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Ya que estamos con la contaminación, ¿Qué pasó en Koluel Kaike, Sr. Presidente?

Tan interesado ahora por las cuestiones ambientales, cuando era gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner no resolvió (ni hasta el día de hoy lo han resuelto sus sucesores), la contaminación del agua potable en Koluel Kaike, y que involucra a Perez Companc, Bridas (Bulgheroni) y hoy día a BP. La revista EDICIÓN i investigó el caso.

RÍO GALLEGOS, Santa Cruz ( EDICIÓN i). La portada del diario ‘Tiempo de Santa Cruz’, de Caleta Olivia, del viernes 4 de junio de 1999 afirmó: "La empresa petrolera que explota el yacimiento de Piedra Clavada fue sorprendida ‘in fraganti’ arrojando residuos peligrosos en una cantera ubicada en la zona. Esto fue constatado por personal de Gendarmería que participó del allanamiento ordenado por el juez federal Ricardo Napolitana". La Sociedad Rural Argentina se quejaba desde 1994 porque propietarios rurales de la Patagonia eran afectados por la actividad hidrocarburífera. Fue conocido el caso de la Estancia La Juana, de la familia Singl, en agosto de 1997, vinculado a los Yacimientos El Cordón y Cañadón Minerales, administrados por la empresa Vintage, informe girado a la Secretaría de Energía de la Nación, pero que no tuvo consecuencias efectivas. El entonces gobernador Néstor Kirchner, recibió una carta documento el 26 de noviembre de 1999, remitida por el abogado José Omar García Camed, informándole qué sucede en los autos caratulados ‘Millán, Julio Florencio y otros c/Secretaría de Energía y otros s/Recurso de Amparo’ que se tramitaba ante el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia. Se le pidió a Kirchner que dispusiera que la empresa PanAmerican Energy o el Estado se hiciera cargo del costo de las pericias necesarias. El 14 de agosto del año 2000, Sergio Edgardo Acevedo, por entonces vicegobernador de Santa Cruz, le escribió al entonces juez federal Ricardo Napolitana (hoy integrante del Superior Tribunal santacruceño), explicándole que había recibido a una delegación de intendentes, concejales y diputados provinciales, y luego de escucharlos había decidido implementar "un programa de estudios toxicológicos para la determinación de probables factores contaminantes y sus efectos en la población residente en la zona: Koluel Kaike, Pico Truncado, Las Heras, Cañadón Seco y Caleta Olivia. Así como programas de control de calidad del aire, suelos y aguas, y toda otra medida tendiente a resguardar y amparar la salud de nuestros vecinos. Dichos programas se harán con el concurso del Programa de Prevención y Control de las Intoxicaciones del Ministerio de Salud de la Nación y la Cátedra de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires". Todo esto nunca se cumplió. Llegaron a hacerse pericias de plomo en sangre y fenoles orina de habitantes, en forma compulsiva. El estudio, solicitado por el Dr. Palenque, del Hospital Pico Truncado, lo hizo Clara López, profesora de la Cátedra de Toxicología y Química Legal – Centro de Asesoramiento Toxicológico Analítico de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Conclusiones: "Si bien el fenol y el ácido hipúrico se excretan normalmente en la orina, algunos de los valores hallados que exceden los de referencia sugieren que se debe profundizar la búsqueda del origen de tales incrementos, mediante una minuciosa evaluación del medio ambiente laboral, hogareño, las costumbres alimentarias de la población estudiada, etc.". Esto es lo que forzaba a una pericia más importante, que nunca se concretó. La Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia, el 7 de diciembre de 2001, citó a indagatoria a la empresa Perez Companc por la contaminación ocurrida a la familia Castaño, uno de cuyos integrantes murió. Luego, la empresa Bridas se hizo cargo de la explotación de ese pozo, y no modificó las condiciones de explotación. Los Castaño tenían una chacra en la zona de Koluel Kaike, y ls Fiscalía afirma que fue efectuada una pericia por Gendarmería Nacional que arrojó "la presencia de hidrocarburos en concentraciones superiores a las admitidas por la Ley 24.051, por lo que cabe afirmar que el agua allí contenida se encontraba contaminada con residuos peligrosos y que en las cercanías (a unos 100 metros, aproximadamente) se encontraban sectores de explotación petrolera". Para determinar si había o no contaminación debían realizarse pericias, ¿quién las pagaría? Se aprobó que el perito sería el geólogo Máximo Díaz, quien determinó que se harían 200 muestras (80 de agua y 120 de perforaciones en la zona de Piedra Clavada) y de los piletones con petróleo excedente que luego es recuperado). El costo fue estimado en $ 69.000. El entonces juez Napolitana dijo que el Estado provincial no tenía el dinero y que a PanAmerican Energy no le correspondía pagar, por lo que las pericias debían ser costeadas por los demandantes, 180 habitantes que vivían del Plan Trabajar, y les dio 24 horas para reunir el dinero. Para muchos fue un acto de denegación de justicia. El estudio realizado por el Laboratorio de Geología Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco era decisivo para conocer qué ocurría con los yacimientos de PanAmerican Energy y el agua potable "ya que los pobladores de los establecimientos ganaderos y la localidad de Koluel Kaike se abastecen de aguas subterráneas". La Universidad realizó esa investigación con patrocinio de PanAmerican y prometió aportarla a la causa pero luego la Justicia lo impidió afirmando que sería aceptar que la empresa se autoincriminara. En el texto surgía, con claridad, la existencia de contaminación. El vicerrector de la Universidad, Mario Máximo Grizinik, prestó declaración testimonial reconociendo la existencia de esos estudios y explicando que las conclusiones tenían "una cláusula de confidencialidad de la información" que solamente podía ser vulnerada con aprobación previa de PanAmerican Energy.
 
