Contrabando en Argentina: US$2.855 millones en pérdidas fiscales proyectadas para 2026

El contrabando perjudica a empresas y al Estado.

Gentileza El Tribuno.

El contrabando y la subfacturación de importaciones podrían costarle a la Argentina unos US$2.855 millones en ingresos fiscales durante 2026, una cifra equivalente al 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI). El fenómeno amenaza la competitividad de las empresas legales y limita la generación de empleo formal.

La estimación surge de un informe de MAP LATAM sobre 15 actividades económicas y advierte sobre el avance del comercio ilícito. Aunque los sectores analizados representan el 2,6% del PBI y el 14,5% del producto manufacturero, las pérdidas proyectadas equivalen al 120% de la recaudación estimada por Impuestos Internos y a 1,6 veces los ingresos por Bienes Personales, según publicó Bloomberg Línea.

Del monto total, US$2.283 millones corresponden al contrabando y otros US$572 millones a la subfacturación. Esta última modalidad consiste en declarar ante la Aduana un valor inferior al real para reducir los impuestos por el ingreso de mercadería.

¿Qué sectores concentran las mayores pérdidas por contrabando?

Las bebidas espirituosas encabezan el listado de actividades con mayor impacto fiscal, con pérdidas estimadas en US$1.400 millones. Detrás aparecen la indumentaria (US$470 millones), los teléfonos celulares (US$255 millones), los cigarrillos (US$230 millones) y los agroquímicos (US$205 millones).

El relevamiento también expone niveles elevados de penetración ilegal: en perfumería árabe, el 83% de la actividad correspondería a productos de contrabando; en celulares, la proporción alcanza el 40%, mientras que en juguetes llega al 33%.

Otros rubros afectados son los textiles, marroquinería, televisores, calzado, neumáticos, pequeños electrodomésticos y yerba mate. El informe advierte que el problema podría extenderse a medicamentos, alimentos, productos médicos y materiales de construcción.

Contrabando en Argentina: Menos recaudación y presión sobre el empleo formal

Las consecuencias exceden las cuentas públicas. MAP LATAM estima que el contrabando impide generar unos 11.300 empleos formales en siete sectores analizados, un 22% adicional respecto de los puestos que esas actividades registraban en 2025.

La competencia desleal representa otro de los principales riesgos. Mientras las compañías formales deben afrontar impuestos y obligaciones laborales, los operadores ilegales ofrecen productos a precios más bajos al evitar gran parte de esos costos.

El resultado es una presión sobre los márgenes empresariales, menores incentivos para invertir y una pérdida de participación de las compañías que cumplen con las regulaciones.

Los controles de la Aduana argentina, bajo la lupa

El documento señala cambios en los mecanismos de fiscalización, como la eliminación, en 2024, de controles documentales y físicos obligatorios para determinados productos textiles, calzado y mercadería alcanzada por medidas antidumping.

A esto se sumó la eliminación de los valores criterio de importación, herramienta que permitía identificar posibles operaciones de subfacturación antes del despacho de productos. Actualmente, los controles sobre los valores declarados son posteriores y selectivos.

El estudio agrega que persisten dificultades vinculadas con la tecnología aduanera y la capacitación del personal en puertos y fronteras. En materia de comercio ilícito sectorial, Argentina ocupa el puesto 120 entre 158 países en el índice TRACIT de 2025.

La magnitud económica del problema también puede dimensionarse a través del gasto público: los US$2.855 millones que dejaría de percibir el Estado alcanzarían para construir unas 2.400 escuelas, 120 centros de salud o 2.250 kilómetros de rutas nacionales.

El desafío para el Gobierno no pasa únicamente por facilitar el ingreso de mercadería y profundizar la apertura comercial, sino también por fortalecer los controles para evitar que una mayor circulación de productos termine ampliando los circuitos de evasión y contrabando.

El avance del comercio ilegal amenaza así con convertirse en un costo adicional para las cuentas públicas y en un obstáculo para la recuperación de la producción, la inversión y el empleo registrado.