Sin reforma de los impuestos al trabajo, historia de no acabar
"De cada 3 asalariados, 1 sigue en negro", no es un título nuevo. El diario Clarín lo utilizó hoy lunes 21701 pero el Instituto para el Desarrollo Social Argentino lo difundió el 19/06/2011, en su informe 394. El tiempo transcurrido provoca, obviamente, que la situación sea más grave. Pero antes el nuevo post de Guillermo LoCane:
21 de enero de 2013 - 11:47
CIUDAD DE BUENOS AIRES (El contador LoCane). Son jornaleros, changarines, asalariados, cuentapropistas y profesionales independientes que representan un tercio de la fuerza laboral ocupada.
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Según datos del Ministerio de Trabajo en la Argentina hay casi dieciséis millones de personas laboralmente ocupadas.De ese total, los que aportan y reciben beneficios sociales sumaban 10 millones y medio (66% del total). El restante 34% trabaja en la informalidad, lo que marca un guarismo imposible de aceptar para una sociedad que presume de haber dejado atrás la “emergencia” y alardea de un boom económico. El grueso de los registrados – 8,5 millones- son empleados en relación de dependencia Los profesionales o cuentapropistas suman más de 1,7 millones, distribuidos entre monotributistas –la amplia mayoría– y autónomos. Y otros 300.000 son aportantes del servicio doméstico.
Uno de los principales argumentos para este desatino, es el elevado costo que un empleado regularizado significa para su empleador, que está en el orden del 50% del sueldo bruto (computando todas las obligaciones legales). Según consideran muchos empresarios pymes, el costo de la “formalidad laboral” es imposible de afrontar y quizás parte de razón tengan. Este razonamiento es acompañado incluso por muchos de los propios trabajadores, sobre todo los más jóvenes, que no encuentran “sentido” a perder parte de su ingreso para solventar un estado que abusa de los actuales jubilados con resarcimiento escaso por decena de años de aportes.
Entre los que trabajan en negro, los sectores especialmente afectados son la construcción, servicios de hotelería y restaurantes, y el personal doméstico. Pero no deja de ser significativo que múltiples organismos oficiales apelen a diversos mecanismos de contratación para evitar los aportes previsionales, sumiendo a miles de trabajadores en la inseguridad laboral.
De los 10,5 millones de ocupados registrados, unos 3 millones se desempeñan en el sector público –nacional, provincial o municipal. Por lo tanto los ocupados por el sector privado suman 12,9 millones. Con lo cual la informalidad en el sector privado superaría el 41,5% del total.
A esto se agrega el llamado “trabajo esclavo”. La organización La Alameda y la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, denunciaron recientemente ante la Cámara Federal a la marca de ropa SOHO por presunto “trabajo esclavo en talleres clandestinos de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires”.
Un caso paradigmático: Más del 65% del personal del Ministerio de Trabajo no forma parte de la planta permanente. En el ministerio reconocen las irregularidades.
Ahora, aquel trabajo de Idesa de hace 2 años, que en 2013 demuestran una involución de la Administración Cristina en tema de empleo:
Los últimos años estuvieron marcados por un período de fuerte crecimiento económico y por una férrea voluntad fiscalizadora de la cartera laboral. Pero la reducción de empleos no registrados fue modesta. Prueba de ello es que todavía un tercio de los asalariados continúa en la informalidad. Para avanzar hacia un mercado laboral más integrado es vital sostener el crecimiento económico y la fiscalización, pero agregar una inteligente reforma laboral.
De lo contrario, persistirá la alta informalidad ya que con las regulaciones actuales para las empresas pequeñas –segmento donde se concentra la no registración laboral– el cumplimiento de las normas seguirá siendo prohibitivo.
Los últimos datos oficiales señalan que en el primer trimestre del año 2011 la economía sigue creciendo a tasas muy altas, del orden del 9,9% anual. Se confirma la vigencia del ciclo de crecimiento económico, impulsado por un contexto internacional inéditamente favorable. Si bien se siguen acumulando distorsiones que alertan sobre problemas futuros (alta inflación, creciente atraso cambiario, manipulación de barreras arancelarias, expansión no sostenible de subsidios, litigiosidad previsional desbordante), desde el punto de vista del mercado laboral se trata de un contexto muy favorable.
A esto, hay que agregar como otro ingrediente del mercado de trabajo una marcada vocación de la policía del trabajo por controlar el cumplimiento de las regulaciones laborales. Crecimiento económico con fiscalizaciones son los dos elementos distintivos en los últimos años en materia laboral.
De este contexto, cabría esperar una marcada disminución de la informalidad laboral. Para evaluar la magnitud de las acciones y los resultados obtenidos es útil analizar los datos oficiales. Según el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y el INDEC, se pueden observar las siguientes tendencias:
Entre el año 2004 y el 1º trimestre del 2011, el nivel de actividad económica creció en términos reales un 65%.
Entre los años 2003 y el 2010, se realizaron 768.000 inspecciones laborales a empresas, o sea, prácticamente 100.000 fiscalizaciones por año.
Entre el año 2004 y el 1º trimestre del 2011, la tasa de empleo asalariado no registrado bajó de 48% a 34%.
Los datos oficiales muestran que las condiciones para atacar el problema de la informalidad laboral, según la visión tradicional, han sido inmejorables. La expansión de la actividad económica y las fiscalizaciones del Ministerio de Trabajo durante más de un quinquenio fueron intensas. Sin embargo, la informalidad sigue afectando a 1 de cada 3 asalariados. Si a esto se suma la inactividad laboral no deseada, el desempleo y el trabajo autónomo de baja productividad, los problemas laborales siguen siendo masivos.
Un rasgo relevante en este proceso de reducción del empleo no registrado es que el grueso de la disminución se dio hasta el año 2008. Es un periodo en que el salario real tuvo niveles muy deprimidos. La caída de los salarios reales permitió compensar transitoriamente los altos costos no salariales de la legislación laboral y la seguridad social. Pero apenas los salarios reales recuperaron los niveles previos a la devaluación, los costos no salariales de las regulaciones volvieron a actuar como promotores de informalidad.
La enorme cantidad de requisitos formales, administrativos y restricciones que se estipulan en la legislación laboral, los exagerados niveles de litigiosidad y los desproporcionadamente altos niveles de aportes y contribuciones de la seguridad social hacen que formalizar un trabajador sea una posibilidad sólo para las empresas de alta productividad y mayor tamaño.
Para las pequeñas empresas, que en general se caracterizan por la fragilidad financiera y la baja capacidad administrativa, la única opción es contratar por fuera de la ley. Por eso, el 85% de los trabajadores “en negro” están en empresas con menos de 25 trabajadores.
Además de apuntalar el crecimiento económico –corrigiendo las distorsiones que se vienen acumulando en los últimos años– y de continuar con las fiscalizaciones laborales, estas evidencias señalan que es imprescindible revisar las instituciones laborales y de la seguridad social con un enfoque creativo e inteligente.
Con idoneidad técnica y audacia política es factible eliminar nichos de improductividad (burocracia, litigiosidad, corrupción) y establecer instituciones laborales modernas que garanticen protección a los trabajadores en base a normas que sean accesibles a las pequeñas empresas. Usando oportuna y correctamente estas herramientas (crecimiento económico, control laboral y modernización de las instituciones) es factible reducir la informalidad laboral a niveles mínimos. Este sería un aporte decisivo para avanzar hacia la integración social.
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