El 8 de abril pasado, el Senado de la Nación sancionó por unanimidad un proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional que se había promocionado como la solución a los monotributistas que se habían excedido en la facturación de 2020, ante la falta de actualización de las escalas por la pandemia.
CUESTIÓN FISCAL-ELECTORAL
Monotributo: Marcó del Pont apartada, Guzmán desdibujado y Alberto empodera a Massa
Alberto Fernández citó a Sergio Massa para encomendarle –junto con Máximo Kirchner- que resuelvan con una ley el desaguisado del cobro de deudas retroactivas a monotributistas. Marcó de Pont, la titular de la AFIP responsable de la controversia, quedó aislada y el ministro Martín Guzmán desdibujado cuando tendrían que haber sido ellos quienes aporten una solución. Se jugó con un electorado de 3,2 millones de personas que ya venían golpeadas por la pandemia y con poca asistencia estatal.
Además de evitar que unas 25.000 personas quedaran excluidas del régimen simplificado y entraran al régimen general donde deben pagar IVA y Ganancias, el proyecto incluía la actualización de las categorías con un índice del 35,3%.
La directora de la AFIP Mercedes Marcó del Pont participó en todo el debate parlamentario y de hecho anticipó que trabajaba en una reforma integral del Monotributo.
"Este proyecto es muy necesario y era muy esperado por los monotributistas, y va a brindar soluciones a más de tres millones de trabajadores que desarrollan una actividad independiente, que viven de su trabajo y que necesitan que el Estado elimine trabas burocráticas para poder desarrollarse con normalidad", dijo durante el debate en el Senado el oficialista Carlos Caserio, titular de la Comisión de Presupuesto.
Ni siquiera la oposición se opuso a la iniciativa que parecía muy loable.
Lo que nadie esperaba era que Marcó del Pont, al reglamentar la ley, le cobraría a los monotributistas los aumentos en la cuota de manera retroactiva a enero de 2021, lo que generó un escándalo político que Alberto Fernández tuvo que salir a solucionar.
Así fue que el miércoles 9/6, el Presidente de la Nación convocó a la Casa Rosada al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, y le pidió una nueva ley que otorgue un alivio para ese sector de contribuyentes que se calcula en 3,4 millones de personas.
Se trata de un segmento de la población que sintió con dureza la cuarentena de 2020 y que recibió apenas dos IFE (para las categorías más bajas) y en 2021 insuficientes ayudas económicas acotadas a pocos sectores.
El oficialismo anticipaba el malestar social en un electorado demasiado amplio de independientes y/o trabajadores precarizados bajo el paraguas del Monotributo, de alta concentración en el AMBA.
Es el distrito que el Frente de Todos necesita retener en estas elecciones y donde se está volcando una importante cantidad de recursos.
Castigar con una deuda retroactiva a los monotributistas echaba por tierra los esfuerzos fiscales del Gobierno.
La orden de Fernández a Massa para retocar la ley, dejó en segundo plano a quien debería haber presentado un proyecto para resolver la controversia: el ministro de Economía, Martín Guzmán, que participó de la reunión entre el Presidente y el titular de la Cámara baja junto con el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.
La presencia de Guzmán en ese cónclave donde debió estar Mercedes Marcó del Pont, evidenció que sólo estaba allí para que se notifique del impacto fiscal y en la recaudación que tendría no cobrar la deuda retroactiva.
Tras la reunión en Casa Rosada, Massa volvió al Congreso donde se reunió con el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y juntos trabajaron en el proyecto de ley conocido esta mañana que anula el aumento retroactivo.
Además, la iniciativa contempla un nuevo incremento en las escalas del sistema.











