Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank por falta de solvencia e inmovilizó fondos jubilatorios

El sistema financiero de Paraguay atraviesa una de sus mayores situaciones de tensión tras la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank - Centro de Experiencia Asunción, una entidad que quedó por debajo de los niveles mínimos de solvencia exigidos por la regulación.

La medida, adoptada por unanimidad ayer, lunes 2 de noviembre, y comunicada durante la madrugada de hoy, dejó sin operaciones a miles de clientes y puso bajo revisión fondos de organismos estatales y del sistema previsional.

Impacto en fondos públicos y jubilados

El principal impacto económico se concentra en los recursos públicos. Alrededor de US$ 380 millones pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS) se encuentran comprometidos en la entidad, incluidos depósitos vinculados a aproximadamente 32.000 jubilados. También hay fondos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la represa binacional de Itaipú.

Según reportes internacionales, el banco cuenta con cerca de 3 millones de clientes y administra entre US$ 800 millones y US$ 850 millones en recursos públicos.

La decisión del organismo regulador se fundamentó en el deterioro del índice de solvencia, que cayó por debajo del 50% del mínimo requerido, luego de ajustes realizados a los estados financieros durante un proceso de regularización.

¿Qué pasará con los ahorros de los clientes?

Desde que comenzó el procedimiento, los activos y pasivos de Ueno Bank quedaron congelados. La aplicación, las tarjetas y los servicios digitales dejaron de funcionar, mientras que el BCP desplegó alrededor de 120 funcionarios en las sucursales para iniciar la conciliación de las cuentas.

El esquema de protección contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos mensuales por depositante y por entidad financiera. Actualmente, ese límite equivale a 228.300.000 guaraníes, aproximadamente US$ 38.622.

Los saldos que superen esa cifra dependerán del resultado del balance de exclusión de activos y pasivos que deberá elaborar la Superintendencia de Bancos. El organismo tiene un plazo máximo de 15 días para completar esa tarea, aunque sus autoridades manifestaron que intentarán acelerar los tiempos.

Posteriormente, los activos y pasivos podrán transferirse a otras entidades financieras mediante un proceso competitivo. La garantía de depósitos, según la normativa vigente, tiene como plazo inicial de pago hasta el 17 de noviembre.

Créditos vinculados y deterioro financiero en Paraguay

El BCP explicó que la crisis comenzó a tomar forma en junio, cuando detectó indicios de préstamos concedidos a empresas relacionadas con el grupo controlador de Ueno. La documentación de esas compañías no permitía identificar directamente los vínculos, por lo que los supervisores realizaron un seguimiento de las operaciones y de la circulación de los recursos.

A esos hallazgos se sumaron problemas de liquidez, debilidades en la documentación de operaciones crediticias y servicios informáticos activados sin justificación suficientemente respaldada.

Una crisis bancaria con derivaciones políticas

El episodio también abrió un frente institucional. El presidente del BCP, Carlos Carvallo, quien anteriormente encabezó Financiera Ueno, anunció que tiene su renuncia firmada, aunque permanecerá temporalmente en el cargo para supervisar el procedimiento.

El presidente Santiago Peña había vendido sus acciones en abril de 2025, según informó ABC Color. La situación también repercutió en el vicepresidente Pedro Alliana, quien puso en pausa su precandidatura presidencial.

Mientras avanza la revisión patrimonial, el Gobierno y el Banco Central buscan contener el impacto sobre los ahorristas. Las autoridades sostienen que se trata de un caso particular y que el resto del sistema financiero paraguayo mantiene condiciones de estabilidad. Sin embargo, la recuperación de los fondos que exceden la garantía será uno de los principales desafíos de las próximas semanas.