La disputa entre Disney y la administración de Donald Trump dejó de ser una pelea de declaraciones públicas y desembocó este martes en los tribunales. Disney y su cadena ABC demandaron a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) y a su presidente, Brendan Carr, para frenar la revisión anticipada de las licencias de ocho estaciones de televisión propiedad del grupo.
DENUNCA REPRESALIAS
Disney pelea con la administración de Trump y demanda a la FCC: El reclamo llegó a los tribunales
Disney sostiene que la presión sobre ABC puede enviar un mensaje al resto de las empresas de medios, si una cadena emite contenidos que irritan al Gobierno de turno, sus licencias podrían convertirse en una herramienta de presión.
En pocas palabras
- Disney demandó a la FCC y a su presidente para frenar la revisión anticipada de licencias de ABC, argumentando represalias políticas.
- El conflicto se centra en la presión ejercida por la administración Trump sobre la cadena por su contenido, afectando la libertad de expresión.
- El caso podría sentar un precedente sobre el uso de licencias de transmisión como herramienta de presión gubernamental sobre medios de comunicación.
La presentación judicial, realizada ante un tribunal federal de Washington, sostiene que el Gobierno estadounidense utilizó sus facultades regulatorias para presionar a ABC por el contenido que emite y que las medidas adoptadas contra la cadena constituyen una represalia por su cobertura y sus programas. La empresa invocó la protección de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión.
El conflicto tiene varios frentes abiertos, pero uno de los nombres que aparece en el centro de la disputa es el del conductor Jimmy Kimmel. También quedó bajo la lupa The View, otro programa de ABC que fue objeto de una investigación regulatoria.
¿Por qué Disney presentó esta demanda contra la FCC?
El punto inmediato del litigio es una decisión adoptada por la FCC en abril de 2026. El organismo ordenó a ocho estaciones de ABC propiedad directa de Disney que adelantaran el proceso para renovar sus licencias de transmisión.
El movimiento fue excepcional porque esas licencias todavía tenían años de vigencia. Según la demanda, las renovaciones estaban previstas originalmente para períodos que comienzan en 2028 y se extienden hasta 2031. La FCC, sin embargo, exigió que las emisoras iniciaran anticipadamente los trámites.
Disney sostiene que la decisión no puede analizarse separada del enfrentamiento político que la compañía mantiene con Trump y de las críticas que el presidente realizó contra ABC.
La empresa afirma que las acciones regulatorias terminaron convirtiéndose en una amenaza concreta para la independencia editorial de la cadena.
Disney contra todos: ¿Qué relación tiene Jimmy Kimmel con el conflicto?
La figura de Jimmy Kimmel es uno de los elementos que Disney utiliza para describir el contexto de la disputa.
Trump ha cuestionado públicamente al conductor y a ABC en distintas oportunidades, y la tensión entre el presidente y la cadena se profundizó después de contenidos emitidos por programas de la señal. La propia documentación vinculada al conflicto muestra que el pedido de renovación anticipada llegó apenas un día después de que Trump y Melania Trump reclamaran públicamente que Disney tomara medidas contra Kimmel.
Disney interpreta esa proximidad temporal como un indicio de que la utilización de la autoridad regulatoria de la FCC estuvo vinculada con el contenido de ABC.
La compañía fue todavía más lejos en su presentación judicial y argumentó que el Gobierno pasó de cuestionar determinadas emisiones a utilizar las licencias de transmisión como mecanismo de presión.
La FCC, en cambio, rechaza esa interpretación y sostiene que su actuación responde a sus responsabilidades sobre las emisoras que utilizan el espectro público.
¿Qué argumenta Brendan Carr para defender a la FCC?
Carr niega que la FCC esté actuando para castigar a Disney por sus opiniones políticas o por los contenidos de ABC.
El presidente del organismo sostiene que las estaciones de televisión que utilizan frecuencias públicas tienen obligaciones vinculadas con el interés público y que la Comisión tiene autoridad para controlar si esas obligaciones se cumplen.
En una entrevista citada por medios estadounidenses, Carr defendió la idea de que las emisoras deben asumir las condiciones asociadas al uso del espectro público. También señaló que las compañías que no quieran operar bajo ese marco cuentan con otras alternativas, como el cable, los podcasts o las plataformas de streaming.
La FCC también vinculó la revisión con investigaciones relacionadas con las políticas de diversidad, equidad e inclusión de Disney.
Ese argumento es central para la defensa del organismo, porque la Comisión sostiene que no está evaluando las licencias por una opinión editorial determinada, sino por cuestiones relacionadas con las obligaciones de las estaciones.
Disney: ¿Qué papel juega The View?
El programa The View es otro de los puntos que aparecen en la presentación de Disney.
La FCC abrió una investigación vinculada con la denominada regla de “igualdad de tiempo”, una disposición que establece determinadas obligaciones para las emisoras respecto de candidatos políticos.
Disney afirma que esa investigación tuvo un efecto directo sobre las decisiones editoriales de ABC. Según la compañía, el programa comenzó a adoptar mayores precauciones respecto de la participación de candidatos y de determinados contenidos audiovisuales.
Para Disney, ese efecto es precisamente una muestra del problema que intenta llevar ante la Justicia y aunque la FCC no ordene directamente qué debe emitir ABC, una amenaza regulatoria sobre sus licencias puede provocar que periodistas y productores modifiquen su comportamiento por temor a consecuencias futuras.
¿Qué quiere conseguir Disney con la demanda?
La compañía pidió una intervención judicial urgente para detener el procedimiento de revisión anticipada de las licencias.
En términos prácticos, Disney pretende que la Justicia impida que la FCC avance con ese proceso mientras se analiza la legalidad de las medidas adoptadas por el organismo.
ABC y las ocho estaciones involucradas sostienen que existe una amenaza inmediata para su actividad y que el Gobierno no puede utilizar el poder regulatorio para castigar contenidos que resulten políticamente incómodos.
El planteo transforma el conflicto en algo mucho mayor que una discusión entre una compañía de entretenimiento y un organismo estatal. El caso podría establecer límites sobre hasta dónde puede llegar un regulador federal cuando una emisora utiliza frecuencias públicas pero, al mismo tiempo, ejerce derechos constitucionales vinculados con la libertad de expresión.
¿Por qué el caso puede afectar a otros medios?
El alcance potencial del conflicto es uno de los aspectos que mayor atención genera en Washington. Disney sostiene que la presión sobre ABC puede enviar un mensaje al resto de las empresas de medios, si una cadena emite contenidos que irritan al Gobierno de turno, sus licencias podrían convertirse en una herramienta de presión.
Organizaciones vinculadas con la defensa de la libertad de expresión también cuestionaron las acciones contra ABC y advirtieron sobre el posible efecto inhibidor que podrían provocar.
La FCC, por su parte, mantiene que está ejerciendo atribuciones regulatorias y que las emisoras no están exentas de cumplir las normas por invocar la Primera Enmienda.
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