En plena polémica por una privatización de Aerolíneas Argentinas, y luego de que el gobernador Axel Kicillof propusiera a la provincia de Buenos Aires para hacerse cargo de la aerolínea, un tribunal de Estados Unidos ordenó a la Argentina pagar casi US$400 millones por la expropiación de la compañía.
CUESTIÓN DE BUITRES
Aerolíneas Argentinas: Argentina tendrá que pagar casi US$400 millones y quedan otros por mucho más
En plena polémica por Aerolíneas Argentinas, la Justicia de Estados Unidos dejó en firme el fallo contra el país por la manera en que se renacionalizó la aerolínea, y el país deberá pagar casi US$400 millones.
11 de diciembre de 2024 - 10:55
La Justicia de Estados Unidos dejó en firme el fallo contra la Argentina por la manera en que se renacionalizó Aerolíneas Argentinas.
Esta es la primera negociación del Gobierno de Javier Milei con un fondo buitre propietario de un fallo a su favor, y, obviamente, en contra del país. Pero quedan otros por más de US$20.000 millones: el más importante es el que Burford Capital ejecuta contra la Argentina por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012, por unos US$16.000 millones.
Fue una corte del Distrito de Columbia la que ordenó a Argentina a pagar, más precisamente, US$390,9 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. El beneficiario del fallo es el fondo Titan Consortium, titular del juicio por expropiación de Aerolíneas y que en octubre había pedido que se ordene al país a abonar el fallo emitido por el CIADI (el tribunal de arbitrajes del Banco Mundial) que permanece impago.
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Titan le adquirió el caso a Burford Capital el 15 de marzo de 2018, al redefinir su estrategia contra Argentina y concentrarse en la causa por la renacionalización de YPF en 2012. Burford, a su vez, le había adquirido la causa al tribunal español donde se cursaba la causa por la quiebra del grupo español Marsans en unos 17 millones en 2015 (y en consecuencia las acciones que detentaba de la demanda contra Argentina por la renacionalización del 2008), con lo que obtuvo una ganancia de casi 740%. El fondo Titan Consortium, original en las demandas contra la Argentina, obtuvo dividendos por más de 2.270%.
"Más específicamente, Titan dice que los países que se adhieren a la convención están obligados por el tratado a pagar todas las indemnizaciones dictadas en su contra. Pero Argentina no ha pagado lo ordenado por el CIADI. El fallo de CIADI no es apelable y la orden de la Corte es final", explicó el especialista Sebastián Maril, director de Latam Advisors.
A mediados de noviembre, los abogados del país y los demandantes habían llegado a un acuerdo "sobre los términos y condiciones de la sentencia en el caso expropiación de Aerolíneas".
El acuerdo permitía que la Justicia de Estados Unidos se expida, en lo que se denomina sentencia final, sin pasar por un juicio y que, ante incumplimiento del condenado, "activa de manera directa el inicio de procesos de embargos hasta cubrir el total de la sentencia", explicó Maril por entonces.
La Argentina había rechazado en una primera instancia los argumentos que había presentado Titan Consortium en la causa, pero esa presentación no tuvo efecto positivo y un tribunal estadounidense determinó que la sentencia debía ser ejecutada.
Lo que sí debe ocurrir ahora es que, tal como se comprometió, que la Argentina pague lo que está estipulado, aunque para que los tiempos comiencen a correr primero se debe expedir el juez que entiende en la causa, quien debe dar la sentencia final.
Según la interpretación de Maril, el fallo muestra que "Argentina continúa pagando caro la incorrecta interpretación de las leyes internacionales y el incumplimiento de contratos firmados con empresas que apostaron por invertir en el país mediante concesiones de servicios públicos y similares", y alerta:
La reestatización de Aerolíneas Argentinas
La reestatización de Aerolíneas Argentinas fue reglamentada por el Gobierno de Cristina Kirchner el 17 de diciembre de 2008, luego que la Cámara de Diputados convirtiera en ley el pedido de la ahora exjefa de Estado de avanzar en esta operación bajo la figura de tratarse de empresas "de interés público nacional". Abarcaba Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas, Jet Pack, Optar y Aerohanding.
El 9 de enero de 2009 la entonces presidenta habilitó al Ministerio de Planificación Federal, conducido por Julio de Vido, a que inicie la toma de la compañía, en ese entonces en manos del Grupo Marsans. El 5 de febrero de ese año el Gobierno de entonces nombró a Julio Alak como presidente del directorio, dando forma a la renacionalización.
En paralelo, el Grupo Marsans, que había iniciado desde 2008 una notable desinversión en Aerolíneas Argentinas, comenzaba a mostrar en diciembre de 2009 evidentes problemas de continuidad en España. El 22 de diciembre se le retiraba el permiso para operar a Air Comet, la compañía bajo la cual operaba Aerolíneas, y el 20 de abril de 2010 la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) les retiró la licencia para vender billetes de avión por impagos.
El Grupo Marsans presentó en junio de 2010 su solicitud de concurso de acreedores voluntario para todas sus sociedades y el 25 de junio la Justicia española le habilitó el proceso de quiebra. El 2 de julio la Justicia española comenzó un proceso contra el presidente del grupo, Gerardo Díaz Ferrán, por vaciamiento y lavado de activos, en una investigación que incluía la liquidación de los últimos ejercicios de Aerolíneas Argentinas.
La causa comenzó a progresar, y el 3 de diciembre de 2012 Díaz Ferrán fue detenido, acusado de blanqueo de dinero, declarándose culpable el 2 de julio de 2015 por la causa Marsans. El fallo incluyó cinco años de prisión efectiva, que se cumplirían en 2020. Al estar procesado, no podía comenzar la causa por la manera en que se reestatizó Aerolíneas Argentinas por parte del gobierno de Cristina Kirchner, operación por la que no se le pagó un solo dólar.
La situación fue detectada por los abogados de Burford, quienes contactaron a Díaz Ferrán ya en prisión y le compraron los derechos para avanzar con el juicio ante el CIADI.
Burford optó por la causa YPF
Pero a solo tres días de haber ganado el juicio ante el CIADI, Burford Capital anunció a la Bolsa de Comercio de Londres que vendía el juicio a "inversores privados" en unos 107 millones de dólares, y que se concentraría en la causa por la renacionalización de YPF.
Burford explicaba en la comunicación que, habiendo ganado suficiente dinero, y ante la necesidad de derivar capitales a esa otra causa que sería más rentable, elegía desprenderse del caso Aerolíneas Argentinas al no tener la certeza sobre los tiempos en que el tribunal del Banco Mundial resolvería la negativa de Argentina a reconocer la derrota judicial.
Esto finalmente ocurrió este martes, por lo que Burford perdió dinero al no especular con una solución rápida. Sí fue un meganegocio para los que le compraron el juicio y confiaron en que el CIADI no tardaría tanto en dejar firme el caso.
Respuesta del Gobierno a Axel Kicillof por Aerolíneas Argentinas
Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación, desestimó la propuesta de que la provincia de Buenos Aires se encargue de Aerolíneas Argentinas, calificándola de "ridícula" y sin fundamento. "Una provincia que tiene déficit y se endeuda, ¿va a asumir una empresa que tiene déficit, se endeuda y demanda fondos del Estado?", dijo.
En una entrevista a 'Radio Rivadavia', Francos apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y dijo además que intentar asumir la deuda de la empresa estatal sería "algo desproporcionado".
El gobernador bonaerense había rechazado rotundamente la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas y sugirió que su administración está interesada en asumir el control de la aerolínea de bandera.
En una conferencia de prensa que brindó en la Casa de Gobierno bonaerense, el mandatorio había afirmado que "si el Gobierno nacional quiere vaciar o vender Aerolíneas Argentinas a una empresa extranjera o a un grupo amigo, la Provincia de Buenos Aires no lo va a permitir". Aunque aseguró que está dispuesto a dialogar.
Axel Kicillof agregó que "es un instrumento central para la conectividad de la Argentina, es una fuente de ingresos y de bienestar inconmensurable. La Provincia sí la quiere. Esto requiere una serie de pasos institucionales, y hoy expresamos la vocación de empezar a dar esos pasos".
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