De todos modos, la Justicia decidió obtener ese estudio. El expediente 568/00 informa que Alberto Gil, vicepresidente de Operaciones de PanAmerican Energy LLC-Sucursal Argentina, reclamó la nulidad del allanamiento ordenado y la prueba obtenida en el Departamento de Geología Ambiental dependiente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, porque suponía una autoincriminación toda vez que ese peritaje había sido solicitado y pagado por la propia empresa, y para conocimiento interno. Esta opinión fue aceptada por la Justicia. La causa estuvo en un tribunal federal de Río Gallegos y hoy duerme en un tribunal en Comodoro Rivadavia. Koluel Kaike
 
 Uno de los problemas centrales de la sociedad argentina es la diferencia entre lo que se promete y lo que se hace. Por ejemplo, en su página web la petrolera PanAmerican Energy manifiesta su compromiso de conducir sus negocios "respetando y cuidando el personal y el ambiente comprometidos en cada una de sus operaciones" y que "la conservación del ambiente son objetivos prioritarios de su gestión empresarial", cuando le ha negado a la población donde tiene su enclave patagónico la posibilidad de un estudio de impacto ambiental, luego de protagonizar uno de los mayores escándalos de contaminación comprobada en la historia argentina.   Los hechos ocurren en Piedra Clavada, yacimiento petrolífero ubicado a 20 Km. de Nuestra Señora de Koluel Kaike, a 30 Km. de Pico Truncado y a 50 Km. de Colonia Las Heras, donde durante una exaltada protesta de trabajadores petroleros fue asesinado una noche el oficial policial Jorge Sayago, de Caleta Olivia, otra localidad cercana.
 
 Esa región quedaba en la traza del Ferrocarril Patagónico, un visionario proyecto nunca concretado de unir el santacruceño Puerto Deseado, sobre el Océano Atlántico, con el rionegrino Lago Nahuel Huapi, en la frontera con Chile. En el diario La Nación, del 8 de octubre de 1914, se publicaron una sucesión de decretos que ponían nombres a las que eran estafetas postales y serían estaciones ferroviarias de la línea a Puerto Deseado: Cerro Blanco, Ramón Lista, Jaramillo, Fitz Roy, Tehuelches, Minerales, Pico Truncado, Koluel Kaike, Piedra Clavada y Colonia Las Heras.
 
