Desde este viernes (11/10) comienza a funcionar la Resolución 267/2024, la cual le prohíbe que las boletas de las empresas públicas de todo el país incluyan cargos ajenos a los bienes y servicios contratados. De esta forma, municipios y gobiernos provinciales no podrán cobrar más tasas ni impuestos en las facturas o comprobantes.
TRAS 30 DÍAS DE ADAPTACIÓN
Ya rige la resolución que prohíbe incluir tasas e impuestos en las boletas
Desde este viernes rige la Resolución 267/2024 que le prohíbe a municipios y ciudades incluir en las boletas de las empresas públicas impuestos y tasas.
11 de octubre de 2024 - 13:05
Luego de 30 días de adaptación para las empresas, comenzó a regir la resolución que prohíbe incluir tasas e impuestos en las boletas.
La resolución de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación salió en el Boletín Oficial del 10 de septiembre, pero aunque ese día entró en vigencia, establecía un período de 30 días de adaptación para las empresas, que concluyó este viernes. Por este motivo, los usuarios recién verán reflejados los cambios en las boletas de noviembre.
A partir de esta modificación, tanto las empresas de servicios públicos, como las que comercializan bienes, solamente podrán incluir en sus facturas la descripción y el precio correspondiente al servicio. Si las instituciones incumplen esta norma, los consumidores podrán denunciar las irregularidades por medio del correo electrónico ([email protected]) y las entidades podrán ser multadas.
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La resolución de la Secretaría de Industria y Comercio surgió como una respuesta a las múltiples denuncias de los ciudadanos sobre municipios y gobiernos provinciales que incluyen tasas locales e impuestos que no corresponden a la facturación de servicios esenciales, encareciéndolos. El reclamo fue escuchado por Luis Caputo, ministro de Economía Nacional, quien se puso el reclamo al hombro.
“La información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las relaciones de consumo, conforme las denomina el Artículo 3° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor”, dice la norma.
La medida del Gobierno Nacional fue respaldada por asociaciones de consumidores de todo el país. Además, se complementó con resoluciones similares promulgadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicadas también en septiembre.
La polémica con las tasas municipales surgió meses atrás a partir de una tasa vial que comenzaron a cobrar algunos distritos de Buenos Aires. Esta tasa derivó en un encarecimiento de los combustibles y ahora el debate se profundiza ante el aumento de impuestos locales que impactan en supermercados, comercios y servicios, los cuales generan un mayor incremento de precios.
Qué dice la resolución que prohíbe tasas e impuestos
Entre los argumentos de la norma, el texto oficial explicó que “con el transcurso del tiempo se ha ido transformando en una práctica generalizada, para una gran cantidad de proveedores en el mercado, la inclusión y facturación, dentro de la documentación comercial emitida a los consumidores por el suministro de bienes y servicios, conceptos ajenos a aquellos contratado por el consumidor”.
En ese sentido, “la práctica descripta configura no sólo una violación al deber de brindar un trato digno a los consumidores, sino que importa también una clara violación a la libertad de elección del consumidor, garantías que ostentan rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico”, continúa la resolución.
"La situación expuesta implica, a su vez, una posible afectación a los derechos que posee el consumidor respecto de la información con la que debe contar al momento de realizar pagos de bienes y servicios contratados”, continúan los argumentos.
En esa línea, la norma remarcó que “como consecuencia de ello, los consumidores resultan pasibles de encontrarse ante una situación de riesgo concreto de incurrir en errores o confusión acerca de la verdadera naturaleza de los servicios contratados y sus precios, riesgo que se torna más grave aún en el caso de aquellos consumidores en situación vulnerable y de desventaja”.
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