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RODRIGO DE LOREDO Y ARSAT

Rodrigo quiere ser fiscal pero el pasado lo persigue a él y su ex suegro

Mie, 30/09/2020 - 4:16pm
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Por Urgente24

Concejal en la ciudad de Córdoba, Rodrigo de Loredo intenta convertirse en una suerte de fiscal de la gestión municipal porque su objetivo es intentar la alcaldía de la capital provincial en 2023. El problema de Loredo es el pasado, que no sólo lo persigue sino que lo complica. Una decisión que se tomó en la Administración Macri, debilitó a empresa y multiplicó gastos por incumplimientos que, entre 2016 y 2019, sumaron compromisos que dejaron vencer por otros $1.400 M. Y se habla de Rodrigo de Loredo.

Rodrigo de Loredo y Carolina Aguad
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Aquellos días de Rodrigo de Loredo y Carolina Aguad.
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Rodrigo de Loredo es una creación de Oscar Aguad, no quedando en claro en la biografía en Wikipedia del ex ministro de Mauricio Macri si él fue un invento de Luciano Benjamín Menéndez, el diario La Voz del Interior o Carlos Yanicelli.

En cuanto a Loredo, él se relacionó con Aguad desde sus días en la escuela secundaria porque en el Instituto Nuestra Señora Monjas Azules conoció a Carolina Aguad con quien, tras 11 años de noviazgo, se casó a fines de 2007. De acuerdo a lo que informa el diario Ámbito Financiero, se han separado.

Loredo y Carolina estudiaron Abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba y ambos, junto a quien sería su suegro, fundaron el estudio jurídico ​Aguad & Asociados.

Cuando Macri asumió en la Casa Rosada, Aguad fue al Ministerio de Comunicaciones donde destacó su relación con Grupo Clarín, se insistió en aquellos días. Cuando fue disuelta esa cartera, aterrizó en Defensa. Siempre llevó consigo a Loredo, hasta 2018.

Famosas fueron las comidillas entre funcionarios y periodistas acerca de las reuniones de gabinete de Macri donde destacaban los desconocimientos de Aguad y Loredo acerca del tema específico y tan complejo de las telecomunicaciones (a Urgente24 no le consta porque no mantuvo vínculo con tan triste Administración pero es necesario mencionarlo). Otro ejemplo de las similitudes entre el gobierno de Juntos por el Cambio y el del Frente de Todos.​

Vamos a Loredo:

Investigación de Estefania Pozzo y Sofía Caram en el diario Ámbito Financiero:

"(...) Bajo la excusa de la búsqueda de financiamiento externo y con el objetivo de un recorte en la inversión estatal, el expresidente de ARSAT durante el Gobierno de Macri, Rodrigo de Loredo -yerno del exministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad- justificó en marzo de 2016 la interrupción de la construcción del ARSAT III, que el kirchnerismo había proyectado para lanzar al espacio en 2019. Sin embargo, la lluvia de inversiones para el plan satelital nunca llegó y, según un relevamiento de las nuevas autoridades, causó un perjuicio para la firma estatal de u$s38 millones.

Tras la interrupción del proyecto en forma unilateral, ARSAT quedó con la obligación de enfrentar pagos de contratos pendientes en dólares y en euros. Uno de ellos es con la empresa Arianespace, a la que se le deben facturas por un total de u$s20.300.000. Otra de las deudas es con Ariane Group (ex Airbus) por €696.350. También se registra una mora con la firma Thales Alenia Space, por €308.057,38 más los intereses. A todo eso hay que sumar 14 millones de euros que el Estado argentino deberá destinar en total para conservar la posición orbital (POG 81°O), algo que no se debería costear aparte “si el proyecto no se hubiese interrumpido”, dice el documento oficial al que accedió Ámbito.

Deudas

Entre 2016 y 2019 no sólo se discontinuó el desarrollo planificado del plan satelital argentino, sino que las deudas en ARSAT se incrementaron y los balances no fueron tratados nunca en Asamblea General, como estipula la normativa. La evaluación debe hacerse cada cuatro meses, luego del cierre de cada ejercicio. Según estimó la nueva administración, distintos clientes del sector público nacional le deben a ARSAT más de $1.400 millones, de los cuales $1.300 difícilmente puedan recuperarse, ya que los cobros están vencidos.

Provincias sin conectividad

En noviembre de 2015 se sancionó la ley 27.208, que declaró el desarrollo de la industria satelital como parte de una política de Estado. La normativa aprobada por el Congreso instruyó al Poder Ejecutivo a través de ARSAT a ejecutar el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035, que incluía la construcción del ARSAT III. Las consecuencias del incumplimiento del proyecto por parte de las autoridades macristas no fueron sólo económicas. Ocurre que los ARSAT I y II no son suficientes para la cobertura de todo el territorio nacional. Con el tercer satélite que nunca se puso en órbita son muchas las provincias a las que hoy no se les puede brindar servicios de banda ancha satelital eficientes, lo que mantiene la brecha digital en las zonas del país sin cobertura terrestre.

Pero, además, la suspensión del ARSAT III impidió a la empresa de capitales estatales posicionarse de lleno en el mercado de servicios satelitales, donde no había competencia alguna. La falta de impulso al plan establecido por ley condicionó el crecimiento de la compañía y obligó a la contratación de terceros. Hecho que, además, no solucionó la falta de cobertura en algunas regiones.

Contratos bajo sospecha y fuga de cerebros

En ARSAT ocurrió lo mismo que en otras reparticiones y empresas del Estado durante el Gobierno de Cambiemos: mientras se recortaban recursos con el argumento de la austeridad, bajo el mando de Loredo se pagaron cuantiosos honorarios a los cargos directivos y se realizaron contrataciones directas que hoy quedaron bajo sospecha. Un total de veinte de ellas fueron dadas de baja por la nueva gestión. Se trata de servicios de consultoría; mantenimiento y desarrollo de aplicaciones; “servicios de back office”; “asistencia en gestión de proyectos”; desarrollo de “software de Gestión Documental” y de “inteligencia artificial”.

Según una auditoría interna de ARSAT a la que accedió Ámbito, una firma en particular fue adjudicataria directa una y otra vez. Se trata de Consensus Argentina S.A. a la que se le otorgaron cuatro órdenes de compra en siete meses, por más de 38 millones de pesos. El reporte de las nuevas autoridades habla de “contrataciones directas por urgencias injustificadas” y “hasta la contratación de una empresa para cobranza del servicio de internet satelital domiciliario, que es bonificado para los usuarios”. (...)".