2013 es electoral y si la economía no acompaña, Cristina será 'pato rengo'
La evolución de la economía definirá el año electoral 2013. Para Cristina Fernández de Kirchner es más importante el comicio de 2013 que el de 2015 porque si no obtiene el resultado deseado en 2013 no habrá reforma de la Constitución Nacional ni horizonte de re-reelección. Pero la evolución de la economía no acompaña a la Presidente de la Nación.
30 de diciembre de 2012 - 10:42
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). En USA se llama 'pato rengo' al Presidente que ya no tiene otro mandato a la vista: ocurre una cierta pérdida de poder que puede resultar políticamente preocupante. En esos momentos, el mandatario debe apelar a 3 cuestiones para manener la gobernabilidad:
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> su propio liderazgo/carisma/popularidad,
> la contención que puedan concederle un probable heredero + las instituciones republicanas, y
> la marcha de la coyuntura.
En el Frente para la Victoria aborrecen el concepto de 'pato rengo' porque supone que Cristina Fernández de Kirchner no lograría otro mandato consecutivo, y se dicen dispuestos a impedir esa situación.
Sin embargo, para ello, tendrán que ganar los comicios de 2013.
La pregunta es cómo ganarían las elecciones de 2013 con
> una Presidente que perdió imagen positiva durante todo el año y todavía no consigue dejar de caer,
> un debate creciente dentro del peronismo -que no equivale a Frente para la Victoria- acerca de los herederos posibles, y
> la economía, que no levanta.
La conclusión es que lo primero que tiene que levantar es la economía, porque eso recuperará imagen positiva de la Presidente y a partir de ese momento acaba el debate creciente dentro del peronismo.
Sin embargo, ¿levanta la economía? Los indicadores más confiables que ha publicado Urgente24 a la fecha indican que 2013 será igual o peor que 2012 porque habrá más inflación, más conflictividad social (se avanza hacia una ruptura de la CGT Alsina), más dificultades fiscales en provincias y municipios, menos inversiones privadas directas. Sin embargo, en la Administración Cristina opinan lo contrario.
Acerca del debate, algunos recortes en la prensa dominical:
Jesica Bossi, en el diario La Nación, explica las expectativas de Hernán Lorenzino, ministro de Economía de la Nación (de muy baja cualificación para el cargo, una coincidencia de los agentes económicos que no habría que subestimar):
"(...) El primer desafío que emerge es encarrilar la discusión salarial. La Casa Rosada pretende resolver el grueso de los convenios antes de julio, y así evitar que la conflictividad laboral se entremezcle durante la campaña. Además, eso implicará que la suba de sueldos se note antes en los bolsillos y en la calle.
Para llevar a cabo ese propósito, el Ministerio de Trabajo deberá mejorar la performance de este año: durante el primer semestre de 2012, se homologaron sólo 713 negociaciones colectivas, lo que representa un 23 por ciento menos que el año anterior, según el último informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA.
Otra instrucción presidencial parece más difícil de cumplir: quiere sellar acuerdos largos -de 12 meses o más- para dar un margen de "previsibilidad" en un escenario de inflación.
Si bien desde el Gobierno deslizaron a los gremios que no aceptarán incrementos arriba del 20%, esta vez la cifra se definirá en tándem con la modificación del mínimo no imponible de Ganancias, en una jugada que el oficialismo presenta como una búsqueda de "equilibrio" entre mantener el poder adquisitivo del salario sin descuidar la recaudación del Estado.
La intención es corregir el gravamen, que no se actualiza desde abril de 2011, en los primeros meses del calendario, en línea con el reclamo de la CGT conducida por Antonio Caló, que fijó marzo como límite.
El equipo económico trabaja en distintos escenarios y porcentajes, desde retoques moderados (por ejemplo, subir el piso alrededor de 20%) hasta reformas integrales que, además de corregir escalas, incluirían aspectos como gravar los sueldos del Poder Judicial, hoy exentos.
En simultáneo, también abordan la opción de establecer un mecanismo para realizar cada año un ajuste automático del Impuesto a las Ganancias . En ese caso, debería ser aprobado por ley, lo que retrasaría el proceso. (...)".
Alfredo Zaiat, un periodista K, escribió en Página/12 citando un informe de la universidad 'nacional & popular' en el municipio de 3 de Febrero. No es un centro de estudios que goce todavía de gran reconocimiento académico (eso se gana con los años), probablemente por su interés permanente de agradar al Frente para la Victoria en sus puntos de vista. De acuerdo a Zaiat/3 de Febrero, la Presidente debería persistir en el rumbo, o sea profundizar la experiencia pero no logran explicar cómo convencer a los agentes económicos para ellos modifiquen sus temores hasta la fecha. Su única reacción es más Estado, más gasto público, más expansión monetaria:
"(...) El reciente informe del Observatorio de Coyuntura Económico de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) de balance 2012 aconseja que en el actual escenario económico “no corresponde retirar los estímulos fiscales y monetarios a la demanda, tal como pregonan muchos (economistas de la ortodoxia), porque profundizarían, ante el deterioro del mercado interno, el impulso a ahorrar excedentes por parte de los agentes económicos más concentrados”.
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Ante una demanda débil, el excedente no se destinaría a la inversión sino al ahorro. Menciona que si bien a lo largo de casi una década la tasa de inversión privada promedio fue del 21,3 por ciento del PBI, financiada con reinversión de utilidades, el año pasado “los agentes prefirieron priorizar su tasa de ahorro que reinvertir los excedentes que obtienen”. En ese contexto adquiere relevancia las medidas de administración de divisas prohibiendo el atesoramiento de dólares y la obligación del Banco Central a las grandes entidades financieras de prestar a la producción.
Sin embargo, la reticencia inversora del sector privado explica también “por qué el efecto multiplicador de los incentivos fiscales y monetarios sobre el crecimiento económico se ha desacelerado respecto del pasado”, indica el informe de la Untref. De acuerdo con las cifras 2012, si bien la tasa de variación de la expansión del gasto público fue menor respecto de los dos años anteriores, su relación con el crecimiento del PBI fue más elevada. Esto significa que fue necesario más gasto público para lograr el aumento de un punto del Producto. O sea, en el escenario económico de reticencia inversora, cada punto incremental del gasto público tuvo un efecto menor en el aumento del PBI respecto de los años anteriores.
La misma dinámica registró la expansión de la base monetaria. Esto revela que los estímulos a la demanda se desplegaron en un contexto de desaceleración del multiplicador del crecimiento del Producto por vía fiscal y monetaria. “Estos indicadores expresan con claridad que se requieren mayores impulsos fiscales y monetarios para cada punto del PBI que se desea aumentar”, aconseja el documento de la Untref. Por eso los aumentos de tarifas, la reducción de subsidios y el alza de los combustibles aplicados por el Gobierno transitan el riesgo de actuar en forma contractiva de la demanda, dependiendo la magnitud del ajuste.
La posibilidad de ampliar la política fiscal y monetaria está facilitada por el equilibrio del sector externo logrado con superávit de la balanza comercial a partir de la política de administración de importaciones, y con el freno a la fuga de capitales y al giro de utilidades por el régimen de administración de divisas. (...)".
Es obvio que no está de acuerdo Hugo E. Grimaldi, quien en cuestiones de política y economía piensa exactamente lo contrario a Zaiat, y dejó constancia de ello en el diario La Gaceta, de San Miguel de Tucumán. El aporte de Grimaldi es recordar adónde llegó la Presidente con su rumbo 2012, ¿y eso eso lo que quiere profundizar en 2013? Sería fatal. Y él desliza un concepto muy interesante que conviene ampliar desde Urgente24: para comenzar a hablar en serio de recuperación de la Economía, la Presidente de la Nación debería dejar de intentar dar clases gratuitas por televisión y en cadena nacional de temas que desconoce, y a la vez ella debería dejar de dar tantas indicaciones a sus colaboradores. Que elija buenos funcionarios, cualificados para esa función, y les permita a ellos libertad de trabajo:
"El gobierno nacional termina un muy mal año de gestión y la Presidenta, en lo personal, uno mucho peor. Cada argentino, de acuerdo a cómo le haya ido en la tienda, deberá deshojar su propia margarita para darle un puntaje adecuado a 2012, pero en promedio se puede decir que es difícil que a alguien le haya ido mejor que en 2011: hay olor a crisis. El sentimiento que sustenta el balance del año no sólo contempla aspectos institucionales, como son la creciente falta de diálogo político y sindical o los embates sobre el Poder Judicial o aún delicadas cuestiones fiscales o cambiarias que influyen en lo macro, junto a la zigzagueante decisión de la Argentina de integrarse o de apartarse del mundo, sino que también incluye un relevamiento de lo socio-económico de todos los días.
En este sentido, una explicación del mal humor podría incluir un freno evidente en el nivel de actividad, la falta de inversión y el temor a la pérdida de empleos y la aparición masiva de los desencantados del modelo. Muchas familias se dividieron ideológicamente, mientras que la inseguridad y la violencia no se detienen y la pobreza y la marginalidad se cristalizan cada vez más y ya son casi estructurales. Parece extraño a la hora de evaluar la fatiga de la gestión que haya grados de diferencia entre Cristina Fernández y el gobierno que ella ejerce, sobre todo para una concepción tan personal del manejo del Estado como la que abriga la Presidenta, arropada por la necesidad que hasta ahora parecían tener los argentinos de buscar siempre salvadores más allá de las instituciones, a las que no se consideraba. Gracias a ciertos excesos, este punto que incluye el respeto a la Constitución y a la división de poderes parece que ha empezado a ser tenido algo en cuenta por los ciudadanos.
Las medias verdades, los ocultamientos, los silencios, la necesidad de transferirle las culpas a terceros y de declarar "destituyente" a todo el que no piense igual, las distorsiones del relato, los modos de conducción radial que tiene la Presidenta y hasta sus improvisaciones discursivas que luego no tienen retorno, han horadado la relación con parte de la opinión pública, buena parte de la que sustentó aquel 54%, tantas veces recordado a la hora de marcar la legitimación de origen.
Más allá de que el cuento de la no inflación ya no se lo traga ni el más leal de los kirchneristas, la gente pareció decirle al Gobierno en varios temas "¡piedra libre!". Tampoco le funcionó a la Presidenta la división de la CGT sin aceitarla con la suba del mínimo no imponible, lo que le dio impulso a Hugo Moyano para armar un paro general y dos marchas de trabajadores. Hasta gendarmes y prefectos se le plantaron.
Por todo esto, en el tobogán de pérdida de imagen que vivió el Gobierno en 2012, podría decirse que Cristina ha sido la causa y la mala praxis, su consecuencia. Uno de los motivos más evidentes de su mayor responsabilidad es que ella nunca ha querido o no se ha sabido rodear de fusibles que la preserven. Es sabido que en estos casos, aquello que sirve para glorificar en tiempos de bonanza se vuelve inexorablemente en contra cuando el sistema solar deja de girarle alrededor. Es más, algunos de los funcionarios viven muy cómodos al respecto, a la hora de decir "hay que preguntarle a la señora". Los muy ladinos saben que, más allá de un altercado o del corrimiento estelar, Cristina nunca despide a nadie del Gobierno.
Entonces, como siempre es ella la que queda expuesta, su estilo de férreo unicato es el encargado de transmitirle a la gestión sus propias tensiones, derivados de sus problemas físicos o de sus desbordes emocionales, a través de un relato con pátina ideológica y de características inmutables que nadie cuestiona y que nunca se sabe si es ficcional o si ella misma se lo cree. (...)".
El tema de los juicios internacionales derivados de la deuda pública en default es un tema enorme que se acumula desde 2003. La Administración Cristina perdió mucha credibilidad al respecto porque Amado Boudou había prometido en centros financieros que cuando él fuese vicepresidente de la Nación se regularizaría la situación con el Club de París, por ejemplo. Pero como vicepresidente de la Nación, Boudou sólo se ha ocupado del escándalo judicial llamado 'caso Ciccone' que lo hundió políticamente. La Argentina es el país del mundo con más cantidad de demandas en su contra ante el tribunal arbitral Ciadi, y las que pierde no las paga. Mantiene el default con el Club de París y mantiene un proceso judicial muy tenso ante la Justicia estadounidense donde acreedores institucionales le demandan el pago 100% de sus bonos. Con un durísimo fallo adverso, la Argentina intenta cambiar la historia en la Cámara de Apelaciones. No es nada sencillo. Luego, si la Argentina ganara pero no resuelve en forma amistosa con sus demandantes, igual será 'tierra prohibida' para el capital financiero global. Un costo elevadísimo e innecesario para mantener un discurso político ridículo.
"(...) "La propuesta de canje es condicional a una sentencia favorable y por lo tanto demuestra voluntad de pago, pero quizá de una manera no tan contundente como sería una declaración de apertura del canje inmediata", resume Eugenio Bruno, abogado de tenedores de bonos que participaron de la reestructuración de deuda.
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A última hora del viernes, el gobierno argentino presentó en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York un escrito en el que afirmó que era "erróneo ignorar el coro de voces" que se opone al fallo de la justicia norteamericana que obliga al país a pagarles a los acreedores que no entraron a los c anjes de deuda o holdouts el 100% de lo que reclamaban en efectivo y en un solo pago. Volvió a argumentar que la fórmula de pagarles el 100% a los holdouts viola los principios de equidad; que la aplicación del fallo a los terceros era demasiado amplia; que embargar el dinero que reciba el Bank of New York para los pagos de los bonos del canje violaría la inmunidad soberana y que si el fallo se mantiene en firme se perjudicarían las reestructuraciones futuras.
Por primera vez, no obstante, afirmó que si la Justicia fallara en forma favorable al país en cuanto a la fórmula de pago que debería aplicársele a los holdouts, el Gobierno podría someter a consideración del Congreso la reapertura del canje, en las mismas condiciones que se habían propuesto en la reestructuración de 2010.
"Me parece que es más de lo mismo. Acá se está haciendo un pago parcial, cuando en las cortes norteamericanas ya está acreditado el derecho por un pago total", opinó, no obstante, Rodrigo Olivares-Caminal, profesor de la Universidad de Londres. "La Corte tampoco puede obligar a los holdouts a aceptar un pago parcial, porque tienen un derecho adquirido por un pago total", agregó el especialista en deuda soberana.
En rigor, para Olivares- Caminal, lo que es materia de juicio en este momento no es el derecho de los holdouts de cobrar su acreencia, sino cómo pueden los holdouts embargar algún activo argentino, y si se viola la cláusula de "pari-passu" contenida en los bonos en default al pagarles a los bonistas que entraron a los canjes y no a los que quedaron afuera.
"El [juez de Nueva York, Thomas] Griesa creó algo diferente y es que si le van a pagar a un tercero hay que pagarles a los holdouts, esto basado en equitable rights , un tema de equidad. Se discute si eso corresponde o no, y si el argumento de los holdouts de que cuando se le paga a los del canje viola la cláusula de pari passu", opinó el especialista en temas de deuda. (....)".
Pero la única verdad es la realidad. Lo decían los atenienses y los copió Juan Perón. Que el Frente para la Victoria elucubre lo que quiera pero 2013 viene mal parido para el contribuyente argentino porque como la Nación trasladó todo el año el ajuste a provincias y municipios, estos exprimen al contribuyente para sobrevivir. Entonces, entre castigo impositivo de Nación + necesidades de provincias y municipios, los hogares argentinos sufrirán una pérdida de su ingreso disponible que estimula el malestar y hasta el conflicto social.
"Necesitados de recursos para poder afrontar los mayores gastos salariales y sociales y haciendo caso omiso a las advertencias de los funcionarios nacionales y provinciales, varios intendentes del Gran Buenos Aires arrancarán el próximo año con el cobro de un nuevo impuesto a los combustibles .
A partir del martes, comenzará a regir en cinco partidos del conurbano la “tasa vial municipal” por la cual los usuarios deberán pagar 10 centavos más por cada litro de naftas y gasoil y 5 centavos por cada metro cúbico de GNC.
Los municipios que decidieron hacer punta con la aplicación de la nueva tasa vial son Moreno, San Miguel, General Rodríguez, San Fernando y Vicente López.
En el caso de Tigre e Ituzaingó, las autoridades locales –que ya cuentan con la aprobación de los concejos deliberantes– optaron por frenar la medida hasta marzo para ver si la provincia y la Nación cumplen con sus compromisos de mayores desembolsos de fondos.
En tanto, otros 10 municipios de las zonas norte y oeste del conurbano también tienen en las gateras iniciativas similares para replicar el cobro de la tasa vial en los primeros meses de 2013 en caso de que persistan las dificultades económicas y no aparezca la ayuda prometida de la administración de Daniel Scioli.
La tasa vial bonaerense –que implicará subas del 1,5% al 1,8 por ciento en el valor de los combustibles líquidos y del 2% al 2,3% en el caso del GNC– se suma a los fuertes ajustes de tarifas e impuestos que se conocieron a largo de diciembre.
La seguidilla arrancó con los nuevos cargos fijos para los servicios de energía eléctrica y gas y siguió luego con las actualizaciones de los boletos de trenes y colectivos, las subas en los peajes y el reciente incremento en los surtidores que aplicaron las petroleras.
Además, la provincia y todos los municipios agregaron una cuota extra al impuesto inmobiliario y a las patentes, junto con nuevas valuaciones fiscales que implicarán aumentos del 60% al 100% en las boletas a pagar en 2013.
Los intendentes del conurbano tomaron la idea de la tasa vial del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Castigado por la Nación que le había recortado el envio de fondos y sin plata para arreglar las rutas, De la Sota logró que la Legislatura provincial le aprobara a partir de setiembre el cobro de un recargo a los combustibles que oscila entre los 15 y 40 centavos .
Cuando los intendentes bonaerenses comenzaron a impulsar la tasa vial a fines de noviembre, tanto la Nación como la provincia salieron a bloquear la iniciativa. Ante el temor de que la medida se generalice en el resto del país, la administración kirchnerista le solicitó a la Corte Suprema que declare inconstitucional la tasa extra que impuso la provincia de Córdoba.
Por su parte, el gobierno bonaerense buscó frenar la ofensiva municipal con el argumento de que tenía en estudio una iniciativa similar para aplicar en todo el ámbito provincial.
Pero lejos de tomar en cuenta esos mensajes, los intendentes optaron por seguir adelante y asegurarse una fuente de recaudación extra que le permita reducir, en parte, la dependencia económica que tienen de La Plata y la Casa Rosada."
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