Salud Mental: La jugada de Bullrich que destrabó uno de los proyectos más sensibles del Gobierno

La reforma de la Ley de Salud Mental quedó en condiciones de ser debatida en el Senado. Después de varios días de negociaciones, La Libertad Avanza consiguió reunir las firmas necesarias en las comisiones y ahora apunta a llevar el proyecto al recinto el próximo jueves 29 de octubre.

La iniciativa, promovida por la senadora Patricia Bullrich, busca modificar aspectos centrales de la legislación vigente, especialmente los procedimientos para las internaciones involuntarias, el tratamiento de las adicciones y el seguimiento de los pacientes después de recibir el alta médica.

El avance se produjo luego de que Convicción Federal, el bloque encabezado por Carolina Moisés, presentara un dictamen propio que permitió completar las firmas requeridas para habilitar el tratamiento parlamentario.

Aunque ambos espacios coinciden en la necesidad de introducir modificaciones, mantienen diferencias sobre los mecanismos de control, los tiempos de evaluación médica y el financiamiento del sistema.

Cómo consiguió el oficialismo destrabar el proyecto de Salud Mental

La semana pasada, las comisiones de Legislación General y Salud Pública, presididas por las senadoras libertarias Nadia Márquez e Ivanna Arrascaeta, habían emitido un dictamen favorable a la propuesta oficialista.

Sin embargo, las firmas reunidas inicialmente no alcanzaban para completar el requisito reglamentario que permite avanzar hacia el recinto.

La situación cambió el miércoles por la noche, cuando los tres representantes de Convicción Federal presentaron un dictamen en minoría. El documento fue firmado por Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza.

Con ese movimiento, se alcanzó el respaldo necesario en el plenario de comisiones y quedó allanado el camino para que el Senado pueda discutir la reforma.

La definición sobre la fecha llegará el martes 27 de octubre, cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel encabece una reunión de Labor Parlamentaria junto con los presidentes de los bloques para establecer el temario de la próxima sesión.

Qué cambia con la reforma de Salud Mental

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto oficialista es la modificación del procedimiento para disponer internaciones involuntarias, es decir, aquellas que se realizan sin el consentimiento del paciente cuando se cumplen determinadas condiciones de riesgo.

La propuesta establece que estas medidas puedan adoptarse a partir de una evaluación profesional, sin necesidad de una autorización judicial previa.

Esto no significa eliminar la intervención de la Justicia. El juez y el Órgano de Revisión deberán ser notificados dentro de las 24 horas y el magistrado conservará la facultad de solicitar informes, ordenar peritajes o dejar sin efecto una internación que considere injustificada.

Otro cambio importante se relaciona con las situaciones excepcionales en las que un único médico deba indicar una internación ante un riesgo grave. En esos casos, el oficialismo propone ampliar de 24 a 48 horas el plazo para que la decisión sea revisada y respaldada por un equipo interdisciplinario.

También se modifican los controles de las internaciones voluntarias prolongadas. Cuando superen los 60 días, ya no será obligatorio comunicar esa situación al juez para su evaluación, aunque se mantendrá la intervención del Órgano de Revisión.

Adicciones, ludopatía y atención después del alta

La reforma también busca actualizar la respuesta del sistema sanitario frente a las adicciones.

El texto mantiene su tratamiento dentro de las políticas de salud mental, pero incorpora una mirada más amplia que contempla tanto los consumos problemáticos de sustancias como otras conductas adictivas, entre ellas la ludopatía.

Además, propone fortalecer la participación de equipos interdisciplinarios integrados por psiquiatras, psicólogos y otros profesionales especializados.

El proyecto reconoce expresamente la intervención de los psicólogos en las evaluaciones y altas, impulsa la capacitación permanente del personal sanitario y establece medidas destinadas a mejorar la protección de quienes trabajan en el sector.

Otro de sus objetivos es reforzar el acompañamiento de los pacientes una vez finalizada la internación, una etapa considerada fundamental para sostener los tratamientos y reducir el riesgo de nuevas crisis.

La iniciativa también contempla la utilización de teleconsultas en regiones donde no existan especialistas disponibles y plantea recuperar mecanismos de cooperación técnica, económica y financiera entre la Nación y las provincias.

Las diferencias con Convicción Federal

Si bien el bloque que conduce Carolina Moisés también propone facilitar las internaciones involuntarias en situaciones de riesgo, establece condiciones diferentes a las impulsadas por La Libertad Avanza.

Su dictamen considera que estas internaciones deben utilizarse como un recurso terapéutico excepcional y restrictivo, con la intervención de al menos dos profesionales de distintas disciplinas. Uno de ellos deberá ser psicólogo o médico psiquiatra.

Cuando no sea posible contar inmediatamente con ese equipo, un profesional podrá disponer una medida provisoria de resguardo. Sin embargo, deberá ser ratificada mediante una evaluación interdisciplinaria dentro de las 24 horas, en lugar de las 48 horas previstas por el oficialismo.

El espacio también propone incorporar la figura del acompañante terapéutico y reforzar las políticas preventivas destinadas a niños y adolescentes, especialmente frente al suicidio, las adicciones y los riesgos vinculados al uso de las redes sociales.

El financiamiento, otro punto de discusión

Más allá de las diferencias sobre los procedimientos médicos, Convicción Federal puso el foco en una cuestión que considera fundamental: los recursos disponibles para aplicar la reforma.

Moisés reclamó garantizar fondos para las provincias y para los centros comunitarios de atención, al advertir sobre las dificultades que enfrentan los sistemas sanitarios locales.

Su propuesta contempla la elaboración de un Plan Nacional de Salud Mental con una duración de cinco años, que deberá incluir un diagnóstico de la situación de cada provincia, objetivos concretos y estimaciones presupuestarias.

El documento deberá identificar la disponibilidad de camas, guardias, profesionales, servicios ambulatorios y dispositivos comunitarios, además de establecer metas para mejorar la cobertura.

También plantea que el Ministerio de Salud presente anualmente ante el Congreso un informe detallado sobre los recursos asignados y ejecutados, las transferencias a las provincias y las inversiones realizadas en infraestructura, atención y formación profesional.

De esta manera, el bloque busca que cualquier modificación de la legislación esté acompañada por mecanismos de financiamiento y rendición de cuentas.

El Senado se prepara para una discusión clave

Con los dictámenes presentados, la reforma superó una instancia parlamentaria importante, aunque todavía resta definir cuándo será tratada en el recinto y si el oficialismo contará con los votos suficientes para aprobar su propuesta.

La discusión no será solamente política. También pondrá sobre la mesa cómo debe actuar el Estado ante situaciones graves de salud mental, qué intervención corresponde a los profesionales y a la Justicia, y de qué manera se garantizarán los tratamientos en todo el país.

Por ahora, La Libertad Avanza consiguió destrabar el tratamiento de una de las reformas que busca impulsar en el Congreso. El próximo paso dependerá de los acuerdos que se alcancen en Labor Parlamentaria y de la eventual convocatoria a sesión para el jueves 29.