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CONFLICTO EN PUERTA

Santa Fe: Los judiciales presionan a Pullaro y hay tensión con el colegio de abogados

Los trabajadores judiciales exigen lo prometido por el Gobierno de Santa Fe: ingreso de personal, promoción y ascenso de alrededor de 500 empleados.

SANTA FE. Los trabajadores judiciales decidieron realizar un nuevo paro de actividades para el próximo miércoles (13/11), en el que no asistirán a sus lugares de trabajo. Esta medida de fuerza (aprobada en asamblea), que busca presionar al gobierno provincial para que brinde soluciones a los reclamos pendientes, generó tensión con el colegio de abogados.

La lucha de los trabajadores judiciales se convirtió en histórica. No hay antecedentes en las últimas décadas. Por tercera semana consecutiva, los empleados van a un paro de 24 horas. Los tribunales santafesinos realizaron tres paros durante octubre y noviembre sigue los pasos. Ante esta situación, es la primera vez en 30 años que los empleados lanzan estas medidas drásticas.

"No recuerdo tres o cuatro semanas seguidas de paro. La última gran medida de fuerza fue en el 94, cuando se sancionó la "Ley de Enganche" (mecanismo por el cual se actualizan los sueldos", lamentó Jorge Perlo, secretario ejecutivo del Sindicato de Empleados Judiciales de la provincia.

Falta de respuestas

Al respecto, Juan Pablo Langella, representante del sindicato de Judiciales, explicó que la huelga es parte de "un plan de lucha" en demanda de decretos de ingreso de personal, promociones y ascensos que afectan a alrededor de 500 trabajadores, y que esperan hace más de un año.

El sindicato sostiene que si bien se había resuelto la mitad del conflicto "falta la otra mitad que es la firma de los decretos de ascensos e ingresos que deberían haber estado en octubre de 2023". Para ese proceso el gobierno avisó que se tomará un tiempo de análisis y revisión.

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Una imagen que se volvió habitual. 

Una imagen que se volvió habitual.

En ese marco, Langella advirtió que los paros continuarán semanalmente en caso de que no se cumplan los "compromisos" asumidos por los ministros de Gobierno y Economía, Fabián Bastía y Pablo Olivares, respectivamente.

Otro de los apuntes al gobierno provincial tiene que ver con la reforma previsional que fue aprobada a principios de septiembre. El proyecto para modificar la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe fue aprobado en general con 23 votos a favor, 9 en contra y 11 abstenciones.

Tensión con el Colegio de Abogados

Por su parte, esta decisión generó discrepancias con la Federación de Colegios de la Abogacía, que pidió al sindicato que levante las medidas de fuerza y, a su vez, a la Corte Suprema de Justicia que no suspenda los términos judiciales, asegurando que los paros afectan a la ciudadanía.

"Exigimos se priorice el bien común: basta de medidas de fuerza que lo afectan", es el titulo del comunicado que firma la Federación de Colegios de Abogados de Santa Fe.

Los colegios de abogados sostienen que la privación de acceso a la Justicia para la ciudadanía santafesina que generan las medidas de fuerza "implica quebrantar la convivencia social".

Dentro del escrito, argumentan que "En efecto, aplazar nuevamente audiencias, suspender los plazos procesales, cargar con mayores gastos a la gente (que ya con sus impuestos sostiene el sistema público y financia los salarios), imposibilitar el ingreso y la continuidad de los diversos procesos que buscan el reconocimiento de derechos, se erigen como graves consecuencias que excluyen a la Justicia como servicio esencial para convertirse en una mera tarea más".

Ante esta postura, Langella agradeció el apoyo de los profesionales aunque defendió el paro como una acción en defensa de los derechos laborales amparados por la Constitución provincial, ratificando que los trabajadores judiciales también pertenecen a la población y "están velando por sus derechos".

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