En medio del debate por las elevadas remuneraciones que perciben algunos directores designados por el Estado en empresas con participación pública (caso YPF), un diputado de la oposición presentó un proyecto de ley que propone un cambio profundo en las reglas de funcionamiento de esos cargos.
PROYECTO
Tras la polémica por YPF, la oposición pide motosierra a los representantes del Estado en empresas públicas
Por la silla de Adorni en YPF, la oposición pidió terminar con los privilegios de los funcionarios que designa el Estado en empresas públicas.
Manuel Adorni tiene un cargo en el directorio de YPF.
En pocas palabras
- Representación estatal: Proponen un régimen de integridad, transparencia y austeridad para cargos en empresas públicas.
- Función ad honorem: Buscan que los directores estatales no cobren beneficios extraordinarios, salvo excepciones específicas.
- Registro público: Crean un registro nacional de representantes estatales para aumentar el control y la transparencia.
Resumen generado por Thinkindot AI
La iniciativa, impulsada por el diputado nacional Esteban Paulón, crea un Régimen de Integridad, Transparencia y Austeridad para quienes representan al Estado en empresas y sociedades con participación estatal. Entre sus principales objetivos, busca impedir que esos funcionarios obtengan beneficios económicos extraordinarios por ocupar esos cargos y establecer mayores mecanismos de control sobre sus designaciones y remuneraciones.
Caso YPF impulsó el proyecto
Uno de los puntos centrales del proyecto establece que la representación del Estado debe ser considerada una función pública y, como regla general, tener carácter ad honorem. En ese sentido, los funcionarios designados no podrían cobrar honorarios, dietas, bonos, premios, acciones, incentivos, viáticos ni ningún otro beneficio económico proveniente de la empresa donde ejerzan la representación estatal.
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La propuesta contempla una única excepción: cuando la persona designada no ocupe simultáneamente otro cargo remunerado dentro del Estado. En esos casos podría percibir un salario, aunque con un límite estricto. El texto fija que la remuneración no podrá superar la que percibe un secretario de Estado del Poder Ejecutivo Nacional y, además, deberá ser abonada exclusivamente a través del Estado, prohibiendo cualquier pago directo por parte de la empresa.
Un registro público para conocer quién representa al Estado
Otro de los ejes de la iniciativa es la creación de un Registro Nacional de Representantes del Estado en Empresas y Sociedades con Participación Estatal, que sería administrado por la Oficina Anticorrupción.
Ese registro tendría acceso público y reuniría información sobre cada funcionario designado, el organismo que lo nombró, la empresa donde cumple funciones, el régimen salarial que percibe, sus declaraciones juradas patrimoniales, posibles incompatibilidades y las intervenciones de los organismos de control. El objetivo es que toda esa información pueda consultarse de manera libre y permanente.
La Oficina Anticorrupción también sería la encargada de fiscalizar el cumplimiento de la ley, auditar periódicamente las designaciones y promover denuncias cuando detecte posibles irregularidades.
El antecedente que motivó el proyecto
En los fundamentos, Paulón explica que la iniciativa surgió luego de la difusión de las millonarias remuneraciones que percibían representantes del Estado en YPF, un episodio que, según sostiene, dejó al descubierto la falta de reglas claras y de controles uniformes sobre estas designaciones.
El legislador afirma que, tras realizar pedidos de acceso a la información pública, detectó que el propio Estado no cuenta con un registro consolidado que permita conocer cuántos representantes tiene en empresas, bajo qué régimen fueron designados, cuánto cobran o qué organismos controlan esas funciones. Esa dispersión normativa, argumenta, dificulta el control ciudadano y favorece la existencia de privilegios incompatibles con los principios de transparencia y austeridad.
Reintegro del dinero y posibles sanciones
El proyecto también establece que cualquier remuneración percibida en violación de la futura ley será considerada nula y deberá ser reintegrada íntegramente al Tesoro Nacional. Además, prevé que la autoridad de aplicación impulse las acciones administrativas y judiciales correspondientes cuando existan incumplimientos, sin descartar eventuales responsabilidades civiles o penales.
De aprobarse, la iniciativa unificaría por primera vez el régimen aplicable a todos los representantes del Estado en empresas con participación pública, con el objetivo de establecer reglas comunes sobre remuneraciones, incompatibilidades, publicidad de la información y mecanismos de control.
El proyecto que impulsa la oposición:
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