Mucho más que Lawfare: Los K piden una comisión para investigar a jueces, fiscales y la Corte

La intención de la mayoría kirchnerista de la bicameral es terminar aplicando la teoría del lawfare que instaló Cristina Fernández en su denuncia contra el gobierno macrista, aunque no hay mención por el momento al rol de los periodistas ni de dirigentes opositores en las investigaciones que llevaría adelante la comisión especial que se crearía a instancias del dictamen de la bicameral, aunque sí se menciona a los “miembros” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El informe de la bicameral de inteligencia fue presentado en una conferencia de prensa en la Cámara baja, encabezada por el presidente de la comisión, el diputado ultracristinista Leopoldo Moreau; el senador Oscar Parrilli y los diputados Eduardo Valdés y Blanca Osuna.

Moreau denunció que en el Gobierno de Macri hubo un "Estado paralelo, clandestino y secreto que realizó tareas de espionaje sobre 308 personas".

En ese sentido, señaló que "se estructuró de un modo sistemático un modo de acción que se desarrolló a través de células paralelas dentro del Estado".

"La conclusión acerca de esta investigación es contundente: efectivamente, en el periodo 2015-2019, no solo se llevaron a cabo tareas de espionaje sino que estamos en presencia de un plan sistemático de inteligencia ilegal cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política", afirmó Moreau.

En el informe se afirma que "en el curso de esta investigación han surgido elementos que vinculan de modo sistemático y orgánico a sectores del Poder Judicial por lo que se recomienda a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional la creación de una Comisión Bicameral".

Se pide que esa comisión "de modo específico examine los vínculos y conductas que un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte desviaron de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho en sus aspectos más esenciales como lo son la vida pública y privada de los ciudadanos, el principio de inocencia, el debido proceso y la defensa en juicio".

Moreau subrayó que ese espionaje, que "está absolutamente probado", estuvo dirigido no sólo a "figuras públicas notorias, como (la vicepresidenta) Cristina Kirchner", sino también a "otros dirigentes políticos y organizaciones no gubernamentales".

En el dictamen se señaló que "durante el Gobierno que abarcó el período 2015-2019 se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa".

Puntualiza que fue "diseñado con premeditación y alevosía y en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial, avasallaron a cientos de ciudadanos".

Pero más allá de esta mención sobre los medios de comunicación, no hubo precisiones sobre si serán investigados.

El informe considera que el "objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas. Se trataba de armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás las garantías constitucionales".

Menciona que fueron victimas de ese plan el Instituto Patria; el submarino ARA San Juan; el Servicio Penitenciario; Pablo Barreiro; Fariña-Etchegaray; Juez Carzoglio; BrusaDovat-PDVSA; Atentado contra José Luis Vila; Pedro Etchebest; Dirigentes políticos del Norte Argentino; Gas Natural Licuado - GNL, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Detalla que el espionaje ilegal se produjo a través de "células armadas específicamente para ese objetivo ya que se evitó en lo posible la utilización de las estructuras profesionales preexistentes en el Estado".

"Las pruebas son concluyentes: detalladas y pormenorizadas declaraciones y confesiones de varios de los agentes que participaron y que se incluyen en los documentos que acompañan el dictamen”, agrega.

En el dictamen se destaca que "el modus operandi era ablandar, es decir extorsionar moralmente – en su buen nombre y honor - a personas a través de publicaciones, fake news y testimonios armados para que luego declaren en contra de otras, era una de las tantas tareas de las células, coordinadas con ciertos enclaves en el Poder Judicial y sectores del periodismo”.

En el ultimo tramo se afirma que "el parlamento argentino debe ser la voz de nuestros compatriotas que quieren volver a decir NUNCA MAS a estos 'sótanos de la democracia' para asegurarse, definitivamente, vivir en paz y libertad”.

En conclusión, el método denunciado es lo que Cristina instaló como “lawfare o guerra jurídica”, que según el informe consiste en “el ataque contra opositores -reales o potenciales- a través de la manipulación del Poder Judicial -como máscara de legalidad- en perfecta sincronización con los medios de comunicación hegemónicos”.