Presionada por el Gafi, Cristina apunta contra Grondona y amigos
Cristina Fernández le dio a José Sbatella la orden de cumplir con todos los pedidos del GAFI para evitar inconvenientes con el G-20 (no olvidar que había amenazado a la Argentina con excluirla del Grupo). Por ello, la AFA, los clubes de la Primera División y Primera B Nacional y representantes de jugadores deberán informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) las operaciones de transferencia o préstamos de futbolistas que superen los $60 mil anuales.
15 de febrero de 2012 - 13:01
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Los clubes de la primera división y Primera B Nacional y representantes de jugadores estarán obligados a informar al Gobierno todas las operaciones de transferencia o préstamos de jugadores que superen los $60 mil anuales.
La medida fue dispuesta mediante la Resolución 32, publicada este miércoles (15/02), en el Boletín Oficial con la firma del titular de la UIF, José Sbatella, con el objetivo de "prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo".
Esta medida se enmarca en la orden que Cristina Fernández le dio a Sbatella de cumplir con todos los pedidos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y evitar así cualquier inconveniente con el G-20.
Cabe recordar que en octubre pasado, y al término de su reunión plenaria celebrada en París, el Gafi difundió dos comunicados en los que destacó que continúan vigentes "algunas preocupaciones" y por ello convocó a la Argentina a resolver "urgentemente" las "deficiencias en su régimen de lucha contra el lavado y financiación del terrorismo". En este contexto, en diciembre pasado, y bajo la presión del G1, que por medio del GAFI amenazó a la Argentina con excluirla del G20, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de legislación antiterrorista que elaboró el Ejecutivo Nacional (y firmó Cristina).
Sbatella ya tenía en la mira a los clubes de fútbol profesional, ya que mueven mucho dinero pero siempre están en quiebra y piden subsidios al Estado. De ahí que ahora haya dispuesto esta medida.
Asimismo, cabe destacar que hubo una suerte de "arrepentido", que es el nuevo presidente de Independiente, Javier Cantero, quien dijo que varios jugadores del plantel profesional del club no figuran en el balance.
Y Sbatella considera grave que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no informe quiénes son los propietarios de los derechos federativos de los jugadores. Por lo tanto, decidió abrir un expediente en la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre el fútbol profesional argentino, que apunta a transparentar la información sobre la propiedad de los derechos federativos.
Al respecto no hay que olvidar que, por ejemplo, en River Plate hubo muchos escándalos durante la gestión de José María Aguilar con la propiedad de derechos federativos. Y con Daniel Passarella hubo problemas con la transferencia del jugador Erik Lamela a la Roma de Italia.
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De acuerdo con la Resolución, la AFA y los clubes deberán, entre otras cosas, enviar un informe mensual a la UIF de las operaciones que realicen e informar sobre las operaciones inusuales y sospechosas, así como dar a conocer la identidad de los clientes "que realicen operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de 60 mil pesos".
Para ello, la Resolución, que consta de 36 artículos, prevé que la AFA y los clubes deberán elaborar un manual de procedimiento, designar una "oficial de cumplimiento", establecer "un sistema de auditoría interna" y un "programa de capacitación" para su personal, entre otras cosas.
Además, deberán realizar una política denominada "conozca a su cliente", que involucra a las personas físicas y jurídicas que realicen transferencias, cesiones, derechos económicos, presten dinero o efectúen donaciones.
Para ello, deberán elaborar un "perfil" de estos cuando realicen operaciones anuales a partir de los 60 mil pesos y conservar su legajo, y soportes electrónicos, por 10 años.
También se los obliga a realizar una "auditoría interna", que deberá comunicarse anualmente al "oficial de cumplimiento", una persona que deberán designar y que tendrá "independencia y autonomía" de la entidad y que será el primer responsable en analizar las operaciones para ver si se las cataloga como sospechosas.
La Resolución forma parte de las medidas que el Gobierno está aplicando para conseguir que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) saque a la Argentina del listado de países con controles insuficientes para la prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Los 7 capítulos que conforman la Resolución de la UIF se refieren a las "definiciones; a las políticas para prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo; a las políticas de identificación y conocimiento del cliente; a la elaboración del legajo del cliente; al reporte sistemático de operaciones; al reporte de operaciones sospechosas, y a las sanciones" para quienes no cumplan con lo estipulado en la norma, de acuerdo con lo previsto en la ley 25.246.
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Entre otras cuestiones, la Resolución marca la necesidad de informar "las operaciones de adquisición de derechos económicos sucesivos sobre un mismo jugador en un plazo de un año, cuando entre el precio de la primera y la última operación sea igual o superior al 50 por ciento del importe original".
También se señala como obligación de informar "cuando se abonen grandes sumas de dinero en virtud de rescisiones anticipadas de contratos" tanto de jugadores como de cuerpos técnicos.
La norma pide a la AFA y a los clubes "identificar a los fiduciarios" cuando las operaciones se realicen con fideicomisos y "prestar especial atención a las operaciones con países en donde no se apliquen las normas del GAFI", a la vez que recomienda que las operaciones entre clubes se efectúen "mediante transferencias bancarias o cheques "no a la orden".
En cuanto a la elaboración del "perfil del cliente", la Resolución sostiene que los clubes deberán definirlo "basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria", que surjan de sus declaraciones juradas de impuestos.
"También deberá tenerse en cuenta el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que habitualmente realiza el cliente, así como el origen y destino de los recursos involucrados en su operatoria".
Respecto de las operaciones sospechosas, la norma especifica que los "sujetos obligados" (la AFA y los clubes) tendrán un plazo máximo de 48 horas desde realizada la operación para informar a la UIF, en caso de ser considerada sospechosa de financiación del terrorismo, y de 150 días para el caso de lavado de activos.
Ese martes 14/02, el Gobierno dispuso que las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la compraventa de vehículos o maquinarias agrícolas o viales deberán informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre las operaciones que realicen, especialmente las de más de 300 mil pesos anuales, y adoptar una serie de normas a fin de prevenir el lavado de activos y el financiación del terrorismo.
La Resolución 31/2012 de la Unidad de InformaciÓn financiera publicada en el Boletín Oficial establece una serie de obligaciones para las personas físicas o jurídicas que habitualmente desarrollen la actividad de compraventa de "automóviles, camiones, motos, ómnibus, microómnibus, tractores, maquinarias agrícola y vial".
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