La inflación se dispara al 4,9% en España: Trump amenaza con agravar el golpe en Europa

España vuelve a enfrentarse a una escalada de precios que no se registraba desde la última crisis energética. El Índice de Precios al Consumo (IPC) saltó al 4,9% en septiembre, su mayor nivel desde febrero de 2023, y reflejó en los bolsillos el encarecimiento de los combustibles, la electricidad, el gas y una parte creciente de los alimentos.

El dato adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) representa un aumento de seis décimas respecto de agosto y confirma que la presión ya no permanece encerrada en las estaciones de servicio. Los productos energéticos acumulan una subida interanual del 21,6%, mientras los alimentos frescos aceleraron hasta el 5,8% y la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados por su volatilidad, avanzó al 3,1%. Los servicios se mantuvieron en un elevado 3,9% y los paquetes turísticos también contribuyeron al repunte porque sus precios descendieron menos que durante el mismo mes del año pasado.

El nuevo shock, sin embargo, no se detiene en la frontera española. Europa atraviesa una crisis de suministro provocada por la guerra en Irán, el prolongado bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques contra refinerías rusas, pero las decisiones de Donald Trump profundizaron la incertidumbre. Washington intervino directamente en el conflicto que alteró las rutas energéticas y ahora estudia restringir las exportaciones estadounidenses de diésel para contener los precios internos, pese a que Estados Unidos se convirtió en el principal proveedor del continente. Bruselas ya pidió mantener abierto ese flujo por temor a un invierno todavía más costoso. Así, una estrategia diseñada para proteger al consumidor norteamericano amenaza con encarecer el transporte, la producción y la cesta de la compra europea, mientras el Gobierno español prepara un tercer paquete de ayudas para contener un impacto que ya comenzó a propagarse por toda la economía.

Del surtidor a la cesta: así se traslada el golpe energético

El origen inmediato de la escalada aparece en las estaciones de servicio. Durante septiembre, la gasolina de 95 octanos registró un precio medio cercano a 1,88 euros por litro y el gasóleo A alcanzó los 1,87, pese a que este último contó con una bonificación de 20 céntimos. Llenar un depósito de 50 litros ronda así los 94 euros, un desembolso que afecta directamente a los conductores, pero también eleva los gastos de transportistas, agricultores y empresas encargadas de distribuir prácticamente cualquier producto.

La presión tampoco termina en los carburantes. La electricidad del mercado mayorista se encareció un 133,5% frente al mismo mes de 2025 y promedió 142,5 euros por megavatio hora, mientras el gas avanzó un 143,5% hasta situarse en torno a los 77,42 euros. El traslado a las facturas no es idéntico para todos los hogares, porque depende del contrato y de la tarifa elegida, aunque el incremento ya alcanza a consumidores expuestos al mercado regulado y amenaza con intensificarse durante el invierno.

Ese recorrido explica por qué el problema comienza a abandonar el terreno estrictamente energético. Producir, refrigerar y trasladar alimentos resulta más caro cuando suben el diésel, la electricidad y los fertilizantes, por lo que una parte de esos costos termina incorporándose al precio final. Los productos frescos ya muestran las primeras señales, mientras los elaborados, las bebidas y el tabaco todavía contienen el impacto, con un aumento mucho más moderado del 1,5%. La diferencia advierte que el traslado no ocurre de manera inmediata, pero también que puede continuar durante los próximos meses aunque el petróleo deje de encarecerse.

El deterioro alcanza además a unos salarios que todavía no recuperaron completamente el poder de compra perdido desde 2021. Durante el segundo trimestre de este año, el costo salarial medio aumentó un 0,8% respecto de los tres meses anteriores, exactamente la mitad que los precios del mismo período. El resultado fue una caída trimestral del salario real también del 0,8%: los trabajadores cobraron algo más en términos nominales, pero pudieron comprar menos. Por eso, el dato de septiembre no describe únicamente una variación estadística; anticipa una nueva reducción del dinero disponible después de pagar movilidad, servicios y alimentación.

