen entre 18 y 25 años, el 37,9% registra algún crédito irregular, mientras que en el segmento de 26 a 35 años la cifra asciende al 39,3%. En muchos casos no se trata de grandes préstamos, sino de pequeñas deudas de consumo cotidiano que deterioran rápidamente el historial crediticio y condicionan el acceso al financiamiento futuro.

"La mora cambió de naturaleza. Ya no está asociada a gastos extraordinarios, sino al supermercado y al pago de servicios básicos con tarjeta", sostiene Ariel Kaplan, senior partner de Brain Network, con el mismo medio. El especialista advierte que la pérdida de poder adquisitivo en sectores como la construcción, el comercio y la industria llevó a muchas familias a priorizar el pago de la luz, el gas o el alquiler antes que las cuotas bancarias.

¿Qué estrategias implementan los bancos ante el aumento de los ingresos impagos?

Frente a este escenario, el sistema financiero comienza a buscar mecanismos de contención. Mientras los bancos privados restringen el otorgamiento de nuevos préstamos tras la fuerte expansión crediticia de 2024, el Banco Ciudad impulsa un programa de refinanciación destinado a una cartera morosa estimada en $1,76 billones, de los cuales $1,3 billones corresponden a préstamos personales y tarjetas bancarias y $490.000 millones a créditos otorgados por fintechs y emisores no bancarios, impactando los ingresos proyectados.

Sin embargo, la eficacia de estos programas también genera dudas. Fuentes del sector financiero estiman que un préstamo refinanciado luego de superar los 90 días de atraso presenta una probabilidad cercana al 40% de volver a caer en incumplimiento.

El rol del BCRA en la gestión de la deuda familiar

Los números plantean un interrogante incómodo para el Gobierno. Si bien la desaceleración inflacionaria constituye un cambio de régimen económico, la estabilidad de precios por sí sola no alcanza para recomponer la situación financiera de los hogares. Con salarios que aún no recuperan plenamente su poder de compra y un crédito cada vez más difícil de sostener, la desinflación comienza a exhibir un costo social que las estadísticas oficiales de inflación no reflejan: el creciente endeudamiento y la exclusión financiera de millones de argentinos, con implicancias para el BCRA.