La continuidad delictiva que una buena parte de los presos en Argentina mantienen desde la cárcel tiene a los teléfonos celulares como vehículo necesario. En ese sentido, el Gobierno nacional avanzó con medidas de bloqueo lanzando el “Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios”.
EN TODO EL PAÍS
Presos con celular: El Gobierno acelera el bloqueo de IMEI en la cárcel
Los presos en posesión de teléfonos celulares preocupan al Gobierno. Amplían el bloqueo de IMEI para las provincias.
La medida, empujada por el Ministerio de Seguridad de Alejandra Monteoliva, apunta a ampliar la posibilidad de inhabilitar los aparatos que circulan en las cárceles de todo el país mediante el bloqueo vía protocolo IMEI/IMSI. Esta maniobra ya fue puesta en marcha en las cárceles federales de todo el país, y ahora podría ser adoptada por las provincias de manera directa como forma de combate del delito intracarcelario.
En ese sentido, el programa prevé un sistema único de registro para los aparatos que operan desde establecimientos penitenciarios. A partir de allí, las compañías de teléfonos podrán “dar de baja” a los aparatos registrados en posesión ilegal por parte de los presidiarios, según el procedimiento fijado a tal fin por el ENACOM.
Durante los últimos meses, y tras el traspaso del Sistema Penitenciario Federal a la órbita del Ministerio de Seguridad, el Gobierno avanzó con la incautación de miles de celulares en cárceles federales. En distintos operativos recientes, se recuperaron más de 10.000 teléfonos que permanecían en poder de los presos, y con lo cuales muchas veces se perpetuaban delitos “a distancia”.
Por su parte, los sistemas penitenciarios de las distintas provincias han avanzado en medidas focalizadas. Un caso de ejemplo es Córdoba y el Penal de Bouwer, donde se han instalado medidas de bloqueo por radiofrecuencia en las inmediaciones de las instalaciones para evitar las comunicaciones ilegales.
¿Cómo se comunican los presos con el exterior?
Según lo previsto en la Ley Nº 24.660 y sus modificatorias, los presidiarios tienen derecho a comunicarse con el exterior, siempre y cuando se cumplan las vías previstas. Esto incluye cartas, llamadas telefónicas limitadas y monitoreadas o visitas periódicas según cada caso.
Entre los delitos más comunes desde las cárceles resaltan las estafas telefónicas. En algunas instalaciones han llegado a desmontarse auténticos “call centers” que se dedicaban a ejecutar cientos de llamadas diarias a pesar de las prohibiciones.
Además, los celulares permitieron en muchos casos la continuidad de estructuras delictivas controladas desde las instalaciones penitenciarias. Algo que se suma a la posibilidad de ejecutar amenazas a distancia.
Índices de reincidencia
Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), la población carcelaria en Argentina tuvo un índice de reincidencia del 65% durante la última encuesta del 2025. Esto implica que, tras el cumplimiento de la pena, los ex convictos incurrieron en nuevos delitos que los hicieron, o no, volver al circuito penitenciario.
Mientras tanto, tan solo el 17% de la población carcelaria se volcó a capacitaciones laborales. Mientras tanto, el 48% recurrió a programas educativos.
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