Un buque atraviesa el estrecho de Ormuz, la ruta estratégica cuyo bloqueo parcial redujo el suministro mundial de petróleo y combustibles y elevó la presión inflacionaria sobre Europa.

FOTO: AFP

Europa paga la guerra y Trump redobla la presión energética

España se encuentra entre los países más expuestos, pero el encarecimiento ya atraviesa toda Europa. En agosto, último mes con una comparación armonizada completa, la inflación alcanzó el 3,2% tanto en la eurozona como en el conjunto de la Unión Europea, frente al 2% y el 2,4% registrados un año antes. La energía aportó por sí sola 1,29 puntos al indicador del bloque y España marcó entonces un 4,6%, antes del nuevo salto conocido en septiembre. El Banco Central Europeo (BCE) calcula ahora que la tasa continental podría llegar al 3,6% durante el último trimestre de 2026, casi el doble de su objetivo.

Detrás de esas cifras se encuentra una alteración extraordinaria del comercio mundial. La Agencia Internacional de la Energía situó el barril de Brent alrededor de los 105 dólares durante septiembre, un 45% por encima de su valor anterior a la guerra, pero advirtió que el verdadero cuello de botella aparece después de la extracción: en las refinerías. El diésel llegó a superar los 200 dólares por barril en Estados Unidos y se acercó a esos niveles en Europa y Asia, porque las exportaciones procedentes del golfo Pérsico permanecen severamente restringidas y los ataques ucranianos redujeron la capacidad rusa de procesar y vender combustibles.

La combinación resulta especialmente delicada para un continente que depende de las importaciones. Los países del Golfo enviaron durante agosto apenas una cuarta parte del diésel que exportaban antes del conflicto, mientras la oferta conjunta de esa región y Rusia se redujo en 1,6 millones de barriles diarios respecto de febrero. Esos proveedores representaban entonces cerca del 45% de todo el comercio marítimo mundial del combustible, una pérdida demasiado grande para ser reemplazada rápidamente por refinerías que ya funcionan cerca de su límite. La factura adicional tampoco es abstracta: la Comisión Europea calcula que la guerra entre Estados Unidos e Irán ya obligó a la Unión a gastar unos 100.000 millones de euros más en combustibles fósiles sin recibir un solo volumen adicional.

En ese mercado exhausto aparece Donald Trump. El presidente estadounidense estudia limitar o suspender las exportaciones de diésel para reducir los precios que pagan los transportistas y agricultores de su país, pero trasladaría el faltante hacia sus principales compradores. Cerca del 57% del combustible importado actualmente por la Unión Europea procede de Estados Unidos, convertido en un proveedor central desde que el bloque redujo su dependencia de Rusia tras la invasión de Ucrania. Bruselas ya expresó formalmente su preocupación y mantiene contactos de alto nivel con Washington para preservar el “flujo libre”, aunque por el momento no existe una escasez física dentro del continente.

La responsabilidad de Trump debe medirse con precisión: no originó por sí solo el 4,9% español ni concretó todavía la prohibición, pero su intervención en la guerra y la amenaza de cerrar una de las últimas fuentes capaces de compensar el déficit agregaron una prima política al precio de la energía. Los mercados no esperan a que una restricción entre en vigor para reaccionar; encarecen el producto cuando anticipan que podría faltar. Además, una medida concebida para proteger al consumidor estadounidense puede terminar perjudicándolo, ya que las refinerías podrían reducir su producción si pierden compradores y limitar simultáneamente la oferta de gasolina y combustible para aviones.

Europa queda así atrapada entre conflictos que reducen el suministro y decisiones externas sobre las que posee escaso control. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, sostiene que todavía no existe una espiral de salarios y precios como la observada en otras crisis, pero la institución ya reconoce que el shock energético irá filtrándose lentamente hacia los productos no energéticos durante los próximos meses. El riesgo no consiste únicamente en pagar más por llenar el depósito: si el diésel permanece caro, también aumentarán los costos de cultivar, fabricar, transportar y vender, prolongando la inflación incluso después de que el petróleo comience a bajar.

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