Un millón de jubilados esperan 'el Gordo de Navidad'
Un reclamo del Defensor del Pueblo pide extender el fallo Badaro a todos los jubilados. Si la Corte Suprema lo extiende a todos, casi un millón de jubilados y pensionados deberían recibir aumentos de hasta un 69%. Según el propio el titular de la ANSeS, Diego Bossio, pondrían al sistema previsional en situación de insolvencia.
24 de diciembre de 2012 - 08:03
El cierre del año mantiene a los jubilados en vilo. Si la Corte Suprema extiende el fallo Badaro a todos los que les corresponde, hayan iniciado o no juicio contra la ANSeS, tal como lo viene reclamando la Defensoría del Pueblo desde 2008, casi un millón de jubilados y pensionados deberían recibir un significativo reajuste en sus haberes.
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Se trata de unos 750.000, entre los que se jubilaron antes de 2006 y no hicieron juicio y otros 200.000 que iniciaron juicios, pero están esperando una sentencia favorable o que se resuelva la apelación de la ANSeS, según asegura el diario 'Clarín'.
Además, quedan unos 60.000 que ya tienen sus haberes reajustados porque la ANSeS cumplió con el pago.
La Corte Suprema estableció, con el fallo Badaro, que entre enero de 2002 y diciembre de 2006 el reajuste de haberes debió haber sido del 88,3%, de acuerdo a la evolución de los salarios. Cuando, en ese período los aumentos generales que dio el Gobierno fueron del 11 y 21%. La diferencia implica ajustes en los haberes de entre el 55 y 69%.
Por ese fallo, y para evitar que cada jubilado tuviese que hacer su juicio individual por un reclamo sobre el que ya se expidió la Corte, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de “acción colectiva” para que todos los jubilados cobraran por igual, hubieran hecho o no un juicio.
De acuerdo con 'Clarín', al demorarse el pronunciamiento, las demandas judiciales fueron creciendo a tal punto que se calcula que la ANSeS tiene más de medio millón de juicios en su contra, la mayoría por “reajuste de haberes”, en especial del caso Badaro, de los cuales unos 330.000 están activos, con movimiento del expediente en los últimos dos años.
Dos veces la Corte le pidió a la ANSeS que le presentara un informe económico financiero. En mayo pasado, el titular de la entidad, Diego Bossio, calculó que para extender Badaro necesitaría $14.136 millones anuales, por lo que dijo que no podría cumplir porque “quebraría”.
La Corte y los jueces de la Seguridad Social sostienen, a través de sus fallos, que la ANSeS se apartó de la legislación previsional y de lo que marca la Constitución Nacional, que dice que la jubilación es el salario que le corresponde al trabajador aportante, después de reunir los requisitos de edad y años de aportes. Ese haber debe ser móvil y guardar una proporción razonable con los últimos sueldos percibidos debidamente actualizados.
En noviembre pasado, Bossio declaró que si la Corte decide generalizar esas sentencias, el Estado debería afrontar gastos millonarios, que pondrían al sistema previsional en situación de insolvencia.
Publicaba entonces el diario 'Página/12': "El jefe de la Anses les dijo a los ministros de la Corte que desde 2003 el Gobierno tuvo que asignar prioridades, y que en ese momento los recursos alcanzaban para aumentar más intensamente las jubilaciones mínimas, mientras que las de aquellos que ganaban más de 1000 pesos quedaron para una segunda etapa. “Primero tuvimos que recomponer la situación de quienes menos ganaban, después se amplió la cobertura previsional a 2,5 millones de personas –vía moratorias– y finalmente se aprobó una ley de movilidad universal que ya dio aumentos de 172 por ciento para todos en tres años. No se puede negar la historia previa”, que había dejado al sistema previsional en la ruina, planteó el funcionario.
Fuentes judiciales reconocieron que Bossio había sido contundente en la presentación de las cifras y que logró demostrar las dificultades que tendría el Estado si se generalizaran Badaro y Eliff. Sin embargo, también indicaron que “el problema es en qué gasta la plata la Anses”, sugiriendo que no debería afrontar el costo de las pensiones no contributivas y de la Asignación Universal por Hijo, que deberían ser pagadas por el Tesoro, y eso liberaría recursos para los jubilados. También deslizaron que podría utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para cumplir con los fallos Badaro y Eliff, aunque ese fondo tiene 227 mil millones de pesos, es un reaseguro a futuro y si se va consumiendo con nuevos gastos, en pocos años se perderá ese respaldo.
Las posiciones en la Corte son disímiles. Al menos tres ministros se muestran más receptivos a la posición del gobierno nacional, dos son bastante críticos y otros dos “hacen equilibrio”. Una salida elegante para el máximo tribunal sería rechazar atribuciones al defensor del Pueblo para plantear una acción de clase por este tema, lo cual evitaría extender los fallos Badaro y Eliff sin pagar “el costo político”. Ya existe un dictamen de la Procuración que recomienda esa vía, y además advierte por el riesgo institucional de poner en déficit estructural a la Anses.
El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, dijo que los argumentos de Bossio se parecen a los de Domingo Cavallo en los ’90" (...).
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