Condenado a muerte, perdón y redención

La sentencia debía cumplirse el 08/09 pero fue demorada, informó Associated Press.

Pero lo interesante, según Christian Post, es que Ramírez apeló el rechazo a su pedido de tener un pastor presente que le imponga las manos y ore por él cuando reciba la inyección letal. El tema entró en la agenda judicial de Texas para debatirse entre octubre o noviembre pero puede llegar a Washington DC, donde la Corte Suprema ya tiene otro tema de Texas pero vinculado al aborto.

• ¿Cuáles son los derechos de los condenados?
• ¿Esos derechos incluyen el ejercicio de alguna religión?
• ¿Hay restricciones al ejercicio de su fe?

Ramírez apuñaló a Pablo Castro 29 veces durante un robo en 2004, del cual solo obtuvo US$ 1,25 después de un enorme consumo de drogas durante 3 días con 2 mujeres que estaban con él en el momento del asesinato. Él huyó a México después del ataque, pero fue arrestado 3,5 años después y condenado a muerte.

Su abogado, Seth Kretzer, argumentó que el Departamento de Justicia Criminal de Texas estaba violando sus derechos de la 1ra. Enmienda de practicar su religión al evitar que su pastor imponga las manos y haga oraciones vocales mientras recibe su inyección letal.

El reclamo

La petición de Ramírez provocó mucha repercusión en las comunidades de cristianos, no sólo de Texas, acerca de si corresponde o no satisfacer esa última voluntad del condenado a muerte.

La mayoría consideró que sí, que debe atenderse el pedido.

La Comisión de Libertad Religiosa y Ética (ERLC son sus siglas en inglés) de la poderosa Convención Bautista del Sur y la Asociación Nacional de Evangélicos se unieron a la Asociación General Adventista del Séptimo Día, la Sociedad Legal Cristiana, la Iglesia Anglicana en América del Norte, la Federación de Iglesias de Queens y el Instituto Rutherford, que habían iniciado el reclamo redactado en 33 páginas elevado al tribunal en condición de 'amicus curiae' (amigos del tribunal), en apoyo del "ejercicio religioso" de Ramírez.

Al llevar a cabo la ejecución de John Henry Ramirez, el estado de Texas ... estará impidiendo su derecho (de Ramírez) al ejercicio religioso si impone una prohibición general a su pastor de participar en una oración audible o tocarlo para brindarle consuelo espiritual en su momento de muerte. Al llevar a cabo la ejecución de John Henry Ramirez, el estado de Texas ... estará impidiendo su derecho (de Ramírez) al ejercicio religioso si impone una prohibición general a su pastor de participar en una oración audible o tocarlo para brindarle consuelo espiritual en su momento de muerte.

Casos anteriores en esta Corte ya han indicado la importancia del derecho a un consuelo espiritual tan significativo en la cámara de ejecución para un preso condenado de cualquier fe. Los 'amici' (es el plural de 'amicus') que se unen a este escrito, que incluyen cuerpos religiosos cristianos de diferentes puntos de vista teológicos, afirman la importancia de ese derecho. Casos anteriores en esta Corte ya han indicado la importancia del derecho a un consuelo espiritual tan significativo en la cámara de ejecución para un preso condenado de cualquier fe. Los 'amici' (es el plural de 'amicus') que se unen a este escrito, que incluyen cuerpos religiosos cristianos de diferentes puntos de vista teológicos, afirman la importancia de ese derecho.

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Sobre el condenado a muerte: "Está pagando por su crimen. Supongo que la pregunta que debería hacerse es: ¿No es suficiente?".

El debate

Seth Kretzer, abogado de Ramírez:

Es hostil hacia la religión, negar el ejercicio religioso en el momento preciso en que más se necesita: cuando alguien está pasando de esta vida a la siguiente. Es hostil hacia la religión, negar el ejercicio religioso en el momento preciso en que más se necesita: cuando alguien está pasando de esta vida a la siguiente.

Dana Moore, asesora espiritual de Ramírez durante los 4 años recientes y pastora de la Segunda Iglesia Bautista en Corpus Christi, le dijo a la agencia AP que él "está pagando por su crimen. Supongo que la pregunta que debería hacerse es: ¿No es suficiente?".

