Nuevo impuesto en puerta: El proyecto de Máximo Kirchner que alcanza dólares, inversiones y criptomonedas

Máximo Kirchner puso sobre la mesa una nueva discusión impositiva. El diputado nacional presentó en el Congreso un proyecto para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), un gravamen que alcanzaría determinadas operaciones que impliquen sacar divisas, valores negociables o activos virtuales de la Argentina.

La iniciativa establece una alícuota general del 3% sobre las operaciones alcanzadas. Pero el porcentaje podría llegar al 5% cuando el destino final del dinero sea una jurisdicción considerada de baja o nula tributación o un país no cooperante.

El proyecto aparece en las antípodas de la política tributaria que impulsa el gobierno de Javier Milei y fue presentado por Kirchner como una respuesta al ajuste fiscal y a la reducción de recursos enviados a las provincias. El líder de La Cámpora sostiene que el nuevo esquema permitiría transformar una parte de las salidas de capital en financiamiento para provincias, municipios, hospitales, universidades, jubilaciones y PAMI.

¿A quiénes alcanzaría el nuevo impuesto?

El ITIC no apunta únicamente a las transferencias bancarias tradicionales. El texto contempla las operaciones realizadas a través del mercado de cambios, el Contado con Liquidación (CCL) y otras transferencias o acreditaciones de fondos en el exterior.

Además, incorpora expresamente los activos virtuales y contempla operaciones realizadas mediante exchanges, plataformas descentralizadas, wallets, custodios y otras herramientas digitales cuando el resultado sea la disponibilidad de esos activos fuera del país.

El universo de contribuyentes también es amplio: incluye personas humanas, empresas, sucesiones indivisas, fideicomisos, trusts, fundaciones y otras estructuras, sean residentes o no residentes.

La propuesta, sin embargo, establece una serie de exclusiones y exenciones. No quedarían alcanzadas las operaciones realizadas en mercados argentinos con bonos, acciones, derivados o fondos comunes de inversión mientras el dinero o los activos permanezcan dentro del país.

Tampoco se gravarían las importaciones de bienes y servicios debidamente registradas ante el Banco Central y ARCA. Entre otras excepciones, aparecen determinadas transferencias destinadas a prestaciones de salud, medicamentos, libros, plataformas y software educativo, proyectos de investigación y ciertos financiamientos externos vinculados con infraestructura e inversión productiva.

Es decir, según el diseño presentado por Kirchner, la mera tenencia de dólares o activos dentro de la Argentina no constituye el hecho imponible: lo que busca gravarse es su transferencia o disponibilidad efectiva en el exterior.

Máximo Kirchner calcula una recaudación multimillonaria

Uno de los números con los que el kirchnerismo busca darle volumen político a la propuesta es su potencial recaudatorio.

Según la estimación difundida junto con el proyecto, el ITIC podría generar una recaudación mínima cercana a los $2,89 billones. La cifra equivale, de acuerdo con los autores de la iniciativa, a diez veces lo enviado durante 2025 a las provincias en concepto de transferencias de capital.

El proyecto fundamenta la creación del tributo en la caída de los recursos nacionales destinados a las jurisdicciones. Sostiene que entre 2023 y 2025 las transferencias automáticas de Nación a provincias y municipios se redujeron un 8,4% en términos reales, mientras que las no automáticas cayeron un 72,8%.

Para el primer semestre de 2026, los fundamentos aseguran que la tendencia continuó: calculan una baja real interanual del 2,8% en las transferencias automáticas y del 51,8% en las no automáticas.

El 60% iría a las provincias y municipios

El destino del dinero es uno de los puntos centrales de la propuesta y también una de las claves políticas con las que Kirchner buscará sumar respaldo en el Congreso.

El proyecto dispone que el 60% de todo lo recaudado sea destinado a provincias y municipios para financiar infraestructura sanitaria, educativa y hospitalaria, viviendas y obras viales. También permitiría utilizar una parte de esos recursos para recomponer los salarios de trabajadores de salud y educación.

Las provincias que adhieran tendrían, además, que establecer un mecanismo automático para transferir recursos a sus municipios. Ese reparto no podría ser inferior al 30% de lo recibido por cada jurisdicción.

El 40% restante se dividiría en cuatro partes: 10% para el Hospital Garrahan, hospitales nacionales, institutos y políticas vinculadas con discapacidad; 10% para universidades nacionales; 10% para ANSES, con destino a jubilaciones o bonos; y otro 10% para PAMI, principalmente para medicamentos y prestaciones sanitarias.

Un impuesto que también apunta a las criptomonedas

Uno de los aspectos novedosos del proyecto es el intento de alcanzar operaciones que escapen de los circuitos financieros tradicionales.

El articulado menciona expresamente exchanges, plataformas descentralizadas (DEX), proveedores de servicios de activos virtuales, contratos inteligentes, wallets —custodiadas o no—, operaciones OTC, stablecoins y transferencias entre particulares.

La intención declarada es evitar que el impuesto pueda eludirse simplemente cambiando el canal utilizado para sacar los activos del país.

La percepción quedaría principalmente en manos de bancos, agentes bursátiles y proveedores de servicios de activos virtuales que intervengan en las operaciones, mientras que ARCA tendría a su cargo la aplicación y fiscalización del nuevo régimen.

Una nueva batalla impositiva contra Milei

El proyecto también abre una discusión política de fondo. Mientras Milei convirtió la reducción de impuestos y la promoción de grandes inversiones en uno de los pilares de su programa económico, Kirchner propone recorrer el camino contrario para determinadas salidas de capital.

Desde el kirchnerismo defienden al ITIC como un instrumento de “justicia fiscal” y sostienen que no busca gravar el consumo, el trabajo ni el ahorro que permanezca dentro de la Argentina. El argumento central es que quienes transfieran determinados capitales al exterior deberían dejar una parte de esos recursos para financiar al Estado y a las provincias.

El propio proyecto define al impuesto como una “contrapropuesta federal frente al ajuste” y plantea que el dinero recaudado debe convertirse en financiamiento para infraestructura y políticas sociales.