Caminos del Río Uruguay S.A. de Construcciones y Concesiones Viales S.A. (Crusa) tiene la concesión del Corredor Vial 18, que abarca parte de las rutas nacionales 12, 14, 117 y 174, y se declaró en concurso preventivo, según se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Entre Ríos.
EN CONCURSO PREVENTIVO
"Ahogo financiero": La concesionaria del Corredor Vial 18 culpó al Gobierno
Caminos del Río Uruguay S.A. de Construcciones y Concesiones Viales S.A., concesionaria del corredor vial 18, se presentó en concurso preventivo y culpó al Gobierno por incumplir con los pagos establecidos por contrato.
"La empresa, que en los últimos meses fue varias veces sancionada por Vialidad Nacional por presuntos incumplimientos de los pliegos de concesión, formalizó la presentación al Concurso Preventivo de Acreedores el pasado 14 de febrero", publicó el sitio local 'La Pirámide'.
Pero la novedad fue comunicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos, en su edición del miércoles 22 de marzo.
La Justicia estableció la apertura formal de la instancia concursal desde el 1 de Marzo de 2023 y dio plazo hasta el 24 de Mayo de 2023 a los acreedores, para presentar "los títulos justificativos de sus créditos".
Según los plazos establecidos por el juzgado interviniente, con sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el síndico del concurso "presentará los informes que disponen los arts. 35 y 39 LCQ los días 11.07.23 y 06.09.23 respectivamente" y "la fecha para dictar el auto verificatorio vence el 08.08.23. La audiencia informativa se llevará a cabo el 18.03.24 a las 10".
El endeudamiento, ahora judicializado, por supuesto, acrecienta la incertidumbre respecto del futuro de la concesión de la Autovía Mesopotámica.
El comunicado
Pero en este marco, la empresa salió a denunciar falta de pago de la Dirección Nacional de Vialidad, y dijo que se hizo cargo de obras que le correspondían a la Nación.
Según informó en un comunicado, decidió "presentarse en concurso preventivo de acreedores ante la Justicia en atención al estado de cesación de pagos que padece, debido a los continuos incumplimientos, por parte del concedente, en este caso el Estado Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Nacional de Vialidad ( DNV)".
Según la denuncia de Crusa, el Gobierno no cumplió con "las obligaciones establecidas en el contrato de concesión", y esto "condujo a la compañía a una situación de impotencia patrimonial y de ahogo financiero".
La firma agregó que, a los incumplimientos, "se suma la falta de respuestas concretas de la DNV frente a las reiteradas presentaciones efectuadas por la empresa en sede administrativa y judicial, lo que generó un notorio desfinanciamiento para realizar la operación de la concesión, las obras necesarias, así como también brindar un servicio seguro acorde a la demanda de los usuarios que transitan el corredor".
Crusa denunció que el Estado no respetó el aumento tarifario establecido en el contrato de concesión. Y ejemplificó:
También, resaltó que "no recibió ningún tipo de subsidio que equilibre la falta de aumento de las tarifas de peaje frente a los incrementos de costos correspondientes al cumplimiento de las obligaciones de operación y mantenimiento del corredor vial, como es el caso de otras concesionarias viales".
Por el contrato de concesión, Crusa tiene derecho a una tasa interna de retorno (TIR) del 15,92%.
"El incumplimiento en la renegociación mantuvo de manera continuada el desequilibrio en la economía del contrato", alegó en el escrito con el que inició su concurso, presentado en el Juzgado 9, Secretaría 17 de la Justicia Nacional en lo Comercial.
La empresa explicó que, en el último año, solicitó más de 30 reuniones con la Dirección Nacional de Vialidad. Pero la gran mayoría (25) fue cancelada el mismo día del encuentro, sin previo aviso.
"Esto nos obligó a tener que llevar a cabo numerosas acciones judiciales a los efectos de obtener las soluciones necesarias para poder llevar adelante el contrato de concesión", explicó Crusa.
"Dejamos constancia que los tramos de duplicación ejecutados por la DNV desde Gualeguaychú hasta Paso de Los Libres entre 2011 y 2015, no fueron entregados a Crusa, con lo cual la responsabilidad estructural y el mantenimiento corresponden en la actualidad a la DNV. No obstante, hemos ejecutando obras que no correspondían en dichos tramos para salvaguarda de los usuarios del corredor", explicó en el comunicado difundido a los medios sobre la presentación judicial.
"No es que por un capricho de la empresa que entró en concurso preventivo", dijo el vocero de Crusa, Mariano Bradanini, en declaraciones a 'Radio Ciudadana', de Entre Ríos. Y agregó:
En el inicio del concurso, Crusa argumentó que, "pese a haber presentado (...) más de 46 pedidos de redeterminación tarifaria a los efectos de recomponer la TIR de 5,86%, el no haber otorgado el Estado Nacional ninguna recomposición tarifaria produjo que ante la inminencia de la finalización de la concesión hoy se debería otorgar un aumento de 4506,0%".
"El concedente (Estado Nacional) nunca otorgó los aumentos acordados en el contrato vigente sino que lo hizo discrecionalmente en cifras sustancialmente menores a las estipuladas", agregó.
"Es esta emergencia y la necesidad de salvaguardar la empresa, preservar la fuente de trabajo de sus 521 empleados, y poner un freno inmediato al agravamiento del cuadro de insolvencia", lo que motivó la necesidad del concurso, explicó.
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