De Morales a Kicillof, el cannabis cierra la grieta y los gobernadores piden una agencia federal

Según se informó oficialmente, el objetivo de la Ley es establecer un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial y fomentar el desarrollo de la cadena productiva, además de promover la participación de las cooperativas del sector y de las PyMEs.

Pero también se busca regularizar los proyectos que existen actualmente y poder complementar la ley 27.350.

Durante el acto también expusieron los gobernadores de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela y de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales (el único opositor en las exposiciones, pero que tiene una experiencia en marcha en materia de producción de cannabis desde el estado provincial); la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti; las diputadas nacionales, Mara Brawer y Carolina Galliard; el director del IIEP CONICET, Andrés López y el presidente de la Cámara Argentina de Cannabis, Pablo Fazio.

"La experiencia internacional muestra que la cadena de cáñamo y cannabis medicinal tiene un mayor potencial de crecimiento si se encuentra regulada por el Estado, para evitar desvíos al mercado ilegal y garantizar la trazabilidad de procesos y productos con destino medicinal", dijo el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas durante la presentación del proyecto.

El desarrollo de esta industria puede generar para 2025 unos 10.000 nuevos empleos, unos 500 millones de dólares en ventas anuales al mercado interno y otros 50 millones anuales en exportaciones.

El proyecto de ley también contempla la creación de una Agencia regulatoria "para administrar y fiscalizar la cadena productiva" y que otorgará "autorizaciones para la comercialización interna y para la exportación".

Los gobernadores Quintela y Alberto Rodríguez Saá (San Luis) coincidieron en que la Agencia regulatoria "tiene que tener una mirada federal", con la participación de la gobernaciones; mientras que Morales expresó que la ley "desburocratizará las autorizaciones" y resaltó que se enmarca en "una política pública nacional de salud".

En Jujuy, según el portal El Planteo, se adoptó en 2018 un modelo no basado en el autocultivo sino en la creación de la empresa Cannava -la primera de este tipo-, de capitales mixtos. Fue tras adherir a la Ley 27.350. Su objetivo es elaborar derivados medicinales de cannabis con control estatal. Los ejes de trabajo de la empresa son la producción en tierras públicas de la provincia – en la primera etapa son cultivos sobre 35 hectáreas dentro de la Finca El Pongo-; la industrialización para elaborar productos medicinales de uso humano; y la investigación, junto con la Universidad Nacional de Jujuy y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, con el fin de estudiar las propiedades terapéuticas y medicinales del cannabis.

El caso jujeño incluye asimismo la firma de convenios con las provincias de Corrientes, Mendoza y San Juan, destacó El Planteo.

Por su parte, en la provincia de Río Negro, la ciudad de San Antonio Oeste, fue la única localidad con autocultivo legal. Allí 43 familias pudieron acceder a ese derecho, permitido por una ordenanza motorizada por organizaciones locales.

En la provincia de Buenos Aires tanto oficialismo como oposición coinciden en desarrollar el cannabis, pero no logran avanzar en una norma.

Según el portal bonaerense La Tecla, el proyecto del oficialismo bonaerense fue aprobado por mayoría en una reunión de conjunta de las comisiones de Salud, Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales, pero Juntos por el Cambio votó un despacho en minoría, proponiendo algunas modificaciones al proyecto oficial.

El diputado Emiliano Balbín señaló: “No se avanzó en nada, quedamos trabados, el oficialismo con su proyecto de creación de la agencia y no aceptó los cambios propuestos”. En este sentido, el legislador de Juntos por el Cambio citado por La Tecla, recordó que la principal modificación que plantean los legisladores de la alianza es que se transforme la figura de Agencia, que plantea el Poder Ejecutivo, por la de un instituto colegiado, con la participación de más actores, entre los que estarían las universidades nacionales con asiento en la Provincia, organizaciones civiles con objeto en la materia y una representación por parte de la oposición.

En tanto, en la provincia de Santa Fe en 2016 la Legislatura aprobó la ley 13.602 que se reglamentó en abril del año siguiente e incorporó a su sistema de salud pública medicamentos hechos a base de cannabis.

Cabe recordar que la marihuana medicinal es utilizada para tratar afecciones tales como la epilepsia, el Parkinson, el Alzheimer, la Esclerosis Múltiple y el síndrome de estrés postraumático, entre otras.