La familia Girado denunció que encontraron cajones abiertos y ataúdes vacíos. La justicia frenó la iniciativa de un café y gift shop en cementerio de Recoleta.
Cementerio de la Recoleta
El gobierno de la ciudad argumentó que la cripta en cuestión estaba en riesgo estructural y por eso la licitó. La familia informó que las notificaciones fueron enviadas a personas fallecidas.
El fin de semana pasado tomó protagonismo la justicia porteña gracias a una inspección realizada en el lugar por orden del juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado N°6 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario.
El magistrado Gallardo solicitó a la Dirección de Cementerios que presentara una nómina completa del contenido de la bóveda, un trabajo que fue realizado por la Gerencia Operativa del Cementerio de la Recoleta y que relevó al menos la presencia de restos de 25 personas. Los restos más antiguos son de 1890.
Los funcionarios del gobierno porteño aseguraron que los cajones están en mal estado como consecuencia “del deterioro por el paso del tiempo” y que “al momento de moverlos para realizar la nómina pedida pueden sufrir deterioros”.
El doctor Bernardo Shaq, especialista en habilitaciones y permisos en la Ciudad de Buenos Aires sostiene que las obras pretendidas son ilegales.
El intento de homicidio o el crimen de una mujer embarazada es un límite que casi ninguna sociedad está dispuesto a permitir.
En varias ocasiones las leyes y los sistemas políticos y sociales colapsaron tras casos de esta naturaleza.
Por ejemplo, el femicidio de Chiara Páez en Rufino encendió en 2015 “Ni una menos”.
Se trataba de una menor de apenas 14 años que fue ultimada por su novio de 17. Luego, el asesino la enterró en el jardín de su propia casa.
Por otro lado, el intento de asesinato de Nadia Beller, pareja del asesor libertario Fernando Cerimedo, amenaza la estabilidad del gobierno de Bolivia ya que el supuesto victimario era asesor del presidente Rodrigo Paz.
Un tercer caso conmocionante fue en 2023 el de Cecilia Strzyzowski en la provincia del Chaco. Su muerte sepultó 20 años de hegemonía de Jorge Capitanich quien terminaría cediendo la gobernación.
Un jurado dictó de forma unánime que los 3 acusados debían ser condenados a cadena perpetua: César Sena, como autor principal, y sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña como partícipes primarios.