Mark Skurka, el fiscal principal en el juicio de Ramírez en 2008, quien ahora se ha jubilado, rechazó esa posibilidad con un argumento muy discutible: "Pablo Castro (la víctima de Ramírez) no tuvo el lujo de que un pastor orara por él cuando fue asesinado. Y no consiguió que alguien orara por él porque este tipo lo apuñaló 29 veces".

También dijo que apoya no permitirle esa posibilidad a Ramírez a causa de preocupaciones de seguridad en el lugar.

Respuestas

A muchos cristianos les viene a la memoria los ladrones en la crucifixión de Jesús, quien hizo una promesa concreta a uno de ellos, de perdón y redención, más allá de los crímenes que hubiera cometido.

El valor del arrepentimiento verdadero ingresó con fuerza teológica para limitar la 'mano dura' propuesta por Skurka, ex fiscal de una localidad llamada Corpus Christi, capital del condado de Nueces, Texas.

En su 'amicus brief', los grupos de fe y libertad religiosa citaron 4 argumentos por los que el Estado no puede impedir el reclamo de Ramírez, en el marco de la Ley de Uso Religioso de la Tierra y Personas Institucionalizadas (RLUIPA son sus siglas en inglés).

El Estado no cumplió con su obligación en el marco de RLUIPA de presentar evidencia específica, no meras afirmaciones o especulaciones generalizadas, de por qué la prohibición de estas prácticas es necesaria para servir al orden y la seguridad. El Estado no cumplió con su obligación en el marco de RLUIPA de presentar evidencia específica, no meras afirmaciones o especulaciones generalizadas, de por qué la prohibición de estas prácticas es necesaria para servir al orden y la seguridad.

La RLUIPA es una ley federal, aprobada en forma unánime por el Congreso en 2000 para corregir los problemas de la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA) de 1993, y promulgada por el entonces presidente Bill Clinton. El texto impide que se prohiba a los prisioneros adorar como les plazca y amplía el término "ejercicio religioso" para incluir "cualquier ejercicio de religión, sea o no obligado por, o fundamental para, un sistema de creencias religiosas".

La oración

Los grupos explicaron que el gobierno del Estado de Texas intentó transferir el problema a Ramírez y no hacerse cargo. Sin embargo, sostuvieron, "bajo la RLUIPA, tanto la carga de la producción como la carga de la persuasión recaen en el Estado, no en la persona cuyo ejercicio religioso está sustancialmente asegurado".

Incluso si Texas demostrara que la negación de la oración audible y el contacto físico fomentan una situación rechazable de inseguridad, el escrito afirma que el Estado también debe demostrar la validez de su rechazo.

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John Henry Ramírez, el condenado a muerte.

El Estado tiene múltiples medios menos restrictivos para mantener el orden y la seguridad, y no ha demostrado que sean inadecuados. Puede (y lo hace) examinar y capacitar a asesores espirituales externos, y si sus acciones causan trastornos, puede sacarlos de la sala de ejecución e imponer sanciones. Y, tal como ha sugerido Ramírez, el Estado puede exigir que las oraciones audibles sean suaves y no disruptivas. El Estado tiene múltiples medios menos restrictivos para mantener el orden y la seguridad, y no ha demostrado que sean inadecuados. Puede (y lo hace) examinar y capacitar a asesores espirituales externos, y si sus acciones causan trastornos, puede sacarlos de la sala de ejecución e imponer sanciones. Y, tal como ha sugerido Ramírez, el Estado puede exigir que las oraciones audibles sean suaves y no disruptivas.

El Estado de Texas ya ha permitido (en el pasado) la oración audible de asesores espirituales en la cámara de ejecución 7. Y ya ha permitido que los asesores espirituales pongan sus manos sobre los presos durante el procedimiento de ejecución. El Estado de Texas ya ha permitido (en el pasado) la oración audible de asesores espirituales en la cámara de ejecución 7. Y ya ha permitido que los asesores espirituales pongan sus manos sobre los presos durante el procedimiento de ejecución.

En consecuencia, Ramírez tendría derecho a una orden judicial continua para evitar que sea ejecutado de manera incompatible con su derecho a ejercer su religión en los últimos minutos de su vida. Y este Tribunal debe ordenar que si el Estado continúa prohibiendo estas prácticas religiosas, el caso debe ser remitido (a la Corte Suprema de Justicia federal) para litigar la demanda de Ramírez de una orden judicial permanente contra la prohibición del Estado.