 Finalmente sólo se construyeron 283 Km. de vías férreas, desde su cabecera, en Puerto Deseado, hasta Colonia Las Heras, y el proyecto colonizador murió.
 
 Según el censo territorial de 1920, los habitantes beneficiados con este servicio postal eran 60 personas en Cerro Blanco; 62 en Ramón Lista; 200 en Jaramillo; 103 en Tehuelches; 100 en Minerales; 147 en Pico Truncado; 60 en Koluel Kaike; y 603 en Las Heras.
 
 En los años ’40 se descubrió petróleo y gas en la región, y comenzó el desarrollo. Algunos pueblos crecieron más que otros. En el Censo de 2001, Pico Truncado informó 14.967 residentes y Las Heras, 9.299; mientras que Jaramillo, informó 216; Fitz Roy, 174; y Koluel Kaike, 147.
 
 Pan American Energy tiene su centro operativo patagónico en Koluel Kaike, donde la empresa Bridas S.A.P.I.C. compró unos pozos que habían explotado Perez Companc.
 
 El yacimiento El Huemul, Koluel Kaike se encuentra al noreste de la provincia de Santa Cruz, a 150 Km. de Comodoro Rivadavia. El yacimiento se halla ubicado en la región de las mesetas del río Deseado. Este distrito comprende la región más árida de la Patagonia. Los suelos son de materia orgánica muy escasa. Hay un fuerte y persistente viento patagónico.
 
 Precisamente en el Gobierno de Santa Cruz hay registro de los siguientes estudios ambientales realizados en la zona:
 
 > Migliora, H. y Lamoureux, M. , 1997. Caracterización de suelos afectados por vertido de agua salina y petróleo (Koluel Kaike). Santa Cruz. 36 pág. Financiado por Pérez Companc.
 
 > Migliora, H. y Lamoureux, M. . 1998. Estudio de suelos en áreas afectadas por movimientos de tierras (piletones). Yacimiento Piedra Clavada (Bridas S.A.P.I.C., 1ra. Parte). 65 pág. Financiado por BRIDAS S.A.P.I.C. Presentado en el XVI Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo. Villa Carlos Paz. Córdoba.
 
 Sin embargo, cuando el geólogo Fernando Díaz intentó analizar el agua que consumían los pobladores, nunca lo pudo concretar. Esto es llamativo no solamente porque PanAmerican Energy es la Nº2 en petróleo y Nº3 en gas en la Argentina, y por lo tanto sus acciones tienen una repercusión socioeconómica importante, sino por el compromiso escrito que tomó Alejandro Bulgheroni ante sus socios extranjeros cuando crearon la compañía: "Cero accidentes. Cero enfermedades profesionales. Cero contaminación ambiental. Cero daño a la salud y a la propiedad. Pan American Energy será reconocida mundialmente por su búsqueda y logros en materia de desempeño en Salud, Seguridad Industrial y Medio Ambiente".
 
 El abogado
 
 José Omar García Camed es un abogado con matrícula en la Ciudad de Buenos Aires que fue contratado por un proveedor de Bridas, contrariado por la ruptura unilateral de un contrato que tenía para el saneamiento de piletas a cielo abierto de tratamiento del petróleo en Koluel Kaike.
 
 El saneamiento fue consecuencia del escándalo ambiental por la aparición de aves empetroladas en el norte de Santa Cruz; luego, al conocerse los resultados de los muestreos de suelo y agua realizados en la Planta de Tratamiento Cañadón Minerales operada por la empresa Vintage Oil, se determinó contaminación con hidrocarburos y elevada salinidad, proveniente del agua de producción o agua de purga, incluyendo gases peligrosos como SO2 (dióxido de azufre) o SH2 (ácido sulfhídrico).
 
 Cuando concluía el plazo otorgado por quien era por entonces la autoridad ambiental, María Julia Alsogaray, se denunció que Bridas había tapado con cemento los piletones sin realizar el tratamiento.
 
