Juan Pazo / Sergio Iraeta, crisis en la trazabilidad electrónica del ganado vacuno

La polémica comenzó el 17/10/2024 cuando, mediante la resolución 71, publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Agricultura (Sergio Iraeta), con la colaboración de su pariente Juan Pazo (hoy en ARCA pero por entonces secretario coordinador del Ministerio de Producción), inició la licitación para el reemplazo de la trazabilidad analógica del ganado argentino, con vigencia desde el 01/03/2025. El objetivo es que el 01/07/2026 todo el rodeo se haya incorporado al sistema electrónico. Uno destacan de que permitirá más exportaciones. Pero otros consideran que no debería ser obligatorio, sino optativo.

El costo de US$ 25 millones lo paga el Estado, que obtuvo un préstamo del Banco Mundial y dividió el país en 11 regiones para un total de 23,55 millones de dispositivos llamados 'caravana', y 800 bastones de lectura. El ministro Luis Caputo y sus colaboradores afirman que permitirá abrir nuevos mercados para la carne vacuna tal como Japón, donde hoy día solo se puede vender carne de la Patagonia, que es libre de aftosa sin vacunación.

Los oferentes en competencia:

Vesta SA,
Carreteles Rafaela SA,
Villanueva SA,
Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Queclink Wireless Solutions Co.Ltda.,
Consorcio Datamars y
Lecvet SRL.

Según el diario La Nación, Datamars -de Suiza, líder global en identificación animal, que comandan Daniele Della Libera (CEO), Tobias Bissig (CFO) y Miranda Boon (Global HR)- ofreció el precio más bajo por dispositivo: US$ 0,88 para las regiones/lotes de 1 a 9. Y US$ 0,91 para las regiones/lotes 10 y 11.

Cortes vacunos listos para la cuota Hilton.

Ganar más mercados para la carne vacuna argentina es el objetivo.

"Pésimo Juan Pazo"

Sin embargo, Matías Longoni, en Bichos de Campo, considera que lo que está ocurriendo es pésimo,

que Datamars no pensaba ganar en todas las zonas y
que carece de capacidad suficiente para proveer los equipos en tiempo y forma.

Aquí su fundamento:

"Una de las empresas que tradicionalmente se dedicaba a la provisión de caravanas plásticas para la identificación de los bovinos en la Argentina, la local Carreteles Rafaela, reconoció que tuvo que despedir a parte de su personal debido a que en la licitación de las nuevas caravanas electrónicas convocada por el secretario Juan Pazo se impuso una multinacional suiza que casi no tiene presencia en el país y que, según rumores, ni siquiera tendría la posibilidad de responder con la cantidad de chips que prometió al gobierno.

Bichos de Campo había anticipado hace algunas semanas esta penosa situación, alertando que incluso -debido a estos desajustes- el gobierno de LLA decidió no poner fin todavía al proceso licitatorio (en la página web del Senasa no figura el acta definitiva de adjudicación del Préstamo BIRF 8867-AR), pese a que desde las oficinas que ocupaba Pazo en el Ministerio de Economía se están comunicando a los ganadores de la licitación los resultados por correo electrónico.

La licitación convocada por al Secretaría de Agricultura (que maneja un pariente político de Pazo, el productor Sergio Iraeta), abrió a mediados de noviembre los sobres con las ofertas económicas para proveer al Estado de las nuevas caravanas electrónicas exigidas por Senasa a los productores. Inexplicablemente Pazo decidió que en una primera etapa iban a regalar esas caravanas a todos los ganaderos, cualquiera sea su escala, y para cumplir con ese capricho se necesitaban adquirir 23,5 millones de dispositivos.

En los pliegos se estableció que las empresas podían hacer sus ofertas por cantidades y zonas, como para habilitar la posibilidad de seguir trabajando a todas, especialmente a las que ya desde principios del milenio se dedican a proveer localmente a los productores de caravanas plásticas numeradas, que también son de uso obligatorio. Pero sucedió que no se establecieron mayores reparos ni se reconocieron esos antecedentes, o la cantidad de mano de obra ocupada, o la necesidad de mayor cometencia. Y entonces sucedió que la empresa suiza Datamars se impuso por un mejor precio en todas las categorías.

Esto descolocó a los proveedores habituales de caravanas en el mercado local (la empresa Villanueva y la mencionada Carreteles Rafaela, pero también otras firmas menores), que de la noche a la mañana, debido a la decisión de un solo funcionario, se quedaron sin el pan y sin la torta. Es decir, como todo el universo de caravanas plásticas tradicionales deberá comenzar a ser reemplazado por las nuevas que tienen un chip electrónico, artificialmente desaparecerá el mercado que tenían. Y como el Estado adquirió 23,5 millones de caravanas (lo que alcanza al menos para dos zafras de terneros), no podrán volver a competir en el negocio por al menos dos años.

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Juan Pazo, muy cercano a Luis Caputo.

Datamars

(…) En la licitación convocada por Pazo e Iraeta, que incluyó el desvió de su destino original de un crédito del Banco Mundial por cerca de US$ 25 millones, todas las oferentes locales perdieron frente a un precio más bajo presentado por la suiza Datamars, que se presentó a concurso formando un supuesto consorcio con una filial local llamada Farm Tech Argentina SA (comparten el mismo domicilio en San Antonio de Areco y tienen actualmente menos de 10 empleados en el país).

Este grupo se alzó con todos la provisión de caravanas y dejó afuera al resto, por haber comprometido que proveerá al Estado Argentina cada chip a entre 0,88 y 0,91 dólar por unidad. El precio es ciertamente más bajo que el de sus competidores locales, que justamente dicen padecer del “costo argentino” y a los que les resultó imposible sostener un precio semejante.

“No se entiende porqué este gobierno (al que voté) decidió anular la competencia entre las partes e intervenir llamando a una licitación pública. También tengo cuestionamientos a la licitación en sí misma. Su diseño, planteando el precio como único criterio, favoreció a una gran empresa multinacional que no tienen estructuras dentro del país”, se quejó en público el representante de Carreteles Rafaela, quien sintetizó: “El resultado fue que todas las empresas nacionales quedamos fuera del servicio. El 100% de la licitación de caravanas fue otorgada a la única empresa que no fabrica tarjetas, ni enumera en la Argentina”. (…)".

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