 El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Silva Garretón se declaró incompetente y le trasladó el caso a la Justicia santacruceña, donde recibió el expediente el por entonces juez de 1ra. instancia, con competencia electoral, Ricardo Alberto Napolitani, luego ascendido a vocal del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, quien abrió un recurso de amparo ambiental que obligaba a suministrar agua envasada a los habitantes de Nuestra Señora de Koluel Kaike.
 
 Así comenzó una larga batalla por lograr el análisis de las muestras de acuíferos para establecer la contaminación existente en humanos, en los residentes en el lugar.
 
 Los allegados a García Camed afirman que él nunca logró comprender cómo profesionales del Derecho que se asumen como ‘progresistas’ –el caso del estudio Sabsay- hicieron gestiones para que cesara el amparo ambiental. Más comprensible fue la actuación en aquella causa, en defensa de Bridas, de Jorge Edwin Torlasco, del estudio jurídico León Carlos Arslanián, C.A. Beraldi, M.E. Kaminker y Asociados.
 
 Los testimonios de videos que llegaron a la redacción de EDICIÓN i acerca de los casos de enfermedades denunciadas por habitantes de la localidad santacruceña son estremecedores. Resulta inexplicable que la organización no gubernamental Greenpeace, tan interesada en protestar en Gualeguaychú, Entre Ríos, contra la instalación de las plantas de pasta de celulosa en Fray Bentos, Uruguay, rechazó en reiteradas ocasiones asumir la defensa del caso de contaminación en Santa Cruz.
 
 Inicialmente, el caso en Koluel Kaike logró un dinamismo inédito, por la actuación del fiscal federal Norberto Bellver, de Comodoro Rivadavia, Chubut.
 
 Bellver ya tenía experiencia en denuncias por contaminación de las napas de agua en la región, aunque en verdad nunca se ha llegado a nada concreto. En 1996, Bellver había iniciado una investigación ante la denuncia realizada por el Centro de Actividades Deportivas, de Apoyo a la Ciencia y a la Ecología (Cadace), con sede en Caleta Olivia (Santa Cruz), acerca de los casos de cáncer existentes en la región petrolera. Habían muerto 30 personas que vivían cerca de una planta deshidratadora de YPF S.A., en la localidad de Las Heras (Santa Cruz).
 
 Según el informe, la contaminación había sido detectada en las napas de agua potable y existían sospechas de que el mismo problema afectara a algunos barrios de Comodoro Rivadavia, que se abastecen con agua del lago Muster.
 
 Bellver pidió el llamado a indagatoria de los responsables de PanAmerican, comenzando por Carlos Bulgheroni, lo que no pudo conseguir.
 
 Pero el juez Napolitani autorizó la extracción de sangre y orina, en forma compulsiva, a 10 personas elegidas al azar; y las muestras fueron analizadas en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, llevando la firma de Clara M. López y Otmaro F. Roses, profesores titulares de Toxicología y Química, quienes realizaron una consulta con el famoso especialista japonés Katsumaro Tomokuni.
 
 Ellos confirmaron la existencia de benceno y tolueno en la sangre, de fenoles en la orina, y advirtieron sobre los trastornos gastrointestinales existentes.
 
 Sus estudios fueron corroborados, en junio del año 2000, por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de Roberto Mingrone.
 
 Eran valores inusuales de excreción. Pero los resultados de esos nuevos estudios jamás fueron exhibidos por las autoridades.
 
 Comenzaron las negociaciones políticas más diversas. BP tenía un problema llamado PanAmerican Energy, que había heredado una irregularidad cometida por Bridas, de los Bulgheroni. Había que resolverlo.
 
 Las irregularidades habían tomado vuelo, y hay constancias de las consultas realizadas por el entonces embajador estadounidense James Richard Walsh, y por el embajador británico William Marsden. Un informe de la situación llegó a Londres, tomando por sorpresa a BP.
 
 En forma reservada, ambos se entrevistaron, por separado, con el abogado García Camed.
 
 También se interesaron en el tema, por la denuncia de los productores rurales patagónicos, la Sociedad Rural Argentina, a través de Enrique Crotto.
 
 El informe
 
 Entonces correspondía realizar un peritaje en Koluel Kaike para establecer el daño existente y las medidas a adoptar. ¿Quién pagaría los $ 69.000 (eran US$ 69.000) del estudio de impacto ambiental? El Tribunal Superior de Santa Cruz negó tener los recursos; el municipio también; la empresa dijo que no le correspondía y, obviamente, los pobladores no tenían el dinero.
 
 Osvaldo Pérez, intendente municipal de Pico Truncado, ordenó la emergencia sanitaria; y el Gobierno provincial tomó cartas en el asunto. Esto provocó que el juez Napolitani, en una decisión discutible desde lo administrativo-procesal, diese intervención al Ejecutivo provincial.
 
 En agosto del año 2000, se agregaron al expediente unos protocolos con una suerte de historia clínica de los pobladores, realizada por la Subsecretaría de Salud Pública de Santa Cruz, junto con personal del Hospital de Pico Truncado. No se practicaron estudios de sangre y orina, sino que se los sometió a una encuesta sanitaria en la que constaban sus hábitos y las características del lugar en el que viven. Una burla.
 
 ¿No tenía el dinero PanAmerican Energy, o temía que el resultado de la investigación provocara demandas judiciales posteriores y el costo de modificar procesos?
 
 Podría considerarse apenas una operación de la empresa para evaluar su rentabilidad. Mucho más dinero destinó PanAmerican a pagar los estudios de factibilidad para construir una central eléctrica de 2.000 MW en Bolivia, para proveer la demanda energética de Brasil, tema que ahora se encuentra en manos del presidente boliviano Evo Morales.
 
 Pero podría ocurrir que PanAmerican decidiera que debía pagarlo Bridas, ¿tenía esta empresa recursos suficientes? Durante 2004, solamente DLS Corporation, compañía de servicios petroleros en la Argentina y Bolivia, de Bridas Energy International S.p.A. facturó más de US$ 112 millones.
 
 El área Cerro Dragón, ubicada en Golfo San Jorge, en donde PanAmerican extrae más de 64.000 barriles diarios de líquidos (Anticlinal Grande) es el segundo yacimiento más relevante del país, detrás de Chihuidos de la Sierra Negra, de Repsol YPF, en la cuenca Neuquina. Luego, PanAmerican participa de 25% en la cuenca Austral Marina I y II, y en las reservas gasíferas de Carina y Aries.
 
 Lo más grave es que el estudio estaba realizado, y esto se intentó ocultar. Lo había realizado un geólogo, Mario Máximo Grizinik, vicerrector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
 
 García Camed tomó conocimiento del informe por comentarios de docentes del centro de estudios. También tomó conocimiento la Justicia porque, sugestivamente, llegó una copia en forma anónima vía postal. Entonces se ordenó un allanamiento de la Universidad para obtener el informe. Entonces Torlasco presentó un pedido de nulidad para agregar la prueba, y logró que prosperase su impugnación.
 
 La causa comenzó a perder fuerza porque no había capacidad de financiamiento (de hecho, García Camed no percibía honorarios) y porque el poder político decidió priorizar su cobro de regalías por petróleo y gas, situación que defendió, a los denunciantes, con una rudeza llamativa el ex diputado nacional Rafael Flores.
 
 Los pobladores de Koluel Kaike se enojaron y perdieron el foco. Fue un error. Habían caído en la trampa. Cinco de ellos denunciaron en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, a Bulgheroni ("envenenamiento de suelos, aguas y medio ambiente en general y como probable autor, partícipe o encubridor") pero también al entonces gobernador Kirchner (por los presuntos delitos de "encubrimiento, abandono de personas y violación de los deberes de funcionario público").
 
 La causa quedó en el escritorio de la jueza Eva Parcio, quien obviamente inició un debate sobre competencias con los tribunales de Río Gallegos, y de ese entuerto la causa nunca logró salir.
 
 San Jorge   En la Patagonia no debería existir contaminación. Por un lado, porque las cuencas son de arcilla/arena, donde se perfora con la hidráulica nada más, o sea, con las boquillas nada más. En cambio en el norte argentino son semiduras a duras, compactas y abrasivas.
 
 Solamente habría que realizar un adecuado proceso de tratamiento posterior, básicamente para los casos de aguas de formación (cuando viene el petróleo con agua del subsuelo y viene contaminada con gas sulfúrico, que es venenoso. Los trabajadores petroleros le llaman ‘una pizca’, algo microorgánico que se mete en el cuerpo y afecta la parte digestiva o el sistema nervioso, quita el oxígeno de la sangre y produce muchas enfermedades).
 
 Pero inspecciones rutinarias en la Cuenca del Golfo de San Jorge, por ejemplo, han detectado hasta 310 piletas de petróleo mal saneadas, con evidencia de afloramientos, encharcamientos, enlagunamientos de dimensiones considerables, piletas que no fueron tapadas y que en su interior se encuentra el hidrocarburo en estado líquido, una trampa para la fauna, la avifauna que habita en el ecosistema, y el ser humano).   En el caso de Pan American Energy se encontraron en la zona del Golfo, 77 de esas piletas, violatorias de la Ley de Residuos Peligrosos Nº 2.567.
 
 De acuerdo al Informe Técnico realizado por la Fundación Patagonia Natural, en el marco del Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera Patagónica, elaborado por Marta Commendatore, Mónica Gil, Miguel Harvey, Juan Carlos Colombo y José Luis Esteves, los sedimentos de la zona del Golfo San Jorge están contaminados con hidrocarburos de origen antrópico (producido por el hombre). En todas las muestras se detectó aparte de petróleo fresco, la presencia de MCNR (mezcla compleja no resuelta) indica petróleo degradado o material orgánico degradado de múltiples fuentes. Estos datos estarían señalando un ‘input’ constante por las operaciones conectadas con la explotación petrolera de la zona y el transporte marítimo, generando una contaminación crónica.
 
 Desde el centro de estudios Cadace indican que la gran mayoría de las plantas de tratamiento de esa zona utilizan sistemas de reducción nocivos para la salud, produciendo además sustancias cancerígenas.
 
 En la franja norte de la provincia, Puerto Deseado, Jaramillo y Fitz Roy, Pico Truncado, Koluel Kaike, Las Heras, Perito Moreno y Los Antiguos (menos Caleta Olivia y Cañadón Seco) no hay plantas apropiadas de tratamientos de residuos, quemándose productos clorados como el PVC, lo que produce sustancias (dioxinas) altamente cancerígenas por ser persistentes y acumulativas en grasa.
 
 El tema es competencia de la Unidad de Gestión Ambiental Provincial, y no cabe dudar de la profesionalidad de sus técnicos. También es cierto que, luego del incidente, PanAmerican Energy, a iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner, instaló una planta de ósmosis inversa que decanta algunos de los efectos contaminantes del agua; pero también es verdad que
 
 > nunca se concretaron las medidas de prueba,
 
 > no hay un seguimiento de la evolución sanitaria de la población, y
 
 > hay denuncias de que la tecnología de esa planta de ósmosis no es lo suficientemente segura para el tratamiento del plomo;
 
 por esto es posible especular con la indefensión permanente de los vecinos del cuartel de operaciones de los Bulgheroni en Santa Cruz.
 
 En breve habrá una lupa global sobre Koluel Kaike, una de las cinco localidades en el mundo elegidas por la Organización de Naciones Unidas para que su International Center for Hydrogen Energy Technologies (Ichet), con sede en Estambul, Turquía, intente reemplazar la energía eléctrica y el combustible tradicional por el uso de energías renovables, en su caso hidrógeno y energía eólica. Los pobladores, felices: es posible que ese día, si sobreviven, se termine la contaminación.